Desde este martes se instalará un puesto de mando unificado en Ocaña, Norte de Santander, para frenar la crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo tras 41 días de enfrentamientos entre ‘los Pelusos’, también conocidos como Epl, y la guerrilla del Eln.
El Ministerio del Interior liderará esta iniciativa y será acompañado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Unidad de Víctimas. El objetivo principal es garantizar corredores humanitarios que permitan el transporte de víveres, de productos agrícolas represados y facilitar el traslado de enfermos.
Carlos Negret, defensor del Pueblo, dijo que esta institución también brindará apoyo y que “tenemos que empujar el carro del Eln. Lo único que necesita el Catatumbo es paz”.
Esta fue la principal medida que se tomó el lunes durante una reunión entre 16 alcaldes de la provincia de Ocaña y el sur del Cesar, líderes comunitarios y una delegación del Gobierno liderada por el vicepresidente, Óscar Naranjo, que discutió las consecuencias del paro armado decretado por ‘los Pelusos’ el pasado 15 de abril.
Según el alcalde de Convención, Hermes Alfonso García Quintero, a causa de esta situación hay “90.000 personas con restricciones de movilidad, 90.000 con restricción a asistencia médica, 44.829 niños, niñas y adolescentes con restricción de acceso a la educación, 22 refugios humanitarios, 1.500 toneladas de productos agrícolas represados, 80 instituciones educativas cerradas y 6.633 personas desplazadas”.
Con el propósito de obtener los recursos para gestionar el puesto de mando y mitigar la crisis, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, declaró la calamidad pública.
Durante la reunión, el Departamento Nacional de Planeación anunció que brindará acompañamiento a los alcaldes de la región para desarrollar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), de modo que se prioricen los proyectos con recursos de regalías y se ejecuten con celeridad. Igualmente, un grupo élite del Gobierno llegará el jueves a la zona para examinar y colaborar con los proyectos de infraestructura vial.
En ese sentido, Mariana Escobar, directora de la Agencia de Renovación del Territorio, se comprometió a presentar una hoja de ruta para la estructuración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en un plazo de diez días.
“Por poderosos y desafiantes que sean los violentos, no vamos a desfallecer para brindar la protección de nuestros ciudadanos. Esta reunión es una expresión de fortaleza para que definitivamente cese el uso de armas y la violencia”, dijo Naranjo, y aclaró que no se les dará estatus político a estas organizaciones que han estado más dedicadas al narcotráfico y al crimen, por “lo cual se deben someter al Estado derecho”.
Las decisiones tomadas incluyen, además, visitas a los 22 refugios humanitarios en donde hay víctimas y desplazados, la autorización a representantes de las comunidades del Catatumbo a viajar a la mesa de negociación con el Eln para exigir que este grupo cese toda actividad criminal contra la población civil y un estudio para poner en marcha un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con ayuda de los campesinos.
Finalmente, el vicepresidente, Naranjo, concluyó que estas decisiones marcarán un punto de inflexión para el conflicto en el Catatumbo, ya que “es una lección para los colombianos que se hayan movilizado cerca de 6.000 personas en El Tarra, San Calixto, Convención, Tibú y Teorama en contra de la guerra”.
Tomada de: El Tiempo
El Ministerio del Interior liderará esta iniciativa y será acompañado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Unidad de Víctimas. El objetivo principal es garantizar corredores humanitarios que permitan el transporte de víveres, de productos agrícolas represados y facilitar el traslado de enfermos.
Carlos Negret, defensor del Pueblo, dijo que esta institución también brindará apoyo y que “tenemos que empujar el carro del Eln. Lo único que necesita el Catatumbo es paz”.
Esta fue la principal medida que se tomó el lunes durante una reunión entre 16 alcaldes de la provincia de Ocaña y el sur del Cesar, líderes comunitarios y una delegación del Gobierno liderada por el vicepresidente, Óscar Naranjo, que discutió las consecuencias del paro armado decretado por ‘los Pelusos’ el pasado 15 de abril.
Según el alcalde de Convención, Hermes Alfonso García Quintero, a causa de esta situación hay “90.000 personas con restricciones de movilidad, 90.000 con restricción a asistencia médica, 44.829 niños, niñas y adolescentes con restricción de acceso a la educación, 22 refugios humanitarios, 1.500 toneladas de productos agrícolas represados, 80 instituciones educativas cerradas y 6.633 personas desplazadas”.
Con el propósito de obtener los recursos para gestionar el puesto de mando y mitigar la crisis, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, declaró la calamidad pública.
Durante la reunión, el Departamento Nacional de Planeación anunció que brindará acompañamiento a los alcaldes de la región para desarrollar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), de modo que se prioricen los proyectos con recursos de regalías y se ejecuten con celeridad. Igualmente, un grupo élite del Gobierno llegará el jueves a la zona para examinar y colaborar con los proyectos de infraestructura vial.
En ese sentido, Mariana Escobar, directora de la Agencia de Renovación del Territorio, se comprometió a presentar una hoja de ruta para la estructuración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en un plazo de diez días.
“Por poderosos y desafiantes que sean los violentos, no vamos a desfallecer para brindar la protección de nuestros ciudadanos. Esta reunión es una expresión de fortaleza para que definitivamente cese el uso de armas y la violencia”, dijo Naranjo, y aclaró que no se les dará estatus político a estas organizaciones que han estado más dedicadas al narcotráfico y al crimen, por “lo cual se deben someter al Estado derecho”.
Las decisiones tomadas incluyen, además, visitas a los 22 refugios humanitarios en donde hay víctimas y desplazados, la autorización a representantes de las comunidades del Catatumbo a viajar a la mesa de negociación con el Eln para exigir que este grupo cese toda actividad criminal contra la población civil y un estudio para poner en marcha un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con ayuda de los campesinos.
Finalmente, el vicepresidente, Naranjo, concluyó que estas decisiones marcarán un punto de inflexión para el conflicto en el Catatumbo, ya que “es una lección para los colombianos que se hayan movilizado cerca de 6.000 personas en El Tarra, San Calixto, Convención, Tibú y Teorama en contra de la guerra”.
Tomada de: El Tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario