POLICÍA POR CUADRANTES AYUDARÁ A VIGILAR A PRESOS CON BRAZALETES
Con el fin de frenar la permanente fuga de personas que tienen vigilancia electrónica, las autoridades implementarán en las próximas dos semanas un plan piloto que permitiría disminuir la reincidencia entre la población beneficiada con esta medida de aseguramiento.
Esta fórmula de choque se iniciará en Barranquilla y, según sus resultados, se extenderá para las 5.306 personas que tienen brazaletes en todo el país, pagados por la Unidad de Servicio Penitenciario y Carcelario (Uspec) y operados por el Inpec.
El viernes, el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; el general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; el general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec; el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Juan Carlos Restrepo, se reunieron para implementar lo que será el plan piloto del nuevo modelo de vigilancia con dispositivos electrónicos.
Se trata de un convenio que establecerán el Inpec y la Policía para que la Fuerza Pública preste apoyo al Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), que son quienes monitorean día y noche a los que portan los brazaletes, y hoy tiene un personal de 45 guardianes en turnos de 24 horas.
“Es un programa que se desprende del convenio marco que tienen el Inpec y la Policía Nacional, donde se buscará el apoyo del Sistema de Vigilancia por Cuadrantes que maneja la Policía, para fortalecer el control de las personas que tienen la medida de detención domiciliaria”, explicó ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.
Para esto, aseguró, se buscará que “los funcionarios de la Policía sepan en su cuadrante dónde están ubicados los domiciliarios y tengan identificada su residencia”.
Según el ministro de Justicia, este modelo se iniciará en dos semanas: “Ya tenemos una hoja de ruta lista para comenzar con este programa piloto (...) de esta forma, desde el Gobierno Nacional, queremos ponerle fin a la problemática de la reincidencia que tanto asecha a los colombianos”, aseguró Gil Botero.
A pesar de que ese acuerdo de cooperación con la Policía ya se había fijado en el convenio 136, la Contraloría General advirtió en un informe, conocido, que esos esfuerzos de apoyo nunca se había concretado.
Precisamente la Contraloría General ha dicho que la falta de control en la vigilancia electrónica se debe, principalmente, porque no hay personal suficiente para atender todas las alarmas que se disparan a diario con los brazaletes.
“La capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento de las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electronica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo”, dijo la auditoría del organismo de control.
Por eso, el plan que ahora se desarrolla busca, según el Ministerio de Justicia, que se tengan “acciones puntuales y vinculantes que permitirán disminuir los índices de reincidencia en el delito de esta población carcelaria”.
Así, explicó Gil Botero, aunque lo que la Policía va a prestar es un apoyo “no es un favor, como sucedió en el pasado. Ahora es un compromiso interinstitucional”. En todo caso, la función de controlar a quienes tienen brazaletes electrónicos seguirá siendo del Inpec, pues “la institución solo va a colaborar con sus cuadrantes”.
De acuerdo con el Inpec, a través del Cervi se elaboran cada 24 horas, en promedio, 1.500 informes de reincidentes, personas que violan la detentación domiciliaria. Esos informes son anotaciones de malas conductas de los que gozan del beneficio de casa por cárcel. Se supone que después de tres alertas se les debería revocar el beneficio.
Sin embargo, indicó una fuente del Inpec, solo el 10 por ciento del total de los casos han tenido respuesta de los jueces de Ejecución de Penas, para revocar esas medidas domiciliarias.
La Contraloría también ha advertido que de 2.300 alarmas que se disparan a diario por una posible irregularidad (corte de la correa, apertura del sistema GPS, pérdida de comunicación, o porque el beneficiario se sale del perímetro permitido), las autoridades solo estaban atendiendo 400 (el 17 por ciento).
El dragoneante John Conde, de la Asociación Nacional de Penitenciarios y Carcelarios (Aspec), aseguró que este plan interinstitucional fue planteado inicialmente por el Inpec y preparado por ingenieros electrónicos de este organismo.
Lo que se busca es que la Policía pueda disponer de la base de datos del Inpec, con la georreferenciación (la ubicación con coordenadas) de las personas con detención domiciliaria. Así se integrará esa información con la plataforma del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lo que permitiría que en un mapa por regiones se ubiquen tanto las personas con domiciliaria y con brazaletes, así como las patrullas del cuadrante.
“El Inpec no cuenta con el personal suficiente para realizar las visitas disuasivas, desplazamientos que sí podría hacer la Policía con sus patrullas en cada sector. Estamos seguros de que nos van a colaborar. La competencia de la vigilancia electrónica seguirá siendo del Inpec con el Cervi”, explicó Conde.
Tomada de: El Tiempo
Esta fórmula de choque se iniciará en Barranquilla y, según sus resultados, se extenderá para las 5.306 personas que tienen brazaletes en todo el país, pagados por la Unidad de Servicio Penitenciario y Carcelario (Uspec) y operados por el Inpec.
El viernes, el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; el general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; el general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec; el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Juan Carlos Restrepo, se reunieron para implementar lo que será el plan piloto del nuevo modelo de vigilancia con dispositivos electrónicos.
Se trata de un convenio que establecerán el Inpec y la Policía para que la Fuerza Pública preste apoyo al Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), que son quienes monitorean día y noche a los que portan los brazaletes, y hoy tiene un personal de 45 guardianes en turnos de 24 horas.
“Es un programa que se desprende del convenio marco que tienen el Inpec y la Policía Nacional, donde se buscará el apoyo del Sistema de Vigilancia por Cuadrantes que maneja la Policía, para fortalecer el control de las personas que tienen la medida de detención domiciliaria”, explicó ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.
Para esto, aseguró, se buscará que “los funcionarios de la Policía sepan en su cuadrante dónde están ubicados los domiciliarios y tengan identificada su residencia”.
Según el ministro de Justicia, este modelo se iniciará en dos semanas: “Ya tenemos una hoja de ruta lista para comenzar con este programa piloto (...) de esta forma, desde el Gobierno Nacional, queremos ponerle fin a la problemática de la reincidencia que tanto asecha a los colombianos”, aseguró Gil Botero.
A pesar de que ese acuerdo de cooperación con la Policía ya se había fijado en el convenio 136, la Contraloría General advirtió en un informe, conocido, que esos esfuerzos de apoyo nunca se había concretado.
Precisamente la Contraloría General ha dicho que la falta de control en la vigilancia electrónica se debe, principalmente, porque no hay personal suficiente para atender todas las alarmas que se disparan a diario con los brazaletes.
“La capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento de las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electronica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo”, dijo la auditoría del organismo de control.
Por eso, el plan que ahora se desarrolla busca, según el Ministerio de Justicia, que se tengan “acciones puntuales y vinculantes que permitirán disminuir los índices de reincidencia en el delito de esta población carcelaria”.
Así, explicó Gil Botero, aunque lo que la Policía va a prestar es un apoyo “no es un favor, como sucedió en el pasado. Ahora es un compromiso interinstitucional”. En todo caso, la función de controlar a quienes tienen brazaletes electrónicos seguirá siendo del Inpec, pues “la institución solo va a colaborar con sus cuadrantes”.
De acuerdo con el Inpec, a través del Cervi se elaboran cada 24 horas, en promedio, 1.500 informes de reincidentes, personas que violan la detentación domiciliaria. Esos informes son anotaciones de malas conductas de los que gozan del beneficio de casa por cárcel. Se supone que después de tres alertas se les debería revocar el beneficio.
Sin embargo, indicó una fuente del Inpec, solo el 10 por ciento del total de los casos han tenido respuesta de los jueces de Ejecución de Penas, para revocar esas medidas domiciliarias.
La Contraloría también ha advertido que de 2.300 alarmas que se disparan a diario por una posible irregularidad (corte de la correa, apertura del sistema GPS, pérdida de comunicación, o porque el beneficiario se sale del perímetro permitido), las autoridades solo estaban atendiendo 400 (el 17 por ciento).
El dragoneante John Conde, de la Asociación Nacional de Penitenciarios y Carcelarios (Aspec), aseguró que este plan interinstitucional fue planteado inicialmente por el Inpec y preparado por ingenieros electrónicos de este organismo.
Lo que se busca es que la Policía pueda disponer de la base de datos del Inpec, con la georreferenciación (la ubicación con coordenadas) de las personas con detención domiciliaria. Así se integrará esa información con la plataforma del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lo que permitiría que en un mapa por regiones se ubiquen tanto las personas con domiciliaria y con brazaletes, así como las patrullas del cuadrante.
“El Inpec no cuenta con el personal suficiente para realizar las visitas disuasivas, desplazamientos que sí podría hacer la Policía con sus patrullas en cada sector. Estamos seguros de que nos van a colaborar. La competencia de la vigilancia electrónica seguirá siendo del Inpec con el Cervi”, explicó Conde.
Tomada de: El Tiempo
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