ABOGADO DEL ‘MELLIZO’ PRENDE VENTILADOR CONTRA 23 PERSONAS
Al menos 23 personas, entre funcionarios y exfuncionarios judiciales, así como particulares vinculados a presuntos hechos de corrupción hacen parte de la matriz de colaboración del abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya e Iván Darío González Cañón, exasistente de la capturada fiscal Hilda Niño.
Ellos son de los cinco capturados a mediados del año pasado por los presuntos pagos que habría hecho el capo y exparamilitar Orlando Villa Zapata para no ser excluido de los beneficios de la ley de justicia y paz.
Restrepo Bedoya, abogado del narcoparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, y González Cañón llegaron a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que fue avalado por un juez de Bogotá y que promete desatar una nueva tormenta judicial por la corrupción de funcionarios de varias instancias judiciales, incluidas cortes.
En una audiencia de carácter reservado realizada en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía pidió al juez que avalara un principio de oportunidad que le garantiza al abogado Restrepo Bedoya que no sería procesado por dos de los tres cargos que le imputaron. Entre tanto, el exfuncionario de la Fiscalía tendría inmunidad total por los delitos por los que era procesado.
A cambio se comprometieron a declarar y entregar información contra la exfiscal Niño Farfán, señalada de recibir cerca de 400 millones de pesos y dos carros de Villa Zapata. Igualmente declararán contra su esposo, Gustavo Adolfo Calero Vargas, y contra Milena Isabel Paz García, esposa del capo.
Pero también se comprometieron a ayudar a judicializar a otras 20 personas, que según sus declaraciones, se lucraron de decisiones relacionadas con los paramilitares cobijados por la jurisdicción de justicia y paz. En la lista de personas involucradas en lo que la Fiscalía calificó como “una organización criminal” aparecen funcionarios de la Rama Judicial, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, el testimonio de Restrepo Bedoya ya permitió la captura de Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario de la Secretaría General de la Corte Constitucional, quien al parecer estaría implicado en cobros de dineros para manipular el sistema de reparto del alto tribunal. A Caicedo la Fiscalía le imputó cargos por corrupción judicial y un juez de Bogotá lo envió a prisión.
En ese caso aparecen al menos siete personas, entre ellos un abogado que aún trabaja en la Corte Constitucional y que es investigado por supuestos cobros para agilizar o retrasar el trámite de expedientes de tutela. Investigadores señalaron que el abogado tiene a su nombre importantes bienes, entre ellos varios caballos de paso, y que tendrá que justificar de donde sacó esos recursos.
Las declaraciones de los dos testigos, según las fuentes, tocan también a jefes ‘paras’ que hoy disfrutan de su libertad a pesar de que tenían otros capítulos judiciales pendientes.
La Fiscalía asegura que se rastrean procesos “en justicia y paz” en los que se falseó la verdad “para no presentar (a los desmovilizados) como narcotraficantes sino como paramilitares y así beneficiarlos con las penas alternativas”. También empezaron a entregar información sobre presunta manipulación de bienes en extinción de dominio.
Para conceder el principio de oportunidad, la Fiscalía tuvo en cuenta que el exasistente de la capturada fiscal Niño Farfán visitaba las cárceles y se reunía con exparamilitares a quienes llevaba razones de su jefe.
“Entregaba los mensajes que enviaba la fiscal (Niño) a los postulados para que hicieran los correspondientes pagos. Además recibía algunas de las platas que enviaban los postulados por intermedio del abogado Restrepo Bedoya”, señaló la Fiscalía durante la diligencia realizada a puerta cerrada.
Al cumplir esas funciones, el exasistente tendría información clave sobre otros exparamilitares que también pagaron para recibir beneficios sin merecerlos. Él, afirma la Fiscalía, habría recibido tres millones de pesos por sus servicios y se comprometió a devolver cuatro millones de pesos como reparación.
El fiscal del caso señaló que esas declaraciones y los documentos entregados permitirán “atacar un grave fenómeno de corrupción que compromete a funcionarios de la Rama que desviaron sus deberes (…), hubo tráfico de influencias para favorecer postulados”.
Con el aval que dio el juez al principio de oportunidad se hicieron las primeras compulsas de copias para investigar a funcionarios y particulares señalados de cometer presuntos actos de corrupción. En la lista hay personas que hasta hace poco tiempo tenían importantes posiciones en la Fiscalía.
Tomada de: El tiempo
Ellos son de los cinco capturados a mediados del año pasado por los presuntos pagos que habría hecho el capo y exparamilitar Orlando Villa Zapata para no ser excluido de los beneficios de la ley de justicia y paz.
Restrepo Bedoya, abogado del narcoparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, y González Cañón llegaron a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que fue avalado por un juez de Bogotá y que promete desatar una nueva tormenta judicial por la corrupción de funcionarios de varias instancias judiciales, incluidas cortes.
En una audiencia de carácter reservado realizada en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía pidió al juez que avalara un principio de oportunidad que le garantiza al abogado Restrepo Bedoya que no sería procesado por dos de los tres cargos que le imputaron. Entre tanto, el exfuncionario de la Fiscalía tendría inmunidad total por los delitos por los que era procesado.
A cambio se comprometieron a declarar y entregar información contra la exfiscal Niño Farfán, señalada de recibir cerca de 400 millones de pesos y dos carros de Villa Zapata. Igualmente declararán contra su esposo, Gustavo Adolfo Calero Vargas, y contra Milena Isabel Paz García, esposa del capo.
Pero también se comprometieron a ayudar a judicializar a otras 20 personas, que según sus declaraciones, se lucraron de decisiones relacionadas con los paramilitares cobijados por la jurisdicción de justicia y paz. En la lista de personas involucradas en lo que la Fiscalía calificó como “una organización criminal” aparecen funcionarios de la Rama Judicial, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, el testimonio de Restrepo Bedoya ya permitió la captura de Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario de la Secretaría General de la Corte Constitucional, quien al parecer estaría implicado en cobros de dineros para manipular el sistema de reparto del alto tribunal. A Caicedo la Fiscalía le imputó cargos por corrupción judicial y un juez de Bogotá lo envió a prisión.
En ese caso aparecen al menos siete personas, entre ellos un abogado que aún trabaja en la Corte Constitucional y que es investigado por supuestos cobros para agilizar o retrasar el trámite de expedientes de tutela. Investigadores señalaron que el abogado tiene a su nombre importantes bienes, entre ellos varios caballos de paso, y que tendrá que justificar de donde sacó esos recursos.
Las declaraciones de los dos testigos, según las fuentes, tocan también a jefes ‘paras’ que hoy disfrutan de su libertad a pesar de que tenían otros capítulos judiciales pendientes.
La Fiscalía asegura que se rastrean procesos “en justicia y paz” en los que se falseó la verdad “para no presentar (a los desmovilizados) como narcotraficantes sino como paramilitares y así beneficiarlos con las penas alternativas”. También empezaron a entregar información sobre presunta manipulación de bienes en extinción de dominio.
Para conceder el principio de oportunidad, la Fiscalía tuvo en cuenta que el exasistente de la capturada fiscal Niño Farfán visitaba las cárceles y se reunía con exparamilitares a quienes llevaba razones de su jefe.
“Entregaba los mensajes que enviaba la fiscal (Niño) a los postulados para que hicieran los correspondientes pagos. Además recibía algunas de las platas que enviaban los postulados por intermedio del abogado Restrepo Bedoya”, señaló la Fiscalía durante la diligencia realizada a puerta cerrada.
Al cumplir esas funciones, el exasistente tendría información clave sobre otros exparamilitares que también pagaron para recibir beneficios sin merecerlos. Él, afirma la Fiscalía, habría recibido tres millones de pesos por sus servicios y se comprometió a devolver cuatro millones de pesos como reparación.
El fiscal del caso señaló que esas declaraciones y los documentos entregados permitirán “atacar un grave fenómeno de corrupción que compromete a funcionarios de la Rama que desviaron sus deberes (…), hubo tráfico de influencias para favorecer postulados”.
Con el aval que dio el juez al principio de oportunidad se hicieron las primeras compulsas de copias para investigar a funcionarios y particulares señalados de cometer presuntos actos de corrupción. En la lista hay personas que hasta hace poco tiempo tenían importantes posiciones en la Fiscalía.
Tomada de: El tiempo
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