CONSEJO DE ESTADO CONDENA A LA NACIÓN POR SECUESTRO EXTORSIVO DE LAS FARC A NIÑA DE 12 AÑOS Y SU FAMILIA 

Este jueves en horas de la mañana, el Presidente del Consejo de Estado en rueda de prensa amplio la información sobre un fallo de gran trascendencia: 

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional deberán pagar más de 500 millones de pesos a una familia víctima de secuestro extorsivo, toma de rehenes y violación de los derechos de los niños atribuido a las FARC, luego de que el Consejo de Estado se pronunciara por primera vez sobre un caso de esta magnitud y ordenara reparar económica e integralmente a este grupo de personas.

Los hechos que motivaron esta decisión judicial se produjeron el 28 de noviembre de 2001, cuando el padre, la madre y la hija integrantes de una misma familia de Calarcá (Quindío) y su empleada doméstica fueron secuestrados por presuntos integrantes de las FARC. Aun cuando las dos ciudadanas fueron liberadas al día siguiente, el padre y su pequeña de 12 años se mantuvieron cautivos durante siete meses. Según testimonios de familiares y allegados, fueron dejados en libertad a cambio de pagar un alta suma de dinero. El Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia.

La alta corte pidió al Gobierno y al Congreso, en respeto a los derechos de las víctimas y como parte de la lucha contra la impunidad, atender la obligación de establecer mecanismos jurídicos a través de los cuales la exguerrilla, cumpla los compromisos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo fue este caso, dado que a la fecha no existen herramientas legales, administrativas y judiciales, que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones.

El Consejo de Estado llegó a esa conclusión luego de advertir que en el Acuerdo Final las partes reconocieron su plena responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, lo que se ajusta a los estándares convencionales relativos a los derechos de las víctimas, y de tomar en cuenta que las violaciones perpetradas por las FARC obedecieron a planes fijados por los mandos medios y altos para el logro de cometidos comunes por la vía del alzamiento en armas; “resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los derechos de las víctimas del conflicto armado se extingan con la muerte de quienes se dicen son los presuntos responsables de tales violaciones (…) esa situación no impide que se imparta justicia a la organización dentro de la cual se consintió, planeó y ejecutó el acto violatorio”, sostuvo la Corporación. 

OTRAS DECISIONES DEL FALLO

Ante la necesidad de esclarecer la probable responsabilidad penal de las personas involucradas en el secuestro, la Fiscalía y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz recibirán copia de esta decisión. 

Con el fin de conocer el resultado de estas investigaciones, el Consejo de Estado exhortó a la Defensoría del Pueblo a que en un plazo máximo de un mes haga público un informe sobre el estado de las investigaciones en curso por estos hechos.

Además del deber de difusión de la sentencia durante un año que recae sobre el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército Nacional, quienes encabezan esas instituciones deberán organizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y petición de disculpas a las víctimas.

Frente a esta decisión de la Sección Tercera los magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas y Guillermo Sánchez Luque aclararon el voto.