EXDIRECTOR DE LA UIAF, A LA CÁRCEL POR CHUZADAS DEL DAS
La suerte del exdirector de la UIAF Mario Aranguren y su exdirector jurídico Luis Eduardo Daza acaba de voltiarse. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución y ordenó su captura inmediata para que respondan por una condena de 11 años y medio por las chuzadas del DAS.
Momentos antes de ser absuelto en primera instancia por la juez décima especializada de Bogotá, la Fiscalía cambió su postura y de pedir absolución terminó apelando la decisión. Fue así como por solicitud del ente investigador y de las víctimas, la decisión fue revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Y no fue en vano. Aranguren y Daza tendrán que ser capturados y llevados a prisión para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de función pública. En el proceso hay testimonios de 35 personas y un elevado número de pruebas documentales.
Lo que la delegada de la Fiscalía ante la corte sostuvo en un principio es que los dos procesados habían sido engañados por algunos miembros del DAS quienes, "valiéndose de las herramientas legales que les permitían hacerlo, obtuvieran información financiera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la exsenadora Piedad Córdoba, información que después se conoció públicamente". En este mismo sentido se pronunció el Ministerio Público.
Pese a una solicitud de absolución del ente acusador, repentinamente la Fiscalía volvió a insistir en que tienen responsabilidad por haber entregado información privada de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como el periodista Daniel Coronell al DAS. El ente investigador cuenta con evidencia que sostiene que la UIAF habría revisado las cuentas de la senadora Piedad Córdoba, sin orden judicial, y le entregó la información a contrainteligencia del DAS, con el fin de saber si la congresista recibía plata del gobierno venezolano.
El ente acusador también dijo que esa entidad oficial, adscrita al Ministerio de Hacienda, hizo seguimientos a los movimientos financieros de varios magistrados, entre ellos el expresidente del Consejo de Estado Rafael Ostau De Lafont Pianeta. Durante el proceso, el ente acusador mostró un organigrama en el cual aparecen análisis financieros de los magistrados que estuvieron en un viaje a la ciudad de Neiva patrocinado por el empresario Ascencio Reyes. Junto a ese documento aparecen apartes de la columna de la periodista Salud Hernández, titulada ‘La paja en ojo ajeno’, en la cual se hacen serios cuestionamientos a los magistrados.
De acuerdo con el ente acusador, directivos del DAS y de la UIAF se pusieron de acuerdo para desprestigiar a la Corte. El director del Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (GONI) del DAS le confesó a la Fiscalía que esta información se distribuía o se les entregaba a los medios de comunicación por instrucción de la Presidencia de la República.
Lo que se buscaba con la información entregada a los medios era facilitar la apertura de investigaciones contra los magistrados y legalizar los seguimientos que se habían hecho sin información judicial. La Fiscalía tiene en su poder una grabación de una Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que el DAS consiguió a través de fuentes humanas que se infiltraron en el alto tribunal. Luego de un lustro, estas pruebas revivieron y tuvieron validez para la justicia.
Tomada de: Semana
Momentos antes de ser absuelto en primera instancia por la juez décima especializada de Bogotá, la Fiscalía cambió su postura y de pedir absolución terminó apelando la decisión. Fue así como por solicitud del ente investigador y de las víctimas, la decisión fue revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Y no fue en vano. Aranguren y Daza tendrán que ser capturados y llevados a prisión para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de función pública. En el proceso hay testimonios de 35 personas y un elevado número de pruebas documentales.
Lo que la delegada de la Fiscalía ante la corte sostuvo en un principio es que los dos procesados habían sido engañados por algunos miembros del DAS quienes, "valiéndose de las herramientas legales que les permitían hacerlo, obtuvieran información financiera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la exsenadora Piedad Córdoba, información que después se conoció públicamente". En este mismo sentido se pronunció el Ministerio Público.
Pese a una solicitud de absolución del ente acusador, repentinamente la Fiscalía volvió a insistir en que tienen responsabilidad por haber entregado información privada de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como el periodista Daniel Coronell al DAS. El ente investigador cuenta con evidencia que sostiene que la UIAF habría revisado las cuentas de la senadora Piedad Córdoba, sin orden judicial, y le entregó la información a contrainteligencia del DAS, con el fin de saber si la congresista recibía plata del gobierno venezolano.
El ente acusador también dijo que esa entidad oficial, adscrita al Ministerio de Hacienda, hizo seguimientos a los movimientos financieros de varios magistrados, entre ellos el expresidente del Consejo de Estado Rafael Ostau De Lafont Pianeta. Durante el proceso, el ente acusador mostró un organigrama en el cual aparecen análisis financieros de los magistrados que estuvieron en un viaje a la ciudad de Neiva patrocinado por el empresario Ascencio Reyes. Junto a ese documento aparecen apartes de la columna de la periodista Salud Hernández, titulada ‘La paja en ojo ajeno’, en la cual se hacen serios cuestionamientos a los magistrados.
De acuerdo con el ente acusador, directivos del DAS y de la UIAF se pusieron de acuerdo para desprestigiar a la Corte. El director del Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (GONI) del DAS le confesó a la Fiscalía que esta información se distribuía o se les entregaba a los medios de comunicación por instrucción de la Presidencia de la República.
Lo que se buscaba con la información entregada a los medios era facilitar la apertura de investigaciones contra los magistrados y legalizar los seguimientos que se habían hecho sin información judicial. La Fiscalía tiene en su poder una grabación de una Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que el DAS consiguió a través de fuentes humanas que se infiltraron en el alto tribunal. Luego de un lustro, estas pruebas revivieron y tuvieron validez para la justicia.
Tomada de: Semana
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