MALESTAR EN LA CORTE SUPREMA POR EXTRADICIÓN: PAÍSES PIDEN, PERO NO DAN
En momentos en los que el país tiene los ojos puestos sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos del exnegociador de las Farc Jesús Santrich, en la Corte Suprema cobra fuerza el debate sobre qué tan efectivo ha sido en los últimos años para la justicia colombiana ese mecanismo de cooperación internacional.
El asunto es clave porque sin el visto bueno de la Sala Penal ningún colombiano puede ser extraditado. Y en el caso de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determine que los hechos de narcotráfico por los que es requerido Santrich –cuya solicitud llegó formalmente hace tres días– sucedieron después de la firma del acuerdo de paz (noviembre del 2016), será esa Corte la que tendrá que decidir el espinoso asunto.
Hace dos semanas, sin que el país le prestara mucha atención al tema, el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal, aseguró en un foro realizado por la Procuraduría en Cartagena que Colombia ha sido “absolutamente generosa en la extradición” y criticó que mientras a Estados Unidos se le aceptan casi todas sus solicitudes, “ese país lleva casi cuatro años estudiando la extradición de un exministro condenado por corrupción”.
Se refería al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte a 17 años por el sonado escándalo del programa Agro Ingreso Seguro y quien lleva cuatro años eludiendo la justicia nacional con el argumento de que su caso supuestamente no fue jurídico, sino producto de una persecución política.
“La Corte Suprema colombiana es tan digna como la de los Estados Unidos. Yo no me imagino, en las mismas condiciones, el tamaño de la herida en el orgullo de ese país fantástico, si en un caso inverso la Corte Suprema estuviera pidiéndoles las explicaciones que ellos nos han pedido a nosotros”, dijo Hernández en Cartagena. Frente a ese caso, el presidente de la Sala Penal le aseguró a EL TIEMPO: “La Corte Suprema se siente irrespetada”.
Más allá del caso de Arias, lo cierto es que mientras el país casi siempre envía a los colombianos y extranjeros que son requeridos (sobre todo por los Estados Unidos por narcotráfico), pocas veces sucede lo mismo cuando es Colombia la que pide a alguien en extradición.
Desde 1997, cuando el Congreso tumbó la polémica prohibición de extraditar nacionales que había establecido la Constitución del 91, los magistrados han avalado el envío de 2.765 personas, de las cuales el 79 por ciento (2.193) han sido pedidas por Estados Unidos. De allá para acá, sin embargo, las extradiciones son una flor escasa.
En apenas 5 años, desde el 2013, Colombia les ha entregado a las agencias federales 652 extraditables. Estados Unidos solo ha enviado a dos personas.
Uno de esos casos (el primero en la historia) fue el de Leopoldo Hernández Andrade, condenado en Colombia por abusar del hijo de su pareja y a quien Estados Unidos envió el 26 de agosto del 2016. Este año, Colombia ya ha extraditado a 47 nacionales, pero de otros países (distintos a EE. UU.) solo han llegado 5 reos.
Por cifras como estas, según altas fuentes, el alto tribunal evalúa imponer más condicionamientos para entregar a un colombiano a otro país. Se ha hablado de diferir los procesos hasta que los requeridos cumplan sus penas en Colombia o cuenten toda la verdad (como se hizo con algunos exparamilitares en el pasado). Pero incluso, advierten esas mismas fuentes, “la Corte podría considerar en algún momento suspender las extradiciones, puntualmente a EE. UU., si encuentra que el mecanismo no está funcionando en dos vías”.
Varios magistrados cuestionan que mientras en el país lo único que se revisa frente a las extradiciones son los temas de forma –plena identidad y que el delito también lo sea en Colombia–, en Estados Unidos, en el caso de Arias, sí se está realizando una valoración de fondo de las pruebas que llevaron a la condena. En ese país, el exministro pidió asilo.
Otro caso en el que la colaboración bilateral simplemente no funcionó es el del capo Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra. Fue extraditado a Estados Unidos en el 2008, y en el 2014 quedó libre tras pagar una leve pena por narcotráfico, pero nunca volvió a Colombia para responder por los crímenes que cometió con las Auc.
Lo mismo pasó con el exmercenario Yair Klein, quien entrenó a los grupos paramilitares a mediados de los 80 y quien pese a estar condenado por sus crímenes en Colombia ha sido protegido tanto por la justicia de Israel como por la de varios países europeos.
Según el exvicefiscal Francisco José Sintura, una de las razones en las que se ha excusado Estados Unidos es que el tratado de extradición con el país no está vigente (falta una ley aprobatoria). Pese a eso, Colombia lo ha aplicado centenares de veces con base en las normas del Código de Procedimiento.
Tomada de: El tiempo
El asunto es clave porque sin el visto bueno de la Sala Penal ningún colombiano puede ser extraditado. Y en el caso de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determine que los hechos de narcotráfico por los que es requerido Santrich –cuya solicitud llegó formalmente hace tres días– sucedieron después de la firma del acuerdo de paz (noviembre del 2016), será esa Corte la que tendrá que decidir el espinoso asunto.
Hace dos semanas, sin que el país le prestara mucha atención al tema, el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal, aseguró en un foro realizado por la Procuraduría en Cartagena que Colombia ha sido “absolutamente generosa en la extradición” y criticó que mientras a Estados Unidos se le aceptan casi todas sus solicitudes, “ese país lleva casi cuatro años estudiando la extradición de un exministro condenado por corrupción”.
Se refería al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte a 17 años por el sonado escándalo del programa Agro Ingreso Seguro y quien lleva cuatro años eludiendo la justicia nacional con el argumento de que su caso supuestamente no fue jurídico, sino producto de una persecución política.
“La Corte Suprema colombiana es tan digna como la de los Estados Unidos. Yo no me imagino, en las mismas condiciones, el tamaño de la herida en el orgullo de ese país fantástico, si en un caso inverso la Corte Suprema estuviera pidiéndoles las explicaciones que ellos nos han pedido a nosotros”, dijo Hernández en Cartagena. Frente a ese caso, el presidente de la Sala Penal le aseguró a EL TIEMPO: “La Corte Suprema se siente irrespetada”.
Más allá del caso de Arias, lo cierto es que mientras el país casi siempre envía a los colombianos y extranjeros que son requeridos (sobre todo por los Estados Unidos por narcotráfico), pocas veces sucede lo mismo cuando es Colombia la que pide a alguien en extradición.
Desde 1997, cuando el Congreso tumbó la polémica prohibición de extraditar nacionales que había establecido la Constitución del 91, los magistrados han avalado el envío de 2.765 personas, de las cuales el 79 por ciento (2.193) han sido pedidas por Estados Unidos. De allá para acá, sin embargo, las extradiciones son una flor escasa.
En apenas 5 años, desde el 2013, Colombia les ha entregado a las agencias federales 652 extraditables. Estados Unidos solo ha enviado a dos personas.
Uno de esos casos (el primero en la historia) fue el de Leopoldo Hernández Andrade, condenado en Colombia por abusar del hijo de su pareja y a quien Estados Unidos envió el 26 de agosto del 2016. Este año, Colombia ya ha extraditado a 47 nacionales, pero de otros países (distintos a EE. UU.) solo han llegado 5 reos.
Por cifras como estas, según altas fuentes, el alto tribunal evalúa imponer más condicionamientos para entregar a un colombiano a otro país. Se ha hablado de diferir los procesos hasta que los requeridos cumplan sus penas en Colombia o cuenten toda la verdad (como se hizo con algunos exparamilitares en el pasado). Pero incluso, advierten esas mismas fuentes, “la Corte podría considerar en algún momento suspender las extradiciones, puntualmente a EE. UU., si encuentra que el mecanismo no está funcionando en dos vías”.
Varios magistrados cuestionan que mientras en el país lo único que se revisa frente a las extradiciones son los temas de forma –plena identidad y que el delito también lo sea en Colombia–, en Estados Unidos, en el caso de Arias, sí se está realizando una valoración de fondo de las pruebas que llevaron a la condena. En ese país, el exministro pidió asilo.
Otro caso en el que la colaboración bilateral simplemente no funcionó es el del capo Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra. Fue extraditado a Estados Unidos en el 2008, y en el 2014 quedó libre tras pagar una leve pena por narcotráfico, pero nunca volvió a Colombia para responder por los crímenes que cometió con las Auc.
Lo mismo pasó con el exmercenario Yair Klein, quien entrenó a los grupos paramilitares a mediados de los 80 y quien pese a estar condenado por sus crímenes en Colombia ha sido protegido tanto por la justicia de Israel como por la de varios países europeos.
Según el exvicefiscal Francisco José Sintura, una de las razones en las que se ha excusado Estados Unidos es que el tratado de extradición con el país no está vigente (falta una ley aprobatoria). Pese a eso, Colombia lo ha aplicado centenares de veces con base en las normas del Código de Procedimiento.
Tomada de: El tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario