Más de medio millón de dólares le habría pedido la abogada Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez al narcotraficante Juan Carlos Melo Guerrero, alias Aurelio para incluirlo en las listas de desmovilizados de las Farc y evitar su extradición a los Estados Unidos.
Ese es uno de los señalamientos que hace una Corte de los Estados Unidos contra la primera abogada vinculada a una estrategia para ‘colar’ narcotraficantes en la lista de la guerrilla y cuyo caso ya tiene preso y con pedido de extradición a Luis Eduardo Carvajal, alias Rambo, quien llegó a ser jefe de la columna móvil ‘Daniel Aldana’.
Tal como lo reveló EL TIEMPO el domingo pasado, autoridades de Estados Unidos trabajan en investigaciones contra una decena de personas entre abogados, intermediarios y exintegrantes de la guerrilla por el cargo de obstrucción a la justicia.
En el indictment conocido por este diario de la Corte para el distrito oriental de Texas se señala que los hechos se iniciaron en 2016 e incluso se extendieron hasta la actualidad, cuando la abogada “intentó deliberadamente e intencionalmente influir, obstruir e impedir la debida administración de justicia en Estados Unidos”.
Según la investigación, la abogada y otro grupo de personas presuntamente intentaron llegar a acuerdos con los narcotraficantes Juan Carlos Melo Guerrero Ramiro ‘Aurelio’, Ramiro Figueroa Legarda alias Rocco, Gerardo Enrique Obando Montano ‘Cheko’ y Tomás Martínez Minota ‘Manaba’ y además de hacer ofrecimientos de que podrían ser incluidos en la lista de la guerrilla, les habrían hablado de “influir en funcionarios de los Estados Unidos para obtener resultados favorables en casos pendientes” en ese país.
Hace una semana el presidente Juan Manuel Santos autorizó la extradición de Martínez Minota, quien efectivamente intentó evadir su envío a Estados Unidos pidiendo que su caso fuera resuelto por la Justicia Especial para la Paz (JEP).
La estrategia de la abogada y sus socios, dice la investigación, impidió una mayor cooperación de los señalados narcotraficantes pedidos en extradición.
En el caso concreto de ‘Aurelio’ los investigadores dicen que la abogada y sus socios le cobraron 568 mil dólares por incluirlo en las listas de las Farc. En el expediente se lee que en las reuniones le manifestaron a la abogada que el narco capturado en abril de 2017, nunca había sido integrante de la guerrilla y que ella respondió: “que eso no era un problema”.
En el expediente se afirma que ofrecimientos similares se hicieron también a Edinson Perlaza Orobio y Ceneiber Quiñones Jurado alias ‘Ingeniero’. En el caso de Perlaza Orobio la Corte Suprema autorizó su extradición a pesar de que este alegaba que era parte de las Farc.
En la investigación consta que varios de los que recibieron ofrecimientos o pagaron por un cupo en las listas de la guerrilla ya están colaborando con las autoridades de los Estados Unidos.
Los investigadores buscan llegar a los intermediarios pero también a integrantes de la guerrilla y abogados cercanos a excombatientes que habrían certificado la supuesta pertenencia a las Farc de los narcotraficantes que intentaron recibir los beneficios de la desmovilización.
En el documento se hace referencia a las Farc como un grupo que usa el comercio de droga para financiar sus actividades y a la negociación de paz que se adelantó con el gobierno nacional y que llevó a su desaparición.
Tomada de: El Tiempo
Ese es uno de los señalamientos que hace una Corte de los Estados Unidos contra la primera abogada vinculada a una estrategia para ‘colar’ narcotraficantes en la lista de la guerrilla y cuyo caso ya tiene preso y con pedido de extradición a Luis Eduardo Carvajal, alias Rambo, quien llegó a ser jefe de la columna móvil ‘Daniel Aldana’.
Tal como lo reveló EL TIEMPO el domingo pasado, autoridades de Estados Unidos trabajan en investigaciones contra una decena de personas entre abogados, intermediarios y exintegrantes de la guerrilla por el cargo de obstrucción a la justicia.
En el indictment conocido por este diario de la Corte para el distrito oriental de Texas se señala que los hechos se iniciaron en 2016 e incluso se extendieron hasta la actualidad, cuando la abogada “intentó deliberadamente e intencionalmente influir, obstruir e impedir la debida administración de justicia en Estados Unidos”.
Según la investigación, la abogada y otro grupo de personas presuntamente intentaron llegar a acuerdos con los narcotraficantes Juan Carlos Melo Guerrero Ramiro ‘Aurelio’, Ramiro Figueroa Legarda alias Rocco, Gerardo Enrique Obando Montano ‘Cheko’ y Tomás Martínez Minota ‘Manaba’ y además de hacer ofrecimientos de que podrían ser incluidos en la lista de la guerrilla, les habrían hablado de “influir en funcionarios de los Estados Unidos para obtener resultados favorables en casos pendientes” en ese país.
Hace una semana el presidente Juan Manuel Santos autorizó la extradición de Martínez Minota, quien efectivamente intentó evadir su envío a Estados Unidos pidiendo que su caso fuera resuelto por la Justicia Especial para la Paz (JEP).
La estrategia de la abogada y sus socios, dice la investigación, impidió una mayor cooperación de los señalados narcotraficantes pedidos en extradición.
En el caso concreto de ‘Aurelio’ los investigadores dicen que la abogada y sus socios le cobraron 568 mil dólares por incluirlo en las listas de las Farc. En el expediente se lee que en las reuniones le manifestaron a la abogada que el narco capturado en abril de 2017, nunca había sido integrante de la guerrilla y que ella respondió: “que eso no era un problema”.
En el expediente se afirma que ofrecimientos similares se hicieron también a Edinson Perlaza Orobio y Ceneiber Quiñones Jurado alias ‘Ingeniero’. En el caso de Perlaza Orobio la Corte Suprema autorizó su extradición a pesar de que este alegaba que era parte de las Farc.
En la investigación consta que varios de los que recibieron ofrecimientos o pagaron por un cupo en las listas de la guerrilla ya están colaborando con las autoridades de los Estados Unidos.
Los investigadores buscan llegar a los intermediarios pero también a integrantes de la guerrilla y abogados cercanos a excombatientes que habrían certificado la supuesta pertenencia a las Farc de los narcotraficantes que intentaron recibir los beneficios de la desmovilización.
En el documento se hace referencia a las Farc como un grupo que usa el comercio de droga para financiar sus actividades y a la negociación de paz que se adelantó con el gobierno nacional y que llevó a su desaparición.
Tomada de: El Tiempo
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