PROYECTO BUSCARÍA OTORGAR SUPER PODERES A LA PROCURADURÍA EN CASOS DE CORRUPCIÓN
En la vertiginosa carrera que los funcionarios públicos emprendieron para luchar contra la corrupción, también se hace presente el procurador general de la nación, Fernando Carrillo quien busca aportar su grano de arena para dar muerte política a los corruptos y castigar a las empresas que incurran en esas prácticas.
Durante la “Cumbre Anticorrupción” realizada en el Palacio de Nariño el pasado 29 de agosto, se dio a conocer la propuesta que, de ser aprobada, fortalecería el papel de la Procuraduría en la lucha contra este flagelo delictivo, mediante la implementación de facultades extraordinarias en los procesos para prevenir y sancionar a los corruptos.
Este ente, cuyo objeto social desarrolla con autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, y que cumple funciones de representación de los ciudadanos frente al Estado para velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos, a través de sus funciones misionales, quedaría revestido de facultades sancionatorias e investigativas.
Son cinco las claves del proyecto: Extinción de Dominio, para los bienes que hayan sido adquiridos con dinero proveniente de hechos de corrupción; Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, las que podrían ser condenadas por cometer delitos contra la administración pública, el medioambiente y la financiación del terrorismo; Sanciones para la Desviación de Anticipos, entendida esta práctica como la utilización de dineros por parte del Contratista, en otros fines distintos al contrato suscrito y para el cual recibió el anticipo, así como Levantamiento del Velo Corporativo, solicitando a la Supersociedades la desestimación de la personalidad jurídica de las empresas sometidas a vigilancia. La quinta y última clave, Castigando la Declaración de Renta Inexacta, con sanciones e inhabilidades para contratar públicamente, a quien incurra en esta falta gravísima
El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, criticó la esencia del proyecto, pues tiene reservas sobre la efectividad y la constitucionalidad de algunas de las herramientas que contendría, así como teme que la práctica condujera a “desarreglos institucionales” que no solo ocasionarían duplicidad de funciones entre la fiscalía y la procuraduría, sino que las medidas podrían ir en contra de la jurisprudencia e incluso de normas constitucionales.
Durante la “Cumbre Anticorrupción” realizada en el Palacio de Nariño el pasado 29 de agosto, se dio a conocer la propuesta que, de ser aprobada, fortalecería el papel de la Procuraduría en la lucha contra este flagelo delictivo, mediante la implementación de facultades extraordinarias en los procesos para prevenir y sancionar a los corruptos.
Este ente, cuyo objeto social desarrolla con autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, y que cumple funciones de representación de los ciudadanos frente al Estado para velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos, a través de sus funciones misionales, quedaría revestido de facultades sancionatorias e investigativas.
Son cinco las claves del proyecto: Extinción de Dominio, para los bienes que hayan sido adquiridos con dinero proveniente de hechos de corrupción; Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, las que podrían ser condenadas por cometer delitos contra la administración pública, el medioambiente y la financiación del terrorismo; Sanciones para la Desviación de Anticipos, entendida esta práctica como la utilización de dineros por parte del Contratista, en otros fines distintos al contrato suscrito y para el cual recibió el anticipo, así como Levantamiento del Velo Corporativo, solicitando a la Supersociedades la desestimación de la personalidad jurídica de las empresas sometidas a vigilancia. La quinta y última clave, Castigando la Declaración de Renta Inexacta, con sanciones e inhabilidades para contratar públicamente, a quien incurra en esta falta gravísima
El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, criticó la esencia del proyecto, pues tiene reservas sobre la efectividad y la constitucionalidad de algunas de las herramientas que contendría, así como teme que la práctica condujera a “desarreglos institucionales” que no solo ocasionarían duplicidad de funciones entre la fiscalía y la procuraduría, sino que las medidas podrían ir en contra de la jurisprudencia e incluso de normas constitucionales.
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