PRIMER PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS TRAS AUDIENCIA DE LOS 31 LÍDERES DE LA FARC–EP

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la audiencia realizada el pasado viernes por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en la que 31 exguerrilleros de la FARC- EP empezaron a rendir cuentas por los delitos de secuestro y desaparición cometidos durante el conflicto.

Santos afirmó que “Con seguridad jurídica se han restituido 300.000 hectáreas a campesinos que fueron desplazados por la violencia y 700.000 están en manos de los jueces”.

Así mismo, aseguró que la JEP garantizará que se cumplan los derechos a las víctimas, para así lograr una paz estable y duradera.

De igual manera, mencionó que “Este proceso es necesario para que el país pueda continuar con su proceso de reconciliación; además que cada uno de los Magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz, fueron escogidos con transparencia absoluta por organismos internacionales con el mayor reconocimiento a nivel mundial”.

En su pronunciamiento, el presidente reconoció que tras la audiencia se abrió la puerta a aspectos como la verdad, la no repetición y a las posibilidades de reconciliación; sin embargo, los colombianos deben entender que la justicia transicional no es igual a la justicia ordinaria y este proceso tras la audiencia no busca una justicia de venganza.

Después de 54 años de conflicto armado, la justicia transicional permitirá que los responsables de los crímenes de esa humanidad sean juzgados, sancionados y condenados y con ello que el país avance tras el cumplimiento de los Estatutos de Roma, el cual se creo para facilitar un sistema de justicia que permitiera la paz.

Finalmente indicó, que la presidenta de la JEP, Patricia Linares tras su visita por Europa, pudo constatar el enorme apoyo internacional que tiene el proceso de paz en general y la JEP en particular.

DETENIDAS PARA EXTRADICIÓN HERMANAS DE ALIAS MARTÍN BALA

Frecuentes viajes a España y un nivel de vida lleno de excesos prendieron las alarmas de la Policía europea sobre las actividades de Íngrid y Maribel Varón Cadena, hermanas de Greylin Fernando Varón, alias Martin Bala, un reconocido excapo del cartel del Norte del Valle.

A principios de este año, la Brigada Central Contra el Crimen Organizado de España empezó a alertar a sus homólogos de la dirección de Inteligencia en Colombia. 

Lo que dice el expediente es que las hermanas Varón se habían ubicado de manera estratégica en Cali y Barranquilla para enviar por mar cocaína con destino hacia Islas Canarias y Valdemoro, en España. Las capturas, de hecho, se realizaron en las dos ciudades colombianas. 

Las autoridades españolas emitieron orden de captura contra las dos mujeres y le pidieron a Interpol que emitiera circular roja por los delitos de tráfico internacional de cocaína y blanqueo de capitales.

En Colombia, entre tanto, inteligencia de la Policía empezó a hacerles seguimiento a las cuentas de las dos hermanas. Encontraron que a pesar de que no escatimaban en gastos, no aparecían propiedades a su nombre. Eso a pesar de que controlan una flotilla de taxis, supermercados y hasta páginas de internet que ofrecen servicios de modelaje. 

“Luego de meses de investigación y vigilancias logramos ubicar a las mujeres. Se estableció que no se reunían dos veces en el mismo lugar, que cambiaban frecuentemente de residencia y que contaban con un componente de seguridad de 9 personas distribuidas en camionetas y motocicletas”, le dijo a uno de los investigadores de la Policía que estuvo al frente del caso.

En España las autoridades registraron la captura de las dos mujeres como un certero golpe contra el narcotráfico, y se espera una segunda fase para ubicar a los enlaces europeos con los que habrían coordinado el ingreso de por los menos cinco toneladas del alcaloide en los dos últimos años.

Sobre la familia se mantiene la sombra de Fernando Varón Flórez, lugarteniente de los Urdinola en el cartel del Norte del Valle en los 90 y quien fue el primer ‘Martín Bala’ en el radar de las autoridades. De hecho, desde el 2014 varios hijos del capo aparecen en la Lista Clinton. 

Su hijo Greylin tiene el mismo alias y en el 2013 fue señalado de ser pieza clave en la oleada de asesinatos que sacudió Cali en medio de las vedettas del narcotráfico. Tras la captura del joven ‘Bala’ en 2013, dicen las autoridades, las hermanas se hicieron al control de sus negocios. En el 2016 el señalado narco quedó libre y las autoridades tratan de establecer si sigue en el mundo del crimen.

Tomada de: El Tiempo

CORTE SE ABSTIENE DE ABRIR INVESTIGACIÓN AL SENADOR ÁLVARO URIBE

La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir proceso penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez por fraude al sufragante, tras desvirtuarse que haya podido incurrir en esa conducta en desarrollo de las campañas del No en el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz del 2 de octubre de 2016.

En la investigación preliminar adelantada por la Sala Tercera de Instrucción, la Sala de Casación Penal practicó pruebas, recibió testimonios e indagó el contenido de sus pronunciamientos públicos –en declaraciones de prensa, discursos y redes sociales–, que la llevaron a concluir que ninguno de los actos del expresidente Uribe lo involucran en el delito contra los mecanismos de participación democrática por el cual fue denunciado.

La Corte determinó que las acciones del senador en esa campaña tuvieron carácter eminentemente político, y fueron legítimas en el ámbito del debate democrático previo a la celebración del plebiscito del 2 de octubre de 2016. Además, encontró que las revelaciones posteriores a esa fecha del dirigente Juan Carlos Vélez, gerente de campaña “La paz es de todos”, no implican responsabilidad alguna del congresista Uribe Vélez.

CONDENADOS A 16 MESES DE PRISIÓN DOS ABOGADOS POR SUS OFENSAS CONTRA UNA PAREJA HOMOSEXUAL

El Tribunal Superior de Manizales confirmó la condena para una pareja de esposos abogados, quienes vivían en un conjunto residencial de la zona rural del municipio de Palestina, en Caldas, y que en el año 2012 hostigaron con insultos y actos de discriminación a una pareja homosexual que residía en el mismo conjunto campestre.

Debido a las ofensas y amenazas, la pareja perteneciente a la comunidad LGTBI se vio forzada a abandonar el país y en el año 2014 instauró una demanda en contra de los abogados Luz Helena García Naranjo y Luis Alberto Meza García por el delito de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural.

El resultado de dicha demanda fue la condena a 16 meses de prisión para los abogados, además de quedar inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.

Cabe destacar que este tipo de delitos está contemplado en el código penal colombiano en la Ley 599 del 2000, artículo 134 B, el cual indica que aquel que promueva u hostigue actos o comportamientos orientados a causarle daño a un grupo de personas por su orientación sexual, etnia o raza o religión, entre otros, incurrirá en una pena de 12 a 36 meses de prisión, también decir que esta condena puede ser excarcelable.

Tomada de: W radio

ABOGADA HABRÍA COBRADO MEDIO MILLÓN DE DÓLARES A NARCO POR CUPO EN JEP

Más de medio millón de dólares le habría pedido la abogada Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez al narcotraficante Juan Carlos Melo Guerrero, alias Aurelio para incluirlo en las listas de desmovilizados de las Farc y evitar su extradición a los Estados Unidos.

Ese es uno de los señalamientos que hace una Corte de los Estados Unidos contra la primera abogada vinculada a una estrategia para ‘colar’ narcotraficantes en la lista de la guerrilla y cuyo caso ya tiene preso y con pedido de extradición a Luis Eduardo Carvajal, alias Rambo, quien llegó a ser jefe de la columna móvil ‘Daniel Aldana’.

Tal como lo reveló EL TIEMPO el domingo pasado, autoridades de Estados Unidos trabajan en investigaciones contra una decena de personas entre abogados, intermediarios y exintegrantes de la guerrilla por el cargo de obstrucción a la justicia.

En el indictment conocido por este diario de la Corte para el distrito oriental de Texas se señala que los hechos se iniciaron en 2016 e incluso se extendieron hasta la actualidad, cuando la abogada “intentó deliberadamente e intencionalmente influir, obstruir e impedir la debida administración de justicia en Estados Unidos”.

Según la investigación, la abogada y otro grupo de personas presuntamente intentaron llegar a acuerdos con los narcotraficantes Juan Carlos Melo Guerrero Ramiro ‘Aurelio’, Ramiro Figueroa Legarda alias Rocco, Gerardo Enrique Obando Montano ‘Cheko’ y Tomás Martínez Minota ‘Manaba’ y además de hacer ofrecimientos de que podrían ser incluidos en la lista de la guerrilla, les habrían hablado de “influir en funcionarios de los Estados Unidos para obtener resultados favorables en casos pendientes” en ese país.

Hace una semana el presidente Juan Manuel Santos autorizó la extradición de Martínez Minota, quien efectivamente intentó evadir su envío a Estados Unidos pidiendo que su caso fuera resuelto por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

La estrategia de la abogada y sus socios, dice la investigación, impidió una mayor cooperación de los señalados narcotraficantes pedidos en extradición.

En el caso concreto de ‘Aurelio’ los investigadores dicen que la abogada y sus socios le cobraron 568 mil dólares por incluirlo en las listas de las Farc. En el expediente se lee que en las reuniones le manifestaron a la abogada que el narco capturado en abril de 2017, nunca había sido integrante de la guerrilla y que ella respondió: “que eso no era un problema”.

En el expediente se afirma que ofrecimientos similares se hicieron también a Edinson Perlaza Orobio y Ceneiber Quiñones Jurado alias ‘Ingeniero’. En el caso de Perlaza Orobio la Corte Suprema autorizó su extradición a pesar de que este alegaba que era parte de las Farc.

En la investigación consta que varios de los que recibieron ofrecimientos o pagaron por un cupo en las listas de la guerrilla ya están colaborando con las autoridades de los Estados Unidos.

Los investigadores buscan llegar a los intermediarios pero también a integrantes de la guerrilla y abogados cercanos a excombatientes que habrían certificado la supuesta pertenencia a las Farc de los narcotraficantes que intentaron recibir los beneficios de la desmovilización.

En el documento se hace referencia a las Farc como un grupo que usa el comercio de droga para financiar sus actividades y a la negociación de paz que se adelantó con el gobierno nacional y que llevó a su desaparición.

Tomada de: El Tiempo

‘NUESTRO RESPETO Y COLABORACIÓN POR NUESTROS COMPAÑEROS DEL CTI ASESINADOS EN LA GUAYACANA’: MINDEFENSA

“El CTI es nuestra compañía judicial en las operaciones, por lo tanto tenemos por sus miembros y por la institución, el mayor respeto, la mayor cantidad de colaboración y el dolor que tres de nuestros compañeros hayan sido asesinados en La Guayacana por presuntos integrantes de la banda de alias ‘Guacho’”, indicó el ministro Villegas.

El Ministro quien ofreció declaraciones en la mañana de este miércoles en compañía del general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional, general, Jorge Hernando Nieto, reveló que hasta el momento la Fuerza Pública ha hecho 18 allanamientos y ha capturado 14 personas, al parecer, relacionadas con alias ‘Guacho’ y que portaban pistolas, granadas, revólveres, equipos celulares, radios de comunicación de alta tecnología, explosivos, un computador y droga.

“Estas personas presuntamente pertenecientes al grupo de ‘Guacho’ también serían los responsables de la muerte de los investigadores del CTI, y está por establecerse ese vínculo judicialmente”, dijo, y añadió que la Fuerza Pública está en capacidad de reacción cuando sucedan estos hechos graves y dolorosos, “cualquiera que sea la entidad del Estado o los servidores públicos nuestra Fuerza Pública estará allí brindando la protección necesaria”.

Villegas enfatizó que la operación que logró la captura de estas 14 personas, es una respuesta interinstitucional que ha dejado en evidencia una importante cantidad de información sobre inteligencia de la banda de alias ‘Guacho’.

“Creemos que con el éxito de la Fuerza Pública podemos pensar en daños mayores a esta organización criminal”, puntualizó.

Para finalizar, el Ministro de Defensa se refirió a la Comisión de la Verdad que busca esclarecer lo sucedido en el conflicto armado.

“El padre Francisco de Roux ha reconocido que la carta necesita un debate y una conversación que tendrá lugar mañana (...), porque la carta como está formulada es imposible de contestar en su totalidad, es decir, no se puede contestar totalmente por el volumen de la información, el tiempo y la precisión por la que está pidiendo sobre agentes de inteligencia y donde estará presente el general Mejía (...) Estamos abiertos a que la Comisión de la Verdad cumpla sus funciones y cuáles son las informaciones que podemos contestar y cuáles son las que la ley permite”, enfatizó.

CONSEJO DE ESTADO, A UN PASO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN MATERIA ELECTORAL

Como un avance significativo de cara a la consolidación del expediente electrónico calificó la consejera Lucy Jeannette Bermúdez el sistema de gestión electoral web que fue dado a conocer este miércoles por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La plataforma permitirá que cualquier persona, sin necesidad de tener amplios conocimientos en materia de derecho, pueda interponer demandas de nulidad electoral, por irregularidades surgidas en el conteo de votos o durante los escrutinios posteriores a las elecciones, que es lo que se conoce como causales objetivas.

La Presidenta de la Sección Quinta, doctora Araújo Oñate señaló que este día debe ser recordado como histórico para la democracia colombiana, al permitir que un procedimiento dispendioso y lleno de tecnicismos jurídicos, como lo es la acción de nulidad electoral por causales objetivas, pueda estar al alcance de cualquier persona.

Explicó que el sistema permite registrar pruebas en tiempo real, lo que reduce notablemente el tiempo y esfuerzo que debe emplear la administración de justicia para poder resolver este tipo de controversias.

Para la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, esta plataforma es un sello de garantía para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo logre cumplir los plazos que establece la Constitución frente a este tipo de demandas, pues el conocimiento de algunas pruebas, como lo son los formularios que se allegan desde la Registraduría, que es lo que más tiempo demanda para el juez electoral, estará disponible en el sistema de gestión electoral web.

Indicó que ya no será necesario que las partes soliciten al magistrado ponente oficie a la organización electoral para obtener como prueba los formularios que corresponden al proceso electoral para que esta envíe los documentos que sirven de prueba, pues estos estarán disponibles directamente para cualquier persona en el sistema de gestión electoral web.

El aplicativo, que se desarrolló con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, a través de su Programa de Gobernabilidad Regional, podrá ser utilizado con un registro que sólo exige una cuenta de correo electrónico en el cual se notificarán todas las novedades del proceso, como el magistrado ponente, el número de radicación del expediente, entre otras.