viernes, 2 de diciembre de 2016

CICAD DESTACA EL TRABAJO QUE MINJUSTICIA ADELANTA CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY


El asesor jurídico y coordinador de proyectos de Justicia Terapéutica de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto Amiot Rodríguez, elogió la labor que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza del doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, desarrolla en materia de lucha contra las drogas y la responsabilidad penal para adolescente.

‘El Ministro de Justicia va por muy buen camino, ya que cuenta con funcionarios y profesionales que están capacitados y sensibilizados para responder a las necesidades de los adolescentes y tratar plenamente a los jóvenes que están sumergidos en la problemática de las drogas y en conflictos con la ley’, puntualizó Alberto Amiot Rodríguez.

El Asesor Jurídico de la CICAD, presente en el foro denominado ‘Seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)’ que se desarrolla en la ciudad de Medellín, destacó el proyecto que lidera el Ministerio de Justicia para la materialización de la política de drogas centrada en jóvenes y lo considera como “potencial e influyente en la sociedad colombiana, porque le da un lugar al delito del adolescente y le brinda la oportunidad de reintegrarse a la sociedad activamente”.

En cuanto a la intervención judicial o el encarcelamiento, el experto de la CICAD afirma que no es el único mecanismo que se puede implementar, ya que este genera más perjuicio social. Amiot Rodríguez hace hincapié en que estos modelos ofrecen salidas distintas, es decir, alternativas que se pueden respaldar en cortes de reinserción, tribunales de tratamiento de drogas y cortes comunitarias.

El experto chileno también felicitó el trabajo mancomunado que adelantan las instituciones involucradas como: la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el sector salud. Invitó a los participantes a seguir trabajando para consolidar una sociedad más justa al momento de penalizar a los jóvenes en conflicto con la ley.

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