FISCALÍA PIDIÓ "CONDENA EJEMPLAR" PARA EXMAGISTRADO RODRIGO ESCOBAR GIL
Rodrigo Escobar Gil pasó de ser un abogado de inmensa reputación, exmagistrado de la Corte Constitucional y excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ser el hombre para el cual la Fiscalía pidió "condena ejemplar". En esos términos se refirió el fiscal del proceso, en el que Escobar Gil fue acusado de tráfico de influencias de terceros, en sus alegatos finales.
Escobar Gil fue llamado a juicio en septiembre del año pasado. La hipótesis que planteó la Fiscalia fue que el abogado intercedió ante magistrados del alto tribunal al que una vez perteneció "con el propósito de inducirlos a favorecer en sede de revisión a la empresa Fidupetrol, para que el recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo con sus intereses particulares".
Para la Fiscalía, la historia fue así: el exmagistrado fue contratado por Hélber Otero, máximo accionista de Fidupetrol, con el objetivo de que él, en la calidad que ostentaba, influyera sobre los magistrados de la Corte y lograra que una tutela que Fidupetrol había presentado fuera seleccionada. Una vez eso pasara, la Corte debía tumbar el fallo con el que la Corte Suprema le había ordenado a Fidupetrol pagar una multa de $22.500 millones.
Esa sanción derivaba del hecho de que el exgoberador de Casanare, Witman Porras, había invertido recursos del departamento en fiducias, algo prohibido porque los recursos públicos no se pueden invertir en operaciones financieras riesgosas. Las cabezas de Fidupetrol querían evitar el pago y por eso, se supone, contrataron a Escobar Gil, un peso pesado.
Según el organismo investigativo, para que la tutela de Fidupetrol fuera escogida se tejió un complot que incluía que un abogado llamado Víctor Pacheco, ya condenado por este asunto, recurriera a Escobar Gil como puente con la Corte para llegar hasta el entonces magistrado Jorge Pretelt, quien supuestamente pidió $500 millones por "ayudar" en este tema. Dentro de poco, Pretelt enfrentará un juicio en la Corte Suprema por este escándalo.
Lo que vino desde entonces fue una especie de avalancha que sumió a la Corte Constitucional en el peor escándalo que ha afrontado desde su creación en 1991. Nunca antes un magistrado de este tribunal había perdido su fuero y había sido acusado ante la Corte Suprema. Pretelt ha negado reiterada y enfáticamente haber pedido dinero para beneficiar a un tercero con sus actuaciones como juez.
Hélber Otero aceptó su responsabilidad en el episodio, firmó un preacuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra Pretelt y recuperó su libertad en septiembre del año pasado. Escobar Gil, por su parte, ha rechazado cualquier participación en el complot para beneficiar a Fidupetrol, aunque se supo que él le mencionó el tema al entonces magistrado Mauricio González, quien decidía sobre la tutela, en un almuerzo que había organizado Pretelt.
Ahora, la última palabra en el proceso de Escobar Gil la tiene un juez de la República. Víctor Pachecho, el abogado que habría hecho el ofrecimiento del soborno, ya fue condenado a dos años de prisión. Hélber Otero también fue sentenciado y Pretelt va a juicio. En este caso, al parecer, nadie se quedó por fuera del radar de la justicia.
Escobar Gil fue llamado a juicio en septiembre del año pasado. La hipótesis que planteó la Fiscalia fue que el abogado intercedió ante magistrados del alto tribunal al que una vez perteneció "con el propósito de inducirlos a favorecer en sede de revisión a la empresa Fidupetrol, para que el recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo con sus intereses particulares".
Para la Fiscalía, la historia fue así: el exmagistrado fue contratado por Hélber Otero, máximo accionista de Fidupetrol, con el objetivo de que él, en la calidad que ostentaba, influyera sobre los magistrados de la Corte y lograra que una tutela que Fidupetrol había presentado fuera seleccionada. Una vez eso pasara, la Corte debía tumbar el fallo con el que la Corte Suprema le había ordenado a Fidupetrol pagar una multa de $22.500 millones.
Esa sanción derivaba del hecho de que el exgoberador de Casanare, Witman Porras, había invertido recursos del departamento en fiducias, algo prohibido porque los recursos públicos no se pueden invertir en operaciones financieras riesgosas. Las cabezas de Fidupetrol querían evitar el pago y por eso, se supone, contrataron a Escobar Gil, un peso pesado.
Según el organismo investigativo, para que la tutela de Fidupetrol fuera escogida se tejió un complot que incluía que un abogado llamado Víctor Pacheco, ya condenado por este asunto, recurriera a Escobar Gil como puente con la Corte para llegar hasta el entonces magistrado Jorge Pretelt, quien supuestamente pidió $500 millones por "ayudar" en este tema. Dentro de poco, Pretelt enfrentará un juicio en la Corte Suprema por este escándalo.
Lo que vino desde entonces fue una especie de avalancha que sumió a la Corte Constitucional en el peor escándalo que ha afrontado desde su creación en 1991. Nunca antes un magistrado de este tribunal había perdido su fuero y había sido acusado ante la Corte Suprema. Pretelt ha negado reiterada y enfáticamente haber pedido dinero para beneficiar a un tercero con sus actuaciones como juez.
Hélber Otero aceptó su responsabilidad en el episodio, firmó un preacuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra Pretelt y recuperó su libertad en septiembre del año pasado. Escobar Gil, por su parte, ha rechazado cualquier participación en el complot para beneficiar a Fidupetrol, aunque se supo que él le mencionó el tema al entonces magistrado Mauricio González, quien decidía sobre la tutela, en un almuerzo que había organizado Pretelt.
Ahora, la última palabra en el proceso de Escobar Gil la tiene un juez de la República. Víctor Pachecho, el abogado que habría hecho el ofrecimiento del soborno, ya fue condenado a dos años de prisión. Hélber Otero también fue sentenciado y Pretelt va a juicio. En este caso, al parecer, nadie se quedó por fuera del radar de la justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario