CORTE CONSTITUCIONAL SUSPENDE DEBATE DE BLINDAJE JURÍDICO DE LOS ACUERDOS DE PAZ
La Sala plena de la Corte Constitucional suspendió el debate sobre el blindaje jurídico de los acuerdos de paz, debido a que a última hora la exministra de Defensa, Martha Lucia Ramírez, recusó a los magistrados Antonio José Lizarazo y Cristina Pardo por haber trabajado antes en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
En la recusación, Ramírez consideró que los magistrados Lizarazo y Pardo no deben participar del debate, debido a que, previamente, lanzaron conceptos sobre los acuerdos de paz siendo Pardo, secretaria jurídica del presiente Santos y quien asesoró en materia legal la creación de los decretos de paz; y Lizarazo, siendo asesor del gobierno en la mesa de negociación de la Habana.
La sala deberá revisar y analizar dicha recusación para decidir si los magistrados deben o no hacer parte del debate y las votaciones para definir el futuro jurídico del acuerdo de paz.
El acto legislativo 02 de 2017 es trascendental para los acuerdos, ya que, entre otras cosas, establece que los tres periodos presidencias siguientes, después de la firma, están sujetos a preservar los contenidos y principios del Acuerdo Final.
"Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final".
Y el artículo 2 señala "El presente Acto Legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final". Dicho punto fue discutido en la Habana con el fin de que el acuerdo no fuera modificado por el gobierno de turno fuera o no opositor al gobierno Santos.
En la recusación, Ramírez consideró que los magistrados Lizarazo y Pardo no deben participar del debate, debido a que, previamente, lanzaron conceptos sobre los acuerdos de paz siendo Pardo, secretaria jurídica del presiente Santos y quien asesoró en materia legal la creación de los decretos de paz; y Lizarazo, siendo asesor del gobierno en la mesa de negociación de la Habana.
La sala deberá revisar y analizar dicha recusación para decidir si los magistrados deben o no hacer parte del debate y las votaciones para definir el futuro jurídico del acuerdo de paz.
El acto legislativo 02 de 2017 es trascendental para los acuerdos, ya que, entre otras cosas, establece que los tres periodos presidencias siguientes, después de la firma, están sujetos a preservar los contenidos y principios del Acuerdo Final.
"Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final".
Y el artículo 2 señala "El presente Acto Legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final". Dicho punto fue discutido en la Habana con el fin de que el acuerdo no fuera modificado por el gobierno de turno fuera o no opositor al gobierno Santos.
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