LA DISCRECIÓN DEL GOBIERNO FRENTE AL ESCÁNDALO DE BUSTOS Y RICAURTE
Aunque para muchos colombianos la justicia atraviesa por su peor momento, por cuenta del escándalo que hoy tiene involucrados a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en el cobro de millonarias sumas de dinero para favorecer procesos a congresistas, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, prefiere no mencionar la palabra crisis.
No lo hizo cuando el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias para que se investigue a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. En ese momento el mandatario reclamó investigaciones “rápidas y sin contemplaciones”.
Tampoco mencionó la palabra crisis a pesar de los graves señalamientos de la versión libre del senador Musa Besaile, quien admitió pagar 2.000 millones de pesos para no ser capturado por parapolítica, aunque se declaró víctima de un soborno por parte del abogado y exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.
En suma, crisis en la justicia, para el Gobierno, no existe.
El pasado lunes, durante la posesión de los magistrados José Fernando Reyes (Corte Constitucional) y Oswaldo Giraldo (Consejo de Estado), Santos se refirió a lo que muchos medios han llamado la “hecatombe judicial”. Pero lo hizo para darle un mensaje de confianza a las instituciones.
“La Corte Suprema no es corrupta. Puede que haya algunos miembros que hayan cometido actos de corrupción. Hay que actuar contra ellos y por tratarse de personas con semejante investidura, hay que hacer una labor ejemplarizante”, dijo Santos.
El presidente no se refirió a ningún nombre en específico, a pesar de que Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte hoy estén en la picota de la opinión pública.
Solamente anunció dos decisiones para enfrentar la situación. Por un lado el Gobierno respaldó revivir el tribunal de aforados, y así quedó incluido en la reforma política. Por otro, anunció tres reformas para quitar las funciones electorales de las altas cortes, que para el mandatario son la causa de la politización de la justicia.
La forma como el presidente se refirió a este caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, contrasta con la postura que asumió durante el primer gran escándalo judicial que coincidió en su Gobierno.
Hace dos años el país se escandalizó con el caso del entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien fue señalado de haber pedido 500 millones de pesos para seleccionar una tutela de la firma Fidupetrol.
Luego de que la Comisión de Acusaciones acusara a Pretelt por el delito de concusión, en diciembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos le sugirió al magistrado renunciar a la Corte Constitucional por el daño que le ha causado a la institución. Durante el proceso, tanto el ministro del Interior como el de Justicia tomaron la misma posición.
En el nuevo caso de corrupción de la justicia, Santos no se ha referido directamente a Leonidas Bustos, ni a Francisco Ricaurte. Tampoco ha mencionado el caso de su esposa del expresidente de la Corte Suprema, María Cristina Pineda, a quien la Casa de Nariño ternó para la Comisión de Disciplina Judicial. Por ahora, no se sabe si esa postulación se mantendría a pesar de los serios cuestionamientos que pesan sobre el exmagistrado.
Para algunos, la discreción del Gobierno frente a la mala hora de Bustos se debe al apoyo decidido que el entonces magistrado tuvo frente a la agenda del proceso de paz. En círculos judiciales se recuerda que el entonces presidente de la Corte Suprema aseguró en agosto de 2015, en Cartagena, que “las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo para la definición soberana del destino de una nación, el derecho ha de servir al fin máximo de conseguir y mantener la convivencia pacífica del país”. Esas declaraciones produjeron una reacción aireada de sus colegas y de un grupo de juristas del país.
Para otros, la prudencia del Gobierno se debe a que se trata de dos magistrados que no están hoy en ejercicio y para proteger a la Corte Suprema como institución de la hecatombe que vive hoy.
El ministro de Justicia, quien fue magistrado del Consejo de Estado, también ha hecho declaraciones generales, pero no se ha referido a los exmagistrados. “El Gobierno acompaña, respalda, rechaza y pide que se investiguen estos hechos de manera pronta y expedita a efectos de que se establezca la realidad y se impartan las sanciones”, dijo en una reciente entrevista.
No lo hizo cuando el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias para que se investigue a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. En ese momento el mandatario reclamó investigaciones “rápidas y sin contemplaciones”.
Tampoco mencionó la palabra crisis a pesar de los graves señalamientos de la versión libre del senador Musa Besaile, quien admitió pagar 2.000 millones de pesos para no ser capturado por parapolítica, aunque se declaró víctima de un soborno por parte del abogado y exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.
En suma, crisis en la justicia, para el Gobierno, no existe.
El pasado lunes, durante la posesión de los magistrados José Fernando Reyes (Corte Constitucional) y Oswaldo Giraldo (Consejo de Estado), Santos se refirió a lo que muchos medios han llamado la “hecatombe judicial”. Pero lo hizo para darle un mensaje de confianza a las instituciones.
“La Corte Suprema no es corrupta. Puede que haya algunos miembros que hayan cometido actos de corrupción. Hay que actuar contra ellos y por tratarse de personas con semejante investidura, hay que hacer una labor ejemplarizante”, dijo Santos.
El presidente no se refirió a ningún nombre en específico, a pesar de que Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte hoy estén en la picota de la opinión pública.
Solamente anunció dos decisiones para enfrentar la situación. Por un lado el Gobierno respaldó revivir el tribunal de aforados, y así quedó incluido en la reforma política. Por otro, anunció tres reformas para quitar las funciones electorales de las altas cortes, que para el mandatario son la causa de la politización de la justicia.
La forma como el presidente se refirió a este caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, contrasta con la postura que asumió durante el primer gran escándalo judicial que coincidió en su Gobierno.
Hace dos años el país se escandalizó con el caso del entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien fue señalado de haber pedido 500 millones de pesos para seleccionar una tutela de la firma Fidupetrol.
Luego de que la Comisión de Acusaciones acusara a Pretelt por el delito de concusión, en diciembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos le sugirió al magistrado renunciar a la Corte Constitucional por el daño que le ha causado a la institución. Durante el proceso, tanto el ministro del Interior como el de Justicia tomaron la misma posición.
En el nuevo caso de corrupción de la justicia, Santos no se ha referido directamente a Leonidas Bustos, ni a Francisco Ricaurte. Tampoco ha mencionado el caso de su esposa del expresidente de la Corte Suprema, María Cristina Pineda, a quien la Casa de Nariño ternó para la Comisión de Disciplina Judicial. Por ahora, no se sabe si esa postulación se mantendría a pesar de los serios cuestionamientos que pesan sobre el exmagistrado.
Para algunos, la discreción del Gobierno frente a la mala hora de Bustos se debe al apoyo decidido que el entonces magistrado tuvo frente a la agenda del proceso de paz. En círculos judiciales se recuerda que el entonces presidente de la Corte Suprema aseguró en agosto de 2015, en Cartagena, que “las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo para la definición soberana del destino de una nación, el derecho ha de servir al fin máximo de conseguir y mantener la convivencia pacífica del país”. Esas declaraciones produjeron una reacción aireada de sus colegas y de un grupo de juristas del país.
Para otros, la prudencia del Gobierno se debe a que se trata de dos magistrados que no están hoy en ejercicio y para proteger a la Corte Suprema como institución de la hecatombe que vive hoy.
El ministro de Justicia, quien fue magistrado del Consejo de Estado, también ha hecho declaraciones generales, pero no se ha referido a los exmagistrados. “El Gobierno acompaña, respalda, rechaza y pide que se investiguen estos hechos de manera pronta y expedita a efectos de que se establezca la realidad y se impartan las sanciones”, dijo en una reciente entrevista.
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