SE LE VUELVE A COMPLICAR LA VIDA CON LOS JUECES AL EXMINISTRO FERNANDO LONDOÑO
Un nuevo giro acaba de dar el proceso contra el exministro Fernando Londoño en el Consejo de Estado.
Si bien, inicialmente el magistrado César Palomino elaboró una ponencia anulando la destitución de 15 años, proferida en su contra por la Procuraduría, el mismo magistrado Palomino la modificó. En la nueva ponencia, ratifica la sanción que le impuso la Procuraduría en diciembre de 2004. El magistrado argumenta que el Ministerio Público sí tenía pruebas suficientes para determinar que Londoño incurrió en un tráfico de influencias cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia, pues intervino para que el Ministerio de Transporte le pagara una millonaria multa al consorcio italiano Recchi Grandi Lavori Fincosit. Este caso se originó en 1997, cuando Londoño representaba a la firma italiana en un pleito contra el Estado, por inconformidad con la ejecución del contrato de la vía Bogotá-Villavicencio. En ese proceso, el Invías fue condenado a pagar $ 23.000 millones.
Londoño, en 2003, siendo ministro del Interior, envió una comunicación al entonces embajador en Italia, Francesco Peano, en la que le comunica que el Ministerio de Hacienda ya había hecho la reserva presupuestal suficiente para pagar la multa a favor del consorcio. Desde Roma le devolvieron la comunicación agradeciéndole por sus gestiones.
Para el magistrado Palomino, esas pruebas son suficientes para que la Procuraduría haya impuesto la sanción por tráfico de influencias.
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Si bien, inicialmente el magistrado César Palomino elaboró una ponencia anulando la destitución de 15 años, proferida en su contra por la Procuraduría, el mismo magistrado Palomino la modificó. En la nueva ponencia, ratifica la sanción que le impuso la Procuraduría en diciembre de 2004. El magistrado argumenta que el Ministerio Público sí tenía pruebas suficientes para determinar que Londoño incurrió en un tráfico de influencias cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia, pues intervino para que el Ministerio de Transporte le pagara una millonaria multa al consorcio italiano Recchi Grandi Lavori Fincosit. Este caso se originó en 1997, cuando Londoño representaba a la firma italiana en un pleito contra el Estado, por inconformidad con la ejecución del contrato de la vía Bogotá-Villavicencio. En ese proceso, el Invías fue condenado a pagar $ 23.000 millones.
Londoño, en 2003, siendo ministro del Interior, envió una comunicación al entonces embajador en Italia, Francesco Peano, en la que le comunica que el Ministerio de Hacienda ya había hecho la reserva presupuestal suficiente para pagar la multa a favor del consorcio. Desde Roma le devolvieron la comunicación agradeciéndole por sus gestiones.
Para el magistrado Palomino, esas pruebas son suficientes para que la Procuraduría haya impuesto la sanción por tráfico de influencias.
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