EE. UU., UN VIEJO Y CONOCIDO PROTAGONISTA
Desde que el nombre del cacique electoral Álvaro Ashton apareció entre los supuestos beneficiarios del cartel de la toga, mencionado en conversaciones que fueron grabadas por la DEA, en la Embajada de Estados Unidos se oye cada tanto que lo más probable es que pronto le quiten la visa para entrar a ese país. Sólo hasta esta semana la Corte Suprema anunció una investigación formal contra Ashton, pero la amenaza de que perderá su visa pende sobre él desde el día en que se supo que Leonardo Pinilla, socio de Gustavo Moreno, le aseguró a Lyons que el congresista había tomado ventaja en los procesos en su contra gracias a la red de corrupción que surgió en la Corte Suprema.
Este año, como no pasaba hace mucho tiempo, Estados Unidos ha vuelto a ocupar protagónicamente la agenda judicial, política y mediática en Colombia. Al punto que hace unas cuantas semanas el presidente de ese país, Donald Trump, volvió a usar un término que en el país no se oía desde la época de Ernesto Samper con tanta insistencia: la descertificación en su lucha contra el narcotráfico, a raíz del pronunciado incremento de cultivos de uso ilícito en los últimos tres años. En 1995 el asunto empezó a tornarse complicado y Colombia fue “semidescertificada”. Dos años más tarde, hasta el propio presidente de la República estaba sin visa estadounidense. Cachetada con guantes blancos.
En el campo del narcotráfico, el asunto parece estar en los mismos términos en que ha estado en las dos últimas décadas: el país de América del Norte monitorea cada año por distintas fuentes la cantidad de hectáreas que hay en el país con cultivos de uso ilícito —Colombia no hace ninguna medición por su cuenta— y examina de cerca las cifras. Este año, el informe de la DEA, revelado hace unos días, fue el florero de Llorente: aseguró que los niveles de cocaína en Estados Unidos de origen colombiano estaban sobrepasando los niveles de 2007, que sigue dominando el mercado de ese país y que todo es debido al aumento notorio de cultivos de uso ilícito en territorio nacional.
El incremento del protagonismo de Estados Unidos es tal vez más notorio en el campo judicial, especialmente relacionado con la corrupción. El cartel de la toga, el peor escándalo que haya sacudido a la Corte Suprema de Justicia, nació de la mano de Estados Unidos. Fue ante la DEA que Lyons aventó a Luis Gustavo Moreno cuando éste y su socio, Leonardo Pinilla, le pedían dinero a cambio de influir en las investigaciones en su contra, y es ahora la DEA la que no permite que Lyons regrese a Colombia. El exgobernador de Córdoba está en Miami desde abril pasado y, por las imágenes que se han filtrado en medios, no la está pasando nada mal mientras afina los detalles de sus procesos tanto allá como en el país.
El pasado 28 de junio, un día después de que Luis Gustavo Moreno fuera capturado en su oficina, el fiscal Néstor Humberto Martínez ofreció una rueda de prensa acompañado del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Blanco. De hecho, el plan inicial era que ambos hablaran el mismo día de la captura del jefe anticorrupción de la Fiscalía, pero asuntos logísticos del viaje de Blanco lo impidieron. “El fiscal Blanco reiteró su compromiso en la cooperación binacional para poner en marcha de manera exitosa investigaciones, intercambio de información y mecanismos para aplicar la extinción de dominio sobre bienes comprometidos con hechos ilícitos en los dos países”, señaló en ese momento la Fiscalía.
El 15 de agosto, la Fiscalía notificó que la DEA había entregado unas pruebas claves: unas transcripciones que dejaban ver que en el cartel de la toga también habrían participado magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema. Fue entonces cuando los nombres de José Leonidas Bustos —a quien la Comisión de Acusación le abrió investigación formal este jueves— y Francisco Ricaurte —detenido en la cárcel La Picota desde el 22 de septiembre pasado— saltaron a la palestra pública. Casi a la par con el anuncio se supo que Estados Unidos les había quitado las visas. El 17 de octubre el turno fue para Yara Malo, la hija del magistrado Gustavo Malo, el cual ha negado de todas las formas posibles cualquier nexo con esa red de corrupción. A Yara Malo le imputarán cargos este lunes 30 de octubre por corrupción.
El mismo día que trascendió la suspensión de la visa de Malo, otra persona corría la misma suerte: Alan Jara. Con una particularidad: Jara, quien permaneció secuestrado por las Farc casi ocho años, no tiene aún investigaciones. No obstante, cuatro funcionarios que fueron de su entera confianza sí están siendo investigados por el presunto desfalco por más de $18.000 millones que se habría cometido contra las arcas del Meta mientras Jara era gobernador (2012-2015) a través de la planeación de la refinería Llanopetrol. Los detenidos son el gerente Ricardo Rodríguez; el secretario de Hacienda en 2015, Jairo Frías Carreño; el exjefe de Planeación Hernando Martínez, y la exasesora jurídica Estella Casasfranco. Ninguno aceptó cargos.
Hablan expertos
“Sin duda sí hay un mayor intervencionismo en temas de la justicia. El mal o bien llamado cartel de la toga se destapó gracias a Estados Unidos. Ahora se oyen grabaciones del fiscal general, de la Corte… ¿quién los estaba grabando? Lo que Estados Unidos gana es mantener su imagen de ‘policías del mundo’, mostrando que la corrupción permeó todo, que las instituciones no son tan legítimas y que sin ellos no lo logramos. El beneficio es que se hace justicia y se destapan cosas que sin ellos no se hubieran destapado. La desventaja es que la verdad (judicial) queda dependiendo de ellos”, señala Carlos Andrés Gómez, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
“Intervencionismo es una palabra muy pesada. Es un espectro de influencia de país a país se puede pensar en diferentes estadios, donde el intervencionismo ocupa el último lugar, porque hay fuerza de quien lo ejerce y rechazo de quien lo recibe”, refuta Óscar Palma, doctor en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Rosario. “Pensaría más en influencia, en persuasión, ante el aumento del interés de Estados Unidos en presionar a Colombia para que actúe como ellos quieren. Pensaría también en intervención por invitación, un concepto que la profesora Arlene Tickner ha estudiado mucho, que habla de cómo Colombia ha invitado a Estados Unidos a que actúe en sus asuntos internos”.
“Aunque podría pensarse que esta nueva etapa de intervencionismo de EE. UU., en Colombia responde al cambio de administración en la Casa Blanca, el cambio en las circunstancias se ha dado es en Colombia, realmente”, argumenta Cristian Rojas, analista internacional y profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana. “Hay un aumento impresionante en los cultivos de coca y, como informó la DEA, la droga con la que los carteles mexicanos inundan el mercado negro norteamericano es de origen colombiano. Es decir, el país ha vuelto a ser el de los años 90, cuando el intervencionismo político y judicial de EE. UU. era evidente”.
“La relación con los estadounidenses ha sido accidentada”, comenta Carlos Medellín, quien como ministro de Justicia apoyó a Samper a impulsar la primera ley de extinción de dominio en el país. “La relación con el Departamento de Justicia de EE. UU. se rompió durante la presidencia de Samper, cuando la Fiscalía colombiana recibió los datos de unos testigos contra el cartel de Cali que vivían protegidos en ese país y enseguida los mataron. Se empezó a componer cuando Colombia volvió a aprobar la extradición. Ahora lo que está pasando es que los cultivos van en aumento, a pesar de que las Farc se acabaron. El tema es muy delicado y ellos van a seguir cuestionando todo”.
Este año, como no pasaba hace mucho tiempo, Estados Unidos ha vuelto a ocupar protagónicamente la agenda judicial, política y mediática en Colombia. Al punto que hace unas cuantas semanas el presidente de ese país, Donald Trump, volvió a usar un término que en el país no se oía desde la época de Ernesto Samper con tanta insistencia: la descertificación en su lucha contra el narcotráfico, a raíz del pronunciado incremento de cultivos de uso ilícito en los últimos tres años. En 1995 el asunto empezó a tornarse complicado y Colombia fue “semidescertificada”. Dos años más tarde, hasta el propio presidente de la República estaba sin visa estadounidense. Cachetada con guantes blancos.
En el campo del narcotráfico, el asunto parece estar en los mismos términos en que ha estado en las dos últimas décadas: el país de América del Norte monitorea cada año por distintas fuentes la cantidad de hectáreas que hay en el país con cultivos de uso ilícito —Colombia no hace ninguna medición por su cuenta— y examina de cerca las cifras. Este año, el informe de la DEA, revelado hace unos días, fue el florero de Llorente: aseguró que los niveles de cocaína en Estados Unidos de origen colombiano estaban sobrepasando los niveles de 2007, que sigue dominando el mercado de ese país y que todo es debido al aumento notorio de cultivos de uso ilícito en territorio nacional.
El incremento del protagonismo de Estados Unidos es tal vez más notorio en el campo judicial, especialmente relacionado con la corrupción. El cartel de la toga, el peor escándalo que haya sacudido a la Corte Suprema de Justicia, nació de la mano de Estados Unidos. Fue ante la DEA que Lyons aventó a Luis Gustavo Moreno cuando éste y su socio, Leonardo Pinilla, le pedían dinero a cambio de influir en las investigaciones en su contra, y es ahora la DEA la que no permite que Lyons regrese a Colombia. El exgobernador de Córdoba está en Miami desde abril pasado y, por las imágenes que se han filtrado en medios, no la está pasando nada mal mientras afina los detalles de sus procesos tanto allá como en el país.
El pasado 28 de junio, un día después de que Luis Gustavo Moreno fuera capturado en su oficina, el fiscal Néstor Humberto Martínez ofreció una rueda de prensa acompañado del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Blanco. De hecho, el plan inicial era que ambos hablaran el mismo día de la captura del jefe anticorrupción de la Fiscalía, pero asuntos logísticos del viaje de Blanco lo impidieron. “El fiscal Blanco reiteró su compromiso en la cooperación binacional para poner en marcha de manera exitosa investigaciones, intercambio de información y mecanismos para aplicar la extinción de dominio sobre bienes comprometidos con hechos ilícitos en los dos países”, señaló en ese momento la Fiscalía.
El 15 de agosto, la Fiscalía notificó que la DEA había entregado unas pruebas claves: unas transcripciones que dejaban ver que en el cartel de la toga también habrían participado magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema. Fue entonces cuando los nombres de José Leonidas Bustos —a quien la Comisión de Acusación le abrió investigación formal este jueves— y Francisco Ricaurte —detenido en la cárcel La Picota desde el 22 de septiembre pasado— saltaron a la palestra pública. Casi a la par con el anuncio se supo que Estados Unidos les había quitado las visas. El 17 de octubre el turno fue para Yara Malo, la hija del magistrado Gustavo Malo, el cual ha negado de todas las formas posibles cualquier nexo con esa red de corrupción. A Yara Malo le imputarán cargos este lunes 30 de octubre por corrupción.
El mismo día que trascendió la suspensión de la visa de Malo, otra persona corría la misma suerte: Alan Jara. Con una particularidad: Jara, quien permaneció secuestrado por las Farc casi ocho años, no tiene aún investigaciones. No obstante, cuatro funcionarios que fueron de su entera confianza sí están siendo investigados por el presunto desfalco por más de $18.000 millones que se habría cometido contra las arcas del Meta mientras Jara era gobernador (2012-2015) a través de la planeación de la refinería Llanopetrol. Los detenidos son el gerente Ricardo Rodríguez; el secretario de Hacienda en 2015, Jairo Frías Carreño; el exjefe de Planeación Hernando Martínez, y la exasesora jurídica Estella Casasfranco. Ninguno aceptó cargos.
Hablan expertos
“Sin duda sí hay un mayor intervencionismo en temas de la justicia. El mal o bien llamado cartel de la toga se destapó gracias a Estados Unidos. Ahora se oyen grabaciones del fiscal general, de la Corte… ¿quién los estaba grabando? Lo que Estados Unidos gana es mantener su imagen de ‘policías del mundo’, mostrando que la corrupción permeó todo, que las instituciones no son tan legítimas y que sin ellos no lo logramos. El beneficio es que se hace justicia y se destapan cosas que sin ellos no se hubieran destapado. La desventaja es que la verdad (judicial) queda dependiendo de ellos”, señala Carlos Andrés Gómez, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
“Intervencionismo es una palabra muy pesada. Es un espectro de influencia de país a país se puede pensar en diferentes estadios, donde el intervencionismo ocupa el último lugar, porque hay fuerza de quien lo ejerce y rechazo de quien lo recibe”, refuta Óscar Palma, doctor en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Rosario. “Pensaría más en influencia, en persuasión, ante el aumento del interés de Estados Unidos en presionar a Colombia para que actúe como ellos quieren. Pensaría también en intervención por invitación, un concepto que la profesora Arlene Tickner ha estudiado mucho, que habla de cómo Colombia ha invitado a Estados Unidos a que actúe en sus asuntos internos”.
“Aunque podría pensarse que esta nueva etapa de intervencionismo de EE. UU., en Colombia responde al cambio de administración en la Casa Blanca, el cambio en las circunstancias se ha dado es en Colombia, realmente”, argumenta Cristian Rojas, analista internacional y profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana. “Hay un aumento impresionante en los cultivos de coca y, como informó la DEA, la droga con la que los carteles mexicanos inundan el mercado negro norteamericano es de origen colombiano. Es decir, el país ha vuelto a ser el de los años 90, cuando el intervencionismo político y judicial de EE. UU. era evidente”.
“La relación con los estadounidenses ha sido accidentada”, comenta Carlos Medellín, quien como ministro de Justicia apoyó a Samper a impulsar la primera ley de extinción de dominio en el país. “La relación con el Departamento de Justicia de EE. UU. se rompió durante la presidencia de Samper, cuando la Fiscalía colombiana recibió los datos de unos testigos contra el cartel de Cali que vivían protegidos en ese país y enseguida los mataron. Se empezó a componer cuando Colombia volvió a aprobar la extradición. Ahora lo que está pasando es que los cultivos van en aumento, a pesar de que las Farc se acabaron. El tema es muy delicado y ellos van a seguir cuestionando todo”.
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