Antes de ser sometido a una cirugía en su pierna izquierda, el narcotraficante colombiano Diego Montoya, ‘don Diego’, exjefe del cartel del norte del Valle, se comprometió con el FBI a testificar en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.
Según dijo ‘don Diego’, el capo de capos mexicano le compraba al año 15 toneladas de coca, la mayoría de las cuales salían en aviones King Quest, Grumman, Commander y Convert, que aterrizaban en los aeropuertos de Los Mochis, Torreón y Veracruz (México), y cuyas matrículas tiene en su poder.
Además, conoce los nombres de ingenieros rusos y estadounidenses que fueron enviados por el ‘Chapo’ a Colombia para ensamblar submarinos, moverle droga desde la costa Pacífica –especialmente desde la convulsionada Tumaco–, y proveer a los hermanos Beltrán, a Ismael el ‘Mayo’ Zambada y al expolicía Juan José el ‘Azul’ Esparragoza.
Aunque en el ‘indictment’ del ‘Chapo’ ya se anunciaba que “numerosos líderes de carteles colombianos van a testificar sobre los envíos a Guzmán a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres”, Washington guardaba en secreto sus identidades.
No obstante, fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que el FBI está reclutando a capos extraditados, para garantizar que el gran jurado le dé cadena perpetua al escurridizo mafioso mexicano.
Para el Departamento de Justicia, este caso se ha convertido en una cuestión de honor, pues desde hace más de 30 años han estado detrás del jefe del cartel de Sinaloa y tuvieron que ver cómo se escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad de México.
Además, libraron una batalla adicional: el pulso con México para que extraditara al capo justo al inicio del mandato de Donald Trump y meses después de que este anunciara la construcción del muro fronterizo.
A eso se une la artillería legal que la defensa del capo está desplegando. Jeffrey Lichtman, Eduardo Balarezo y William Purpura, tres veteranos defensores de narcotraficantes, ya pidieron la anulación del juicio al ‘Chapo’, argumentando que su extradición fue “ilegal y con base en afirmaciones falsas”. Aunque su intento fracasó, ahora alegan que su cliente es sometido a torturas psicológicas y físicas que impiden incluso coordinar su defensa.
Además, buscan desestimar a los potenciales testigos, asegurando que van a mentir a cambio de beneficios judiciales.
Pero ya está documentado que en la larga y selecta lista de aliados del ‘Chapo’ figuraban los colombianos Efraín Hernández, ‘don Efra’; Elizabeth Montoya de Sarria, Iván Urdinola, Arcángel Henao, Francisco ‘Pacho’ Cifuentes, Miguel Solano y Giovani Caicedo.
“Muchos fueron asesinados, pero otros sobrevivieron a ‘vendettas’, como Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta’, quien va a colaborar”, dijo una agente.
Socios frescos
En efecto, ‘Chupeta’, el otro gran proveedor del ‘Chapo’, va a contar cómo el jefe del cartel de Sinaloa le secuestró a uno de sus emisarios tras una disputa por un cargamento. Se trata de Juan Carlos Ortiz, ‘Cuchilla’, quién años después murió acribillado en Cali.
EL TIEMPO estableció que a la lista de testigos se unen Luis Caicedo Velandia y Julio Lozano Pirateque, jefes del narcotraficante Daniel el ‘Loco’ Barrera. Sus testimonios son claves porque demuestran que el capo mexicano mantuvo su imperio y sus nexos con la mafia colombiana hasta hace tres años, cuando cayó en manos de la Marina de su país.
De hecho, aunque Caicedo ya cumplió su condena, tras una ventajosa negociación con Estados Unidos, permanece preso en Brooklyn para garantizar su comparecencia en el juicio.
Y, por esa misma razón, Lozano, ya en libertad, no fue deportado a Colombia y se le ha visto en Miami.
El único beneficio que Caicedo y Lozano obtendrían por ayudar a hundir al ‘Chapo’ es el de quedarse en Estados Unidos.
‘Don Diego’, condenado a 45 años por el asesinato de un testigo federal, también es poco lo que puede obtener. Tiene 59 años, lleva 8 en prisión y saldría a los 96.
Si acaso le darían mejores condiciones carcelarias debido a sus líos de salud, que ya lo tienen en una cárcel de mediana seguridad.
Entre tanto, ‘Chupeta’, después de ser extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Brasil, en 2008, enfrenta una sentencia de 25 años, de los cuales le quedan 14 pendientes. Si bien los podría reducir delatando al patrón de Sinaloa, sería mínimo el beneficio.
Por ahora, el ‘Chapo’ permanece incomunicado en una celda de una correccional de Nueva York, ciudad que inundó de coca en sus épocas de bonanza y terror.
Así es la cárcel del ‘Chapo’
Una celda sin ventanas, luces prendidas 23 horas al día, cámaras de vigilancia sobre la ducha y el escusado, visitas vetadas y cero contacto con otros presos.
Las condiciones a las que está sometido Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan son tan duras que en Estados Unidos muchos las consideran peores que las de la base de Guantánamo, donde encerraron a terroristas de Al Qaeda.
Según sus abogados, el capo ha perdido la noción del día y la noche, ha tenido alucinaciones auditivas y sufre de frío. Aunque la Fiscalía autorizó que llamara 30 minutos al mes a familiares y pudiera ser visitado por curas. Paradójicamente, su situación carcelaria mejoraría si lo condenan: pasaría a un penal con menos restricciones.
Según dijo ‘don Diego’, el capo de capos mexicano le compraba al año 15 toneladas de coca, la mayoría de las cuales salían en aviones King Quest, Grumman, Commander y Convert, que aterrizaban en los aeropuertos de Los Mochis, Torreón y Veracruz (México), y cuyas matrículas tiene en su poder.
Además, conoce los nombres de ingenieros rusos y estadounidenses que fueron enviados por el ‘Chapo’ a Colombia para ensamblar submarinos, moverle droga desde la costa Pacífica –especialmente desde la convulsionada Tumaco–, y proveer a los hermanos Beltrán, a Ismael el ‘Mayo’ Zambada y al expolicía Juan José el ‘Azul’ Esparragoza.
Aunque en el ‘indictment’ del ‘Chapo’ ya se anunciaba que “numerosos líderes de carteles colombianos van a testificar sobre los envíos a Guzmán a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres”, Washington guardaba en secreto sus identidades.
No obstante, fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que el FBI está reclutando a capos extraditados, para garantizar que el gran jurado le dé cadena perpetua al escurridizo mafioso mexicano.
Para el Departamento de Justicia, este caso se ha convertido en una cuestión de honor, pues desde hace más de 30 años han estado detrás del jefe del cartel de Sinaloa y tuvieron que ver cómo se escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad de México.
Además, libraron una batalla adicional: el pulso con México para que extraditara al capo justo al inicio del mandato de Donald Trump y meses después de que este anunciara la construcción del muro fronterizo.
A eso se une la artillería legal que la defensa del capo está desplegando. Jeffrey Lichtman, Eduardo Balarezo y William Purpura, tres veteranos defensores de narcotraficantes, ya pidieron la anulación del juicio al ‘Chapo’, argumentando que su extradición fue “ilegal y con base en afirmaciones falsas”. Aunque su intento fracasó, ahora alegan que su cliente es sometido a torturas psicológicas y físicas que impiden incluso coordinar su defensa.
Además, buscan desestimar a los potenciales testigos, asegurando que van a mentir a cambio de beneficios judiciales.
Pero ya está documentado que en la larga y selecta lista de aliados del ‘Chapo’ figuraban los colombianos Efraín Hernández, ‘don Efra’; Elizabeth Montoya de Sarria, Iván Urdinola, Arcángel Henao, Francisco ‘Pacho’ Cifuentes, Miguel Solano y Giovani Caicedo.
“Muchos fueron asesinados, pero otros sobrevivieron a ‘vendettas’, como Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta’, quien va a colaborar”, dijo una agente.
Socios frescos
En efecto, ‘Chupeta’, el otro gran proveedor del ‘Chapo’, va a contar cómo el jefe del cartel de Sinaloa le secuestró a uno de sus emisarios tras una disputa por un cargamento. Se trata de Juan Carlos Ortiz, ‘Cuchilla’, quién años después murió acribillado en Cali.
EL TIEMPO estableció que a la lista de testigos se unen Luis Caicedo Velandia y Julio Lozano Pirateque, jefes del narcotraficante Daniel el ‘Loco’ Barrera. Sus testimonios son claves porque demuestran que el capo mexicano mantuvo su imperio y sus nexos con la mafia colombiana hasta hace tres años, cuando cayó en manos de la Marina de su país.
De hecho, aunque Caicedo ya cumplió su condena, tras una ventajosa negociación con Estados Unidos, permanece preso en Brooklyn para garantizar su comparecencia en el juicio.
Y, por esa misma razón, Lozano, ya en libertad, no fue deportado a Colombia y se le ha visto en Miami.
El único beneficio que Caicedo y Lozano obtendrían por ayudar a hundir al ‘Chapo’ es el de quedarse en Estados Unidos.
‘Don Diego’, condenado a 45 años por el asesinato de un testigo federal, también es poco lo que puede obtener. Tiene 59 años, lleva 8 en prisión y saldría a los 96.
Si acaso le darían mejores condiciones carcelarias debido a sus líos de salud, que ya lo tienen en una cárcel de mediana seguridad.
Entre tanto, ‘Chupeta’, después de ser extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Brasil, en 2008, enfrenta una sentencia de 25 años, de los cuales le quedan 14 pendientes. Si bien los podría reducir delatando al patrón de Sinaloa, sería mínimo el beneficio.
Por ahora, el ‘Chapo’ permanece incomunicado en una celda de una correccional de Nueva York, ciudad que inundó de coca en sus épocas de bonanza y terror.
Así es la cárcel del ‘Chapo’
Una celda sin ventanas, luces prendidas 23 horas al día, cámaras de vigilancia sobre la ducha y el escusado, visitas vetadas y cero contacto con otros presos.
Las condiciones a las que está sometido Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan son tan duras que en Estados Unidos muchos las consideran peores que las de la base de Guantánamo, donde encerraron a terroristas de Al Qaeda.
Según sus abogados, el capo ha perdido la noción del día y la noche, ha tenido alucinaciones auditivas y sufre de frío. Aunque la Fiscalía autorizó que llamara 30 minutos al mes a familiares y pudiera ser visitado por curas. Paradójicamente, su situación carcelaria mejoraría si lo condenan: pasaría a un penal con menos restricciones.
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