¿Cuántas veces le han entregado en la calle tarjetas en las que le ofrecen préstamos inmediatos, “sin importar el monto” y sin fiador?
Si está pensando en atender esos cantos de sirena, piénselo dos veces: no solo va a tener que pagar 10 veces o más de lo que cancelaría en intereses por un crédito bancario, sino que estará aceitando una máquina que lava la plata manchada de sangre de todas las bandas criminales, incluido el ‘clan Úsuga’.
Tarjetas y volantes repartidos puerta a puerta son los ganchos del ‘gota a gota’, una modalidad de préstamo a la que recurren usualmente los colombianos más pobres o los que no tienen perfil crediticio por haber estado reportados o porque no tienen una fuente de ingreso formal.
Lo que no se ve detrás de esas ofertas y de los cobradores que rondan en moto por ciudades y pueblos es un millonario negocio que, según las autoridades, mueve cada día hasta 2.500 millones de pesos, y que en un solo mes puede cobrar, muchas veces a la brava, el 20 por ciento o más de intereses.
Se manejan préstamos rápidos hasta por cinco millones, a los que acuden desde amas de casa hasta pequeños comerciantes, y otros por montos superiores a los 100 millones de pesos que se respaldan con escrituras e hipotecas. De la gravedad de los cobros dan fe decenas de denuncias por estafa, usura, amenazas, lesiones personales, falsedad en documentos y hasta homicidios que han puesto a Policía y Fiscalía tras la pista de las poderosas redes que manejan el ‘gota a gota’.
Tan solo el año pasado las autoridades abrieron casi 400 procesos por delitos relacionados con esta modalidad delictiva. Una investigación adelantada en los últimos ocho meses por la Dijín revela que hay 18 grandes cabezas de ese negocio en el país.
En Bogotá, las cabezas visibles son dos mujeres y un hombre. La más conocida, la ‘gorda Mayerli’, opera en la central de alimentos más grande del país, Corabastos, y desde allí controla unas 20 redes de ‘gota a gota’ que cubren las localidades de Kennedy, Bosa y el municipio de Soacha.
En Corabastos hay decenas de historias de familias que entregaron sus puestos por créditos que no lograron pagar. Incluso, la Policía instaló allí un Gaula para enfrentar una actividad que, se cree, está relacionada con varios homicidios. El último caso en investigación es el crimen del comerciante de frutas Yoisen Salazar, al que sicarios mataron en enero cuando salía de su casa hacia la mayorista.
Tan solo en Bogotá, cada día se mueven 1.000 millones en esos préstamos. El sector de San Victorino y el Sanandresito de la calle 38 son otros epicentros del negocio en la capital.
Los préstamos rara vez pasan de 26 días (todos los días del mes, descontando los domingos), y cuando se cumple el plazo el deudor habrá pagado el monto del préstamo más un 20 por ciento de intereses. Es decir, si le entregaron un millón de pesos, al terminar el mes el agiotista tendrá de vuelta 1,2 millones. Eso equivale a rendimientos del 240 por ciento anual, una tasa de ganancia solo comparable a la del narcotráfico.
“En el año 2014 se me cayó el negocio, un restaurante. Me atrasé en el pago del arriendo, los salarios y servicios”, narró a EL TIEMPO un empresario que, aconsejado por un amigo, recurrió a un ‘gota a gota’ de alto nivel. El prestamista le dijo que podía entregarle los 75 millones de pesos que necesitaba, pero que tenía que poner como garantía las escrituras de un inmueble a su nombre.
“Ningún banco me prestaba por no cumplir los requisitos y las deudas me asfixiaban. Pensé: ‘en unos meses me repongo y vendo el local, pago el préstamo y los 15 millones de intereses’ ”, dijo el comerciante.
Entregó las escrituras de un apartamento de Bogotá avaluado en 420 millones de pesos: “Me atrasé y me amenazaron a mí y a mi familia. Prácticamente me obligaron a traspasarles el apartamento y así saldé mi deuda”.
Por temor no interpuso la denuncia. Hoy cuenta que “esos tres meses fueron un infierno”. “Uno no se da cuenta, pero está negociando con criminales organizados”, asegura.
Historias como esta, de expropiación de bienes a la fuerza, se cuentan por centenares. En Colombia, la Policía ha identificado 137 municipios en donde el fenómeno del ‘gota a gota’ es un mal crónico: en 17, el control directo lo tiene el crimen organizado.
Si está pensando en atender esos cantos de sirena, piénselo dos veces: no solo va a tener que pagar 10 veces o más de lo que cancelaría en intereses por un crédito bancario, sino que estará aceitando una máquina que lava la plata manchada de sangre de todas las bandas criminales, incluido el ‘clan Úsuga’.
Tarjetas y volantes repartidos puerta a puerta son los ganchos del ‘gota a gota’, una modalidad de préstamo a la que recurren usualmente los colombianos más pobres o los que no tienen perfil crediticio por haber estado reportados o porque no tienen una fuente de ingreso formal.
Lo que no se ve detrás de esas ofertas y de los cobradores que rondan en moto por ciudades y pueblos es un millonario negocio que, según las autoridades, mueve cada día hasta 2.500 millones de pesos, y que en un solo mes puede cobrar, muchas veces a la brava, el 20 por ciento o más de intereses.
Se manejan préstamos rápidos hasta por cinco millones, a los que acuden desde amas de casa hasta pequeños comerciantes, y otros por montos superiores a los 100 millones de pesos que se respaldan con escrituras e hipotecas. De la gravedad de los cobros dan fe decenas de denuncias por estafa, usura, amenazas, lesiones personales, falsedad en documentos y hasta homicidios que han puesto a Policía y Fiscalía tras la pista de las poderosas redes que manejan el ‘gota a gota’.
Tan solo el año pasado las autoridades abrieron casi 400 procesos por delitos relacionados con esta modalidad delictiva. Una investigación adelantada en los últimos ocho meses por la Dijín revela que hay 18 grandes cabezas de ese negocio en el país.
En Bogotá, las cabezas visibles son dos mujeres y un hombre. La más conocida, la ‘gorda Mayerli’, opera en la central de alimentos más grande del país, Corabastos, y desde allí controla unas 20 redes de ‘gota a gota’ que cubren las localidades de Kennedy, Bosa y el municipio de Soacha.
En Corabastos hay decenas de historias de familias que entregaron sus puestos por créditos que no lograron pagar. Incluso, la Policía instaló allí un Gaula para enfrentar una actividad que, se cree, está relacionada con varios homicidios. El último caso en investigación es el crimen del comerciante de frutas Yoisen Salazar, al que sicarios mataron en enero cuando salía de su casa hacia la mayorista.
Tan solo en Bogotá, cada día se mueven 1.000 millones en esos préstamos. El sector de San Victorino y el Sanandresito de la calle 38 son otros epicentros del negocio en la capital.
Los préstamos rara vez pasan de 26 días (todos los días del mes, descontando los domingos), y cuando se cumple el plazo el deudor habrá pagado el monto del préstamo más un 20 por ciento de intereses. Es decir, si le entregaron un millón de pesos, al terminar el mes el agiotista tendrá de vuelta 1,2 millones. Eso equivale a rendimientos del 240 por ciento anual, una tasa de ganancia solo comparable a la del narcotráfico.
“En el año 2014 se me cayó el negocio, un restaurante. Me atrasé en el pago del arriendo, los salarios y servicios”, narró a EL TIEMPO un empresario que, aconsejado por un amigo, recurrió a un ‘gota a gota’ de alto nivel. El prestamista le dijo que podía entregarle los 75 millones de pesos que necesitaba, pero que tenía que poner como garantía las escrituras de un inmueble a su nombre.
“Ningún banco me prestaba por no cumplir los requisitos y las deudas me asfixiaban. Pensé: ‘en unos meses me repongo y vendo el local, pago el préstamo y los 15 millones de intereses’ ”, dijo el comerciante.
Entregó las escrituras de un apartamento de Bogotá avaluado en 420 millones de pesos: “Me atrasé y me amenazaron a mí y a mi familia. Prácticamente me obligaron a traspasarles el apartamento y así saldé mi deuda”.
Por temor no interpuso la denuncia. Hoy cuenta que “esos tres meses fueron un infierno”. “Uno no se da cuenta, pero está negociando con criminales organizados”, asegura.
Historias como esta, de expropiación de bienes a la fuerza, se cuentan por centenares. En Colombia, la Policía ha identificado 137 municipios en donde el fenómeno del ‘gota a gota’ es un mal crónico: en 17, el control directo lo tiene el crimen organizado.
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