THURGOOD MARSHALL, EL JUEZ NEGRO DE EE.UU. QUE PUEDE SER PRECEDENTE PARA LA JEP
En 1967, el presidente Lyndon B. Johnson nominó a Thurgood Marshall para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Marshall tenia enormes cualidades para ser juez, pero su color de piel hizo de su nombramiento algo particularmente especial. Como el primer afroamericano en llegar a la Corte en toda la historia de Estados Unidos, su nominación estuvo acompañada de una profunda carga simbólica. Tres años antes, el Congreso de ese país había aprobado la Ley de Derechos Civiles (LDC), un conjunto de medidas que pretendían, por fin, garantizar el derecho al voto de la población negra y la prohibición absoluta de la segregación.
Dichas medidas ya estaban contempladas en tres enmiendas a la Constitución incorporadas 100 años atrás al terminar la Guerra Civil, pero su aplicación fue limitada debido al racismo estructural del país, especialmente en el sur. La promulgación de la LDC no fue un acto espontáneo sino el resultado de años de lucha y activismo legal de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional para el Desarrollo de Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés) fundada y dirigida por Marshall. Uno de los mandatos de la NAACP fue representar a ciudadanos negros que eran acusados de crímenes simplemente por su raza y presentar varios recursos constitucionales contra la segregación. Uno de ellos, dirigido personalmente por Marshall, llevó a que en 1954 la Corte Suprema de Justicia declarara que la discriminación racial en las escuelas era inconstitucional.
Marshall no solo fue un extraordinario abogado sino un activista fenomenal que, antes de llegar a la Corte, presentó varias demandas contra el Estado por situaciones claramente injustas. Es en este punto donde podría verse un paralelo interesante entre su legado y el recién formado Tribunal Especial de Paz. Aquellos que se oponen a la constitución de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) buscan en particular cuestionar la legitimidad de sus jueces señalándonos de partidistas, parciales y activistas. Su argumento parte de la premisa de que algunos de los nuevos miembros del Tribunal, actuaron, desde el litigio y la academia, como parte en procesos contra el Estado o expresaron su posición política, lo cual impediría que actúen de manera apropiada como magistrados.
Basta con revisar la vida de Marshall, tanto en el activismo como magistrado, para demostrar que ese argumento es engañoso por lo menos por tres razones. En primer lugar, en momentos de profunda desigualdad o de injusticia (la segregación racial en Estados Unidos o las masivas violaciones de Derechos Humanos en Colombia) el activismo es una herramienta para combatir, dentro de la legalidad, problemas estructurales en una sociedad. Por esto, resulta desproporcionado criticar a abogados que aplicaron las reglas del Estado de Derecho para defender a las víctimas de conflicto o ejercieron su derecho constitucional, como ciudadanos, a expresar su opinión frente a un debate particular.
En segundo lugar, concluir que ese activismo es sinónimo de parcialidad es equivocado pues, como lo demostró el mismo Marshall al llegar a la Corte, la visión del activista es importante para aportar a una mayor comprensión de los problemas judiciales. Por ejemplo, cuando Marshall murió en 1993, sus colegas más conservadores en el Tribunal reconocieron que su visión particular sobre el Derecho y la raza fueron fundamentales para darle una visión a la Corte mucho más incluyente, lo cual no hubiera sido posible sin su presencia.
En tercer lugar, estos críticos olvidan que existe un claro sistema de impedimentos que permiten que los jueces que previamente fueron activistas, se abstengan conocer de un caso si hay razones objetivas para ello. Por ejemplo, en 1971, ya como juez de la Corte Suprema Marshall decidió no participar en el análisis de la apelación que interpuso Mohammed Alí contra la sanción penal que se le impuso por abstenerse de participar en la Guerra de Vietnam, pues él participó en el litigio del caso en las cortes de primera instancia.
El 30 de agosto pasado se cumplieron 50 años del nombramiento de Marshall como el primer juez negro en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Su vida, todo un camino se obstáculos, se conmemora de manera efusiva y su legado, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, se valora con mucho aprecio. Sus lecciones se aplican al contexto colombiano y deben servir para rodear y acompañar el trabajo que pronto empezará a realizar la JEP. La historia de Marshall se cruza con la de los excluidos en Colombia, y es tarea del Tribunal de Paz y sus magistrados activistas devolverles la dignidad. El Derecho podría ofrecerles una salida.
*Santiago Pardo R. es abogado de la Universidad de Los Andes y ha sido profesor allí también. Hizo una maestría en Derecho, Antropología y Sociedad en LSE y cursa otra con el programa "International Legal Studies" de la Universidad de Stanford. Fue abogado auxiliar en la Corte Constitucional.
Dichas medidas ya estaban contempladas en tres enmiendas a la Constitución incorporadas 100 años atrás al terminar la Guerra Civil, pero su aplicación fue limitada debido al racismo estructural del país, especialmente en el sur. La promulgación de la LDC no fue un acto espontáneo sino el resultado de años de lucha y activismo legal de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional para el Desarrollo de Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés) fundada y dirigida por Marshall. Uno de los mandatos de la NAACP fue representar a ciudadanos negros que eran acusados de crímenes simplemente por su raza y presentar varios recursos constitucionales contra la segregación. Uno de ellos, dirigido personalmente por Marshall, llevó a que en 1954 la Corte Suprema de Justicia declarara que la discriminación racial en las escuelas era inconstitucional.
Marshall no solo fue un extraordinario abogado sino un activista fenomenal que, antes de llegar a la Corte, presentó varias demandas contra el Estado por situaciones claramente injustas. Es en este punto donde podría verse un paralelo interesante entre su legado y el recién formado Tribunal Especial de Paz. Aquellos que se oponen a la constitución de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) buscan en particular cuestionar la legitimidad de sus jueces señalándonos de partidistas, parciales y activistas. Su argumento parte de la premisa de que algunos de los nuevos miembros del Tribunal, actuaron, desde el litigio y la academia, como parte en procesos contra el Estado o expresaron su posición política, lo cual impediría que actúen de manera apropiada como magistrados.
Basta con revisar la vida de Marshall, tanto en el activismo como magistrado, para demostrar que ese argumento es engañoso por lo menos por tres razones. En primer lugar, en momentos de profunda desigualdad o de injusticia (la segregación racial en Estados Unidos o las masivas violaciones de Derechos Humanos en Colombia) el activismo es una herramienta para combatir, dentro de la legalidad, problemas estructurales en una sociedad. Por esto, resulta desproporcionado criticar a abogados que aplicaron las reglas del Estado de Derecho para defender a las víctimas de conflicto o ejercieron su derecho constitucional, como ciudadanos, a expresar su opinión frente a un debate particular.
En segundo lugar, concluir que ese activismo es sinónimo de parcialidad es equivocado pues, como lo demostró el mismo Marshall al llegar a la Corte, la visión del activista es importante para aportar a una mayor comprensión de los problemas judiciales. Por ejemplo, cuando Marshall murió en 1993, sus colegas más conservadores en el Tribunal reconocieron que su visión particular sobre el Derecho y la raza fueron fundamentales para darle una visión a la Corte mucho más incluyente, lo cual no hubiera sido posible sin su presencia.
En tercer lugar, estos críticos olvidan que existe un claro sistema de impedimentos que permiten que los jueces que previamente fueron activistas, se abstengan conocer de un caso si hay razones objetivas para ello. Por ejemplo, en 1971, ya como juez de la Corte Suprema Marshall decidió no participar en el análisis de la apelación que interpuso Mohammed Alí contra la sanción penal que se le impuso por abstenerse de participar en la Guerra de Vietnam, pues él participó en el litigio del caso en las cortes de primera instancia.
El 30 de agosto pasado se cumplieron 50 años del nombramiento de Marshall como el primer juez negro en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Su vida, todo un camino se obstáculos, se conmemora de manera efusiva y su legado, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, se valora con mucho aprecio. Sus lecciones se aplican al contexto colombiano y deben servir para rodear y acompañar el trabajo que pronto empezará a realizar la JEP. La historia de Marshall se cruza con la de los excluidos en Colombia, y es tarea del Tribunal de Paz y sus magistrados activistas devolverles la dignidad. El Derecho podría ofrecerles una salida.
*Santiago Pardo R. es abogado de la Universidad de Los Andes y ha sido profesor allí también. Hizo una maestría en Derecho, Antropología y Sociedad en LSE y cursa otra con el programa "International Legal Studies" de la Universidad de Stanford. Fue abogado auxiliar en la Corte Constitucional.
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