DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICÓ LA MUERTE DE 13 PERSONAS EN MAGÜÍ PAYÁN Y EXIGE AL ESTADO GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA POBLADORES DEL ANDÉN PACÍFICO
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamenta y rechaza los hechos del pasado lunes 27 de noviembre de 2017 en las veredas Juanchito y Pueblo Nuevo, del municipio de Magüí Payán (Nariño), donde se registró la muerte de 13 personas.
Debido a la gravedad de los hechos y a las diferentes versiones que circularon en medios de comunicación, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta ese municipio con el fin de verificar los hechos y brindar acompañamiento a la población civil afectada.
Según información obtenida con personas que presenciaron directamente los hechos, el día 27 de noviembre en las Veredas Juanchito y Pueblo Nuevo, ubicadas al margen del Rio Patía, sobre las 5 de la tarde, integrantes del ELN llegaron a las dos poblaciones con el fin de someter al grupo armado denominado “Resistencia Campesina”.
Los hermanos Álvaro y Nilson Samuel Cuero, integrantes de la línea de mando de este grupo que estaban en Pueblo Nuevo, se negaron a someterse. Las versiones de la comunidad manifiestan que Álvaro empezó a disparar y que los integrantes del ELN respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil.
Según el reporte de los ciudadanos el enfrentamiento dejó 13 muertos. La comisión de la Defensoría verificó con la población que en la vereda Pueblo Nuevo fueron hallados cuatro cadáveres, dos de ellos oriundos de dicha vereda e integrantes de “Resistencia Campesina”, los hermanos Álvaro Cuero y Nilson Samuel Cuero. El tercer cuerpo corresponde presuntamente a alias Uriel, proveniente de una vereda del río Tapaje en el Municipio del Charco. El último de estos cuerpos pertenecería a Héctor Segundo Borja Estupiñan, que, según la información de la comunidad, padecía una discapacidad mental.
Así mismo, otros dos cuerpos fueron sepultados el día miércoles 29 de noviembre en horas de la tarde en la vereda Ricaurte y, según información de la comunidad, eran miembros de la población civil. Los restos corresponden a Yensi Carolina Orobio Arboleda, de 22 años de edad y en embarazo, y Dubán Maquines Ordoñez.
También se verificó con la población civil que en la vereda Playón fueron sepultados Milton Mauricio Quiñones y Yenson Bernardo Quiñones Hurtado, declarados como civiles. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad aseguran que eran disidentes de las Farc.
Otros dos cadáveres fueron sepultados en la vereda Panga del municipio de Roberto Payan, pertenecientes a Hugo Alfredo Preciado y Jorge Leonardo Pastrana y un cuerpo sin vida, que no pudo ser identificado, fue llevado a la vereda Punta de Barco.
En la vereda las Cruces del Municipio de Barbacoas fue sepultado un cadáver identificado como Jesús Orfilio Landazury Quiñones, y un último cuerpo fue hallado el día sábado 2 de diciembre que pertenece a Édinson Ortiz Bolaños, quien era el Representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas.
La comunidad también reportó a la Comisión de la Defensoría que Wilman Haney Ortiz Bolaños fue retenido por el ELN. Según la información de la población, hacía parte de las disidencias y es conocido con el Alias de Gavilán, hermano del fallecido Édison Ortiz Bolaños. Por lo anterior, el Defensor Negret Mosquera anunció que elevará ante las autoridades competentes las denuncias sobre la violación al cese fuego y hostilidades que representa esta acción por parte de miembros de esa guerrilla.
Toda la población a la que obtuvo acceso la Defensoría manifestó sentir temor ante posibles nuevos enfrentamientos. La población se expresó preocupada por las restricciones a la movilidad, lo que se constituye en confinamiento. “La Entidad hace un llamado para que se protejan las autoridades civiles y líderes sociales de la zona quienes han manifestado esta amenazados por tratar de proteger la población y denunciar hechos violentos.”, señaló Negret Mosquera.
Así mismo insistió en la necesidad que el Estado llegue con oferta institucional a todo el Andén Pacífico en donde la Defensoría ha evidenciado el confinamiento que sufren los campesinos, que por acción de grupos violentos no pueden desplazarse, realizar sus actividades de campo o estudio. “Necesitamos al gobierno dando asistencia a todas la veredas más recónditas”, puntualizó Negret Mosquera
Debido a la gravedad de los hechos y a las diferentes versiones que circularon en medios de comunicación, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta ese municipio con el fin de verificar los hechos y brindar acompañamiento a la población civil afectada.
Según información obtenida con personas que presenciaron directamente los hechos, el día 27 de noviembre en las Veredas Juanchito y Pueblo Nuevo, ubicadas al margen del Rio Patía, sobre las 5 de la tarde, integrantes del ELN llegaron a las dos poblaciones con el fin de someter al grupo armado denominado “Resistencia Campesina”.
Los hermanos Álvaro y Nilson Samuel Cuero, integrantes de la línea de mando de este grupo que estaban en Pueblo Nuevo, se negaron a someterse. Las versiones de la comunidad manifiestan que Álvaro empezó a disparar y que los integrantes del ELN respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil.
Según el reporte de los ciudadanos el enfrentamiento dejó 13 muertos. La comisión de la Defensoría verificó con la población que en la vereda Pueblo Nuevo fueron hallados cuatro cadáveres, dos de ellos oriundos de dicha vereda e integrantes de “Resistencia Campesina”, los hermanos Álvaro Cuero y Nilson Samuel Cuero. El tercer cuerpo corresponde presuntamente a alias Uriel, proveniente de una vereda del río Tapaje en el Municipio del Charco. El último de estos cuerpos pertenecería a Héctor Segundo Borja Estupiñan, que, según la información de la comunidad, padecía una discapacidad mental.
Así mismo, otros dos cuerpos fueron sepultados el día miércoles 29 de noviembre en horas de la tarde en la vereda Ricaurte y, según información de la comunidad, eran miembros de la población civil. Los restos corresponden a Yensi Carolina Orobio Arboleda, de 22 años de edad y en embarazo, y Dubán Maquines Ordoñez.
También se verificó con la población civil que en la vereda Playón fueron sepultados Milton Mauricio Quiñones y Yenson Bernardo Quiñones Hurtado, declarados como civiles. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad aseguran que eran disidentes de las Farc.
Otros dos cadáveres fueron sepultados en la vereda Panga del municipio de Roberto Payan, pertenecientes a Hugo Alfredo Preciado y Jorge Leonardo Pastrana y un cuerpo sin vida, que no pudo ser identificado, fue llevado a la vereda Punta de Barco.
En la vereda las Cruces del Municipio de Barbacoas fue sepultado un cadáver identificado como Jesús Orfilio Landazury Quiñones, y un último cuerpo fue hallado el día sábado 2 de diciembre que pertenece a Édinson Ortiz Bolaños, quien era el Representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas.
La comunidad también reportó a la Comisión de la Defensoría que Wilman Haney Ortiz Bolaños fue retenido por el ELN. Según la información de la población, hacía parte de las disidencias y es conocido con el Alias de Gavilán, hermano del fallecido Édison Ortiz Bolaños. Por lo anterior, el Defensor Negret Mosquera anunció que elevará ante las autoridades competentes las denuncias sobre la violación al cese fuego y hostilidades que representa esta acción por parte de miembros de esa guerrilla.
Toda la población a la que obtuvo acceso la Defensoría manifestó sentir temor ante posibles nuevos enfrentamientos. La población se expresó preocupada por las restricciones a la movilidad, lo que se constituye en confinamiento. “La Entidad hace un llamado para que se protejan las autoridades civiles y líderes sociales de la zona quienes han manifestado esta amenazados por tratar de proteger la población y denunciar hechos violentos.”, señaló Negret Mosquera.
Así mismo insistió en la necesidad que el Estado llegue con oferta institucional a todo el Andén Pacífico en donde la Defensoría ha evidenciado el confinamiento que sufren los campesinos, que por acción de grupos violentos no pueden desplazarse, realizar sus actividades de campo o estudio. “Necesitamos al gobierno dando asistencia a todas la veredas más recónditas”, puntualizó Negret Mosquera
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