NOS PERMITIMOS DAR A CONOCER COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Representantes de las Víctimas, manifestaron su preocupación por el rezago en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos, a seis años de haber sido promulgados.
En atención a esta preocupación, las Comisiones realizaron una Sesión Ampliada de Alto Nivel a la que fueron convocados, entre otros, el Ministro del Interior, el Ministro de Agricultura y la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.
Lo anterior, con el fin de conocer las estrategias trazadas por las entidades gubernamentales para superar las dificultades identificadas en el financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes, la articulación en el territorio para la implementación de la política frente a los nuevos instrumentos de desarrollo, y por último, la protección de los derechos de los líderes y reclamantes de tierras.
Vigencia y financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes
Las Comisiones manifestaron que si bien es cierto que el Gobierno incrementó el monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación (a partir de 2012), el rezago es evidente.
A la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas; hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13.211 familias tienen el subsidio pero no les han entregado la vivienda certificada, por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados.
Los análisis de la Contraloría indican además que la inversión de las entidades territoriales en la atención a las víctimas es incierta, toda vez que los Departamentos y Municipios registran serias inconsistencias en los distintos instrumentos como el “Tablero PAT” y el Formato Único Territorial (FUT-Víctimas).
Respecto a la implementaciones del acuerdo de paz no parece aclarar el panorama financiero de la política de asistencia, atención y reparación a la víctimas, por un lado, el Gobierno Nacional estimó formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizaría la implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011. Finalmente, el financiamiento del acuerdo replica la estrategia de incluir en la contabilidad los recursos del SGP y es así como el 29.2% de los recursos corresponderían a las transferencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales a través del SGP.
Articulación de la implementación de la política pública de víctimas frente a los nuevos instrumentos de desarrollo territorial
Las Comisiones han evidenciado que pese a la existencia formal de espacios y mecanismos de participación para las víctimas, no hay incidencia efectiva en la toma de decisiones con respecto a la política pública, y no en todos los casos tienen la financiación que requieren para el desarrollo de sus actividades.
Frente al Espacio Amplio de Participación, no es claro cómo serán implementadas las 2.493 propuestas de la población víctima en una eventual modificación de la política pública, ni cómo se garantizará la participación de la población víctima étnica, toda vez que no fueron convocadas como colectividad a dicho espacio.
Por otro lado, no se evidencia una estrategia clara de articulación entre los procesos de restitución de tierras, los procesos de retornos y reubicación, los planes de reparación colectiva y los PDET.
Particularmente frente a los procesos de reparación colectiva étnicos y no étnicos se observa un grave rezago por cuanto a la fecha ninguno de los 522 procesos ha culminado, y los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la articulación para la implementación de algunas medidas.
Protección a los líderes de víctimas y reclamantes de tierras
Para las Comisiones, es prioritario que el Estado Colombiano logre garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las víctimas, con estrategias más rápidas y eficientes de seguridad en los territorios y la construcción de escenarios de reconciliación y convivencia.
El Informe de Riesgo 010 del 30 de marzo de 2017, emitido por la Defensoría del Pueblo, plasma el preocupante panorama nacional de amenaza, intimidaciones, homicidios y ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunitarios, así como sus organizaciones.
Este informe señaló el riesgo de vulneraciones a derechos en 255 municipios del país, y destacó los 156 homicidios registrados hasta entonces. Hoy esa cifra, según datos del Sistema de Alertas Tempranas, llega a 204 homicidios registrados en 24 departamentos.
Se insiste en la importancia de las advertencias emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas SAT, en el que a través de sus informes de riesgo, ha descrito escenarios en los que se requieren por parte del Gobierno la coordinación de acciones preventivas y de respuesta rápida con la implementación de mecanismos de protección individual y colectiva a líderes y lideresas.
En atención a esta preocupación, las Comisiones realizaron una Sesión Ampliada de Alto Nivel a la que fueron convocados, entre otros, el Ministro del Interior, el Ministro de Agricultura y la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.
Lo anterior, con el fin de conocer las estrategias trazadas por las entidades gubernamentales para superar las dificultades identificadas en el financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes, la articulación en el territorio para la implementación de la política frente a los nuevos instrumentos de desarrollo, y por último, la protección de los derechos de los líderes y reclamantes de tierras.
Vigencia y financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes
Las Comisiones manifestaron que si bien es cierto que el Gobierno incrementó el monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación (a partir de 2012), el rezago es evidente.
A la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas; hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13.211 familias tienen el subsidio pero no les han entregado la vivienda certificada, por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados.
Los análisis de la Contraloría indican además que la inversión de las entidades territoriales en la atención a las víctimas es incierta, toda vez que los Departamentos y Municipios registran serias inconsistencias en los distintos instrumentos como el “Tablero PAT” y el Formato Único Territorial (FUT-Víctimas).
Respecto a la implementaciones del acuerdo de paz no parece aclarar el panorama financiero de la política de asistencia, atención y reparación a la víctimas, por un lado, el Gobierno Nacional estimó formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizaría la implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011. Finalmente, el financiamiento del acuerdo replica la estrategia de incluir en la contabilidad los recursos del SGP y es así como el 29.2% de los recursos corresponderían a las transferencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales a través del SGP.
Articulación de la implementación de la política pública de víctimas frente a los nuevos instrumentos de desarrollo territorial
Las Comisiones han evidenciado que pese a la existencia formal de espacios y mecanismos de participación para las víctimas, no hay incidencia efectiva en la toma de decisiones con respecto a la política pública, y no en todos los casos tienen la financiación que requieren para el desarrollo de sus actividades.
Frente al Espacio Amplio de Participación, no es claro cómo serán implementadas las 2.493 propuestas de la población víctima en una eventual modificación de la política pública, ni cómo se garantizará la participación de la población víctima étnica, toda vez que no fueron convocadas como colectividad a dicho espacio.
Por otro lado, no se evidencia una estrategia clara de articulación entre los procesos de restitución de tierras, los procesos de retornos y reubicación, los planes de reparación colectiva y los PDET.
Particularmente frente a los procesos de reparación colectiva étnicos y no étnicos se observa un grave rezago por cuanto a la fecha ninguno de los 522 procesos ha culminado, y los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la articulación para la implementación de algunas medidas.
Protección a los líderes de víctimas y reclamantes de tierras
Para las Comisiones, es prioritario que el Estado Colombiano logre garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las víctimas, con estrategias más rápidas y eficientes de seguridad en los territorios y la construcción de escenarios de reconciliación y convivencia.
El Informe de Riesgo 010 del 30 de marzo de 2017, emitido por la Defensoría del Pueblo, plasma el preocupante panorama nacional de amenaza, intimidaciones, homicidios y ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunitarios, así como sus organizaciones.
Este informe señaló el riesgo de vulneraciones a derechos en 255 municipios del país, y destacó los 156 homicidios registrados hasta entonces. Hoy esa cifra, según datos del Sistema de Alertas Tempranas, llega a 204 homicidios registrados en 24 departamentos.
Se insiste en la importancia de las advertencias emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas SAT, en el que a través de sus informes de riesgo, ha descrito escenarios en los que se requieren por parte del Gobierno la coordinación de acciones preventivas y de respuesta rápida con la implementación de mecanismos de protección individual y colectiva a líderes y lideresas.
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