Luego de un par de meses de incertidumbre la juez que tenía que resolver la situación del ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade, determinó que el ingeniero permanezca en detención domiciliaria mientras se sigue el proceso en su contra. La fiscalía acusa a Andrade de tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, y ocultamiento y destrucción de material probatorio
La argumentación de la juez para imponer la medida de aseguramiento contra Andrade culminó con un sabor agridulce para el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, que permanece sentado en el banquillo de acusados. La petición de la Fiscalía era que Andrade fuera enviado a prisión para evitar que pudiera incidir en el desarrollo del proceso. El defensor del acusado, el penalista Albeiro Yepes, argumentó que no había ninguna razón para privar de la libertad a su cliente y solicitó que Andrade permaneciara en libertad. Al final la juez de garantías optó por una vía intermedia: la prisión domiciliaria.
Si bien la juez 57 de control de garantías de Paloquemao, en Bogotá, consideró que como funcionario Andrade no obtuvo ningún beneficio económico por su gestión ni se encontró detrimento patrimonial alguno bajo su gestión, la togada también consideró que el director de la ANI pudo haber incurrido en interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el Otrosi a través del cual se agregó a la mega troncal Ruta del Sol2, que operó Odebrecht, el tramo de la vía Ocaña-Gamarra. La juez tuvo la misma consideración respecto al proyecto de la navegabilidad del río Magdalena.
Para ocultar esos intereses, afirmó la juez, Luis Fernando Andrade habría incurrido en el presunto delito de falso testimonio y habría presionado a su subordinado, Juan Sebastián Echeverri, para mentir las autoridades.
Ese fue justamente el argumento que empleó el despacho judicial para afirmar que el ex director de la ANI trató de obstaculizar el buen desarrollo del proceso y el motivo crucial por el que le decretó prisión domiciliaria.
La argumentación de la juez para imponer la medida de aseguramiento contra Andrade culminó con un sabor agridulce para el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, que permanece sentado en el banquillo de acusados. La petición de la Fiscalía era que Andrade fuera enviado a prisión para evitar que pudiera incidir en el desarrollo del proceso. El defensor del acusado, el penalista Albeiro Yepes, argumentó que no había ninguna razón para privar de la libertad a su cliente y solicitó que Andrade permaneciara en libertad. Al final la juez de garantías optó por una vía intermedia: la prisión domiciliaria.
Si bien la juez 57 de control de garantías de Paloquemao, en Bogotá, consideró que como funcionario Andrade no obtuvo ningún beneficio económico por su gestión ni se encontró detrimento patrimonial alguno bajo su gestión, la togada también consideró que el director de la ANI pudo haber incurrido en interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el Otrosi a través del cual se agregó a la mega troncal Ruta del Sol2, que operó Odebrecht, el tramo de la vía Ocaña-Gamarra. La juez tuvo la misma consideración respecto al proyecto de la navegabilidad del río Magdalena.
Para ocultar esos intereses, afirmó la juez, Luis Fernando Andrade habría incurrido en el presunto delito de falso testimonio y habría presionado a su subordinado, Juan Sebastián Echeverri, para mentir las autoridades.
Ese fue justamente el argumento que empleó el despacho judicial para afirmar que el ex director de la ANI trató de obstaculizar el buen desarrollo del proceso y el motivo crucial por el que le decretó prisión domiciliaria.
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