CONFIRMAN RESPONSABILIDAD CIVIL DE ASEGURADORA EN DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO EN ATLÁNTICO

El Consejo de Estado ratificó la decisión por medio de la cual la Contraloría declaró a la compañía La Previsora S.A. como tercera civilmente responsable del daño patrimonial causado por servidores públicos de la Gobernación del Atlántico que autorizaron pagar intereses moratorios sobre cuotas pensionales por 5.800 millones de pesos sin contar con el sustento legal para hacerlo.

El fallo, proferido por la Sección Quinta, ratificó la sentencia del 28 de marzo del 2012, en la que el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de nulidad de las resoluciones a través de las cuales el ente de control fiscal estableció la responsabilidad civil de la firma aseguradora en el daño patrimonial, en virtud de la existencia de una póliza global de manejo por 496 millones de pesos.

La demandante aseguraba que, contrario a lo concluido por la Contraloría, el pago realizado por los servidores públicos de la Gobernación sí tenía sustento legal, de un lado, en la Circular Conjunta Nº 069 de noviembre de 2008 y, de otro, en el Concepto 732 de 1995, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 

En el expediente se probó que el pago se efectuó sobre cuotas pensionales causadas a 30 de octubre de 2005, de forma que la liquidación y pago de los intereses moratorios que causaron el daño patrimonial tuvieron lugar en el año 2006, es decir, mucho antes de la expedición de la circular que data del año 2008.

Además, se corroboró que la Sala de Consulta, en el concepto invocado por la parte actora, conceptuó sobre cuál era el interés moratorio que aplicaba en los procesos de jurisdicción coactiva que tenía a su cargo las contralorías, asunto que en nada tocaba con el tema analizado en el caso concreto, y por ende, no podía de servir de sustento al pago de los intereses moratorios de las cuotas pensionales. 

Finalmente, la Sala precisó que aunque, eventualmente, pudieran existir otras normas que sustentaren el pago de intereses moratorios del caso concreto, lo cierto es que esas presuntas normas no fueron objeto de la Litis ni en la demanda, ni en el recurso de apelación, razón por las que la Sección no podía emitir pronunciamiento alguno al respecto.

SE OFICIALIZA A CLAUDIA LÓPEZ COMO FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL DE FAJARDO

Sergio Fajardo el candidato presidencial de la Coalición Colombia confirmó a Claudia López como su fórmula vicepresidencial para afrontar de lleno la campaña con miras a las elecciones del próximo 27 de mayo.

Aunque el rumor se había escuchado desde hace varios días, hubo que esperar una serie de reuniones entre Verdes, Polo y sectores de Fajardo para rarificar esa decisión. 

El anuncio se hizo en el barrio Minutos de Dios en el occidente se Bogotá, lugar en donde vive la mamá de Claudia López y en donde además pasó su infancia. 

Fajardo y López aseguraron que trabajarán por la reconciliación del país y que empezarán una correría por todo el país para dar a conocer sus propuestas de Gobierno.

Tomada de: Caracol

UN POLICÍA MUERTO Y TRES HERIDOS DEJÓ UN ATAQUE EN URABÁ

Un policía murió y otros tres resultaron heridos en un ataque que se registró en la madrugada de este miércoles.

Al parecer, el ‘clan del Golfo’ estaría detrás de la situación: habría disparado con fusil contra una patrulla del Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorista, que en ese momento se desplazaba por el sector El Tres, en Turbo, en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con el departamento de Policía Urabá, el hecho se registró a 4:48 a. m. de este miércoles, cuando los uniformados se desplazaban hacia el municipio de Necoclí (Urabá) para realizar labores de verificación y revista de armamento e intendencia en la base de Antinarcóticos de ese municipio.

Como resultado de esta acción, perdió la vida el patrullero Juan Gabriel Sepúlveda Mojica y resultaron heridos el intendente John Faber Suescún Valencia y los patrulleros Eraldo José Polo González y Wilmer Ariel Páez Avendaño, quienes fueron trasladados al hospital Francisco Luis Valderrama de Turbo. 

“La Policía Nacional lamenta profundamente y rechaza este hecho, y se solidariza con la respetada familia del patrullero asesinado, de 35 años, oriundo de San Mateo (Boyacá) y quien hacía parte de la Institución desde hacía 11 años. Igualmente, la Policía acompaña los uniformados lesionados y desea su pronta recuperación”, dice la entidad. 

La institución inició las investigaciones que permita capturar a los responsables del ataque y reiteró su compromiso de colaboración con las demás autoridades competentes para esclarecer este reprochable hecho.

Tomada de: El Tiempo

DOS EX MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE CÚCUTA PAGARÁN MÁS DE 20 AÑOS DE CÁRCEL

Se trata de los togados Fernando Castañeda Cantillo y Féliz María Galvis Ramírez quienes emitieron fallos de tutelas que afectaron el presupuesto de Ecopetrol. Ambos fueron hallados culpables de los delitos de concierto para delinquir, peculado apropiación y prevaricato.
La Corte Suprema de Justicia condenó a los exmagistrados del Tribunal de Cúcuta, Fernando Castañeda Cantillo y Féliz María Galvis Ramírez, por haber participado en un carrusel de fallos tutelas que causó detrimentos a Ecopetrol por más de $137.475 millones. El alto tribunal los halló culpables de los delitos de concierto para delinquir, peculado apropiación y prevaricato.

Según la investigación de la Fiscalía, entre 2010 y 2011, la Sala Laboral del Tribunal –integrada por el entonces magistrado Galvis y su homólogo Castañeda Cantillo, también– concedió varias sumas de dinero a los tutelantes a través de sentencias que eran falladas en contravía de la ley y que la Corte Constitucional revocó un año en 2012.

El ente investigador encontró que con 18 fallos de tutelas a favor de aproximadamente 580 accionantes se causó un detrimento patrimonial a Ecopetrol por más de $137 millones. Para cometer esta irregularidades, detalló la Fiscalía, los funcionarios judiciales de esa época concertaron previamente con varios de jueces y abogados litigantes.

Para la magistra de la Corte Suprema, Patricia Salazar, no hubo duda de que los fallos fueron ilegales. Así lo explicó durante la lectura de fallo que se llevó a cabo hoy, 27 de febrero. "Se establece que la comunidad delictiva tenía el claro propósito de ejecutar conductas punibles pues se pretendía favorecer por medio de fallos ilegales a un número indefinido de empleados y exempleados de Ecopetrol", explicó la magistrada. 

Tanto Castañeda Cantillo, como Galvis Ramírez, fueron condenados en el mismo fallo. Sin embargo, las penas fueron ligeramente distintas. Al primero, la Corte ordenó que pague una condena en prisión de 21 años y una multa por más de $24 mil millones. En cuanto Galvis Ramírez, el alto tribunal lo condenó a 22 años de cárcel y a pagar una multa de más de $25 mil millones. Ambos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. 

La magistrada Salazar fue severa en su sentencia. Además de decretarle la muerte en sus carreras como jueces y de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos, la togada no les dio el beneficio de cumplir su condena en prisión domicilaria. Debido a esta decisión, la magistada le ordenó al Inpec a que revise la situación actual del exmagistrado Castañeda Cantillo quien se encuentra en asa por cárcel por razones médicas. 

EJÉRCITO ACUSA A ELN DE ATAQUE QUE DEJÓ CINCO MILITARES MUERTOS EN N. DE SANTANDER

A guerrilleros pertenecientes al Frente Juan Fernando Porras Martínez del Eln atribuyó este martes el Ejército Nacional la emboscada contra una patrulla militar en Norte de Santander que deja, de forma preliminar, cinco soldados muertos y otras 10 más heridos.

Según detalla la institución, en cabeza del Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, el ataque con explosivos se presentó sobre la 1:00 de la madrugada a la altura de la vereda Palmarito, en la vía que de Tibú conduce al sector de Salazar de las Palmas, en Norte de Santander.

Allí, informa el Ejército, fue activado un artefacto explosivo improvisado, instalado por sujetos pertenecientes al Eln. Las víctimas son cinco soldados profesionales quienes perdieron la vida, mientras que otros 10 resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de Cúcuta, para ser atendidos.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como los soldados Jhonathan Pérez Burbano (proveniente de El Tambo, Nariño); Gabriel Alonso Pérez Caro (de San Jerónimo, Antioquia); Laurentino Peña Peña (de Bolívar, Valle del Cauca); Jeisson David Peña Roco (de Bogotá) y Egdy Fernando Pérez Ante (de Santa Rosa, Cauca).

“Rechazamos estás acciones cobardes e indiscriminadas, donde el Eln, ante la imposibilidad de enfrentar a las tropas, emplean medios y métodos de guerra no convencionales, prohibidos expresamente por el Derecho Internacional Humanitario, que ponen en riesgo la vida de nuestras tropas y de la comunidad que transita por el sector”, declara la institución.

El Ejército, que expresa su condolencia y acompañamiento a las familias de las víctimas, declara que las operaciones militares seguirán desarrollándose en la región del Catatumbo y en el departamento de Norte de Santander, “con el firme propósito de velar por la tranquilidad, seguridad y defensa de los habitantes”.

En respuesta al hecho, el presidente Juan Manuel Santos calificó como un "cobarde atentado" el ataque contra la caravana militar y advirtió que irán "tras los responsables". 

Tomada de: El espectador

¿POR QUÉ QUEDÓ EN LIBERTAD EL EXGOBERNADOR HUGO AGUILAR?

El coronel (r) Hugo Aguilar, condenado por nexos con paramilitares y recapturado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, quedó en libertad y así enfrentará el juicio en su contra.

El juez consideró que hay evidencias de que el exoficial se enriqueció ilícitamente, sin embargo no estará preso durante el juicio en su contra por dos delitos.

Estos son los argumentos del juez para no atender la petición de la Fiscalía de mantener a Aguilar privado de la libertad.

- El juez consideró que la Fiscalía tiene el deber de investigar cuando exista sospecha sobre el manejo de recursos ilegales, y si decidió llamar a imputación de cargos al coronel Aguilar, es porque encuentra que hay movimientos que deben ser procesados judicialmente.

- El funcionario judicial dijo que el ente acusador sí presentó elementos de juicio para evidenciar que el exgobernador registra un posible incremento injustificado en su patrimonio.

- Para el juez no hay evidencias de que el coronel Aguilar esté vinculado actualmente a un grupo armado ilegal. Aunque fue condenado por nexos con el Bloque Central Bolívar, hoy esa organización está desmovilizada.

- El coronel Aguilar no representa un peligro para la sociedad. La Fiscalía, a juicio del juez, no sustentó a quien ponía en riesgo el exgobernador.

- A juicio del juez no hay riesgo de que el oficial evada la acción de la justicia.

Durante la audiencia sorprendió la posición de la Procuraduría que incluso había pedido al juez de garantías que le concedió la libertad condicional a Aguilar que revocara esa decisión.

A pesar de esa posición inicial, en este proceso no respaldó la petición de la Fiscalía de privarlo de la libertad.

Además, el representante de la Procuraduría dijo en la audiencia que la Fiscalía se equivocó al plantear los supuestos delitos de habría cometido el coronel Aguilar.

El funcionario sostuvo que la Fiscalía no específico cual medida de aseguramiento pedía para Aguilar. Sin embargo, el juez consideró que sí lo hizo y que lo que se pidió fue que el oficial fuera privado de la libertad y enviado a prisión.

Este martes, la procuraduría expidió un comunicado en el que señala que existen suficientes pruebas del enriquecimiento ilícito de funcionario público. 

“El Ministerio Público no comparte que Aguilar Naranjo sea procesado por enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, y a través de la Delegada del Ministerio Público asumirá la representación en el proceso y de ser necesario intervendrá en la reformulación de los cargos”, señaló la Procuraduría, que había destituido e inhabilitado al exfuncionario.

Tomada de: El Tiempo

CORTE SUPREMA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A DILIAN FRANCISCA TORO

En las últimas horas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.

De acuerdo con el alto tribunal, no hay pruebas suficientes para abrir una investigación formal a la gobernadora. 

La exsenadora era indagada por presuntamente haberse beneficiado para las elecciones que se llevaron a cabo en el 2006 tras la supuesta presión de grupos paramilitares. 

Cabe recordar que Toro estuvo involucrada en el 2008 en el caso de parapolítica, sin embargo, esta investigación le fue archivada. 

Tomada de: Cable Noticias

SÍ HAY PRUEBAS DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE HUGO AGUILAR COMO FUNCIONARIO: PROCURADURÍA

La Procuraduría General de la Nación advierte que en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, "existen suficientes pruebas del enriquecimiento ilícito de funcionario público".

El Ministerio Público informó, que no comparte que Aguilar Naranjo sea procesado por enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, y a través de la Delegada del Ministerio Público asumirá la representación en el proceso "y de ser necesario intervendrá en la reformulación de los cargos".

Para la Procuraduría, que procesalmente no puede imputar un nuevo delito, el exgobernador de Santander "debe responder por el incremento injustificado de su patrimonio desde el año 2000 hasta 2015", por lo que para el ente de control estaría justificada una medida de aseguramiento intramural si se modifica el delito por el de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Aguilar Naranjo fue diputado entre 2001 y 2002 y gobernador de Santander entre 2004 y 2007. Asimismo, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y fue destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría. 

Tomada de: RCN

YOHANA JIMÉNEZ, DEL CENTRO DEMOCRÁTICO, USA A ASESINO DE YULIANA SAMBONÍ PARA SU CAMPAÑA

La candidata al Senado por el partido uribista difunde en medios una propaganda en la que, artificiosamente, habla Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de cárcel por el secuestro, violación y homicidio de la niña.

La pieza, difundida por Caracol Radio, no como pauta pagada, sino como objeto de análisis, comienza con una cortinilla de voces de niños en murmullo a la cual se sobrepone la voz seca de un hombre.
“Soy Rafael Uribe Noguera. Secuestré, torturé, violé y asesiné a una niña de 7 años. Gracias a los beneficios a los que tengo derecho, no pagaré más de 30 años de prisión. ¿Adivinen a qué voy a salir?”.

Tras la terrible advertencia velada en la pregunta de ‘Uribe Noguera’, habla Jiménez: “No más asesinos y violadores de niños libres. Soy Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez. Como lo hizo mi mamá, no descansaré hasta lograr la prisión perpetua…”.

l presentar la propaganda, Darcy Quinn no dudó en calificarla: “Escabroso”.
“Es bravo”, dijo el jurista Hernando Herrera. “Duro, duro”.
“El que la hace, la paga, señor”, defendió Darío Arizmendi.
Pero Herrera fue más reflexivo. “Ahí uno en principio piensa qué se necesita: más persecución del delito o penas más altas. Y a veces ese denominado populismo judicial de cadena perpetua… Lo que necesitamos es cogerlos y hay una ley de feminicidio que, por ejemplo, castiga y sanciona con 60 años de cárcel”.

Sin mencionarlo, es claro que Herrera hizo referencia a lo que han planteado otros especialistas en el sentido de que no se necesita una cadena perpetua en el país, porque si se aplica con rigor la mayor condena de 60 años, en sí misma entraña ya una cadena perpetua.
Una certeza sí queda después de oír la propaganda de Jiménez, y que tiene base en los criterios de la razón: cuando los argumentos brillan por su ausencia, es más fácil apelar a la sensiblería.

Tomada de: Pulzo

EN MISIVA A PRESIDENTE SANTOS, PROCURADOR SOLICITA AGILIZAR LA REPARACIÓN A VÍCTIMAS

El procurador Fernando Carrillo, en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, considera que es necesario que la Procuraduría realice una vigilancia especial de las acciones de preservación y custodia sobre los bienes incluidos en el patrimonio autónomo declarados por las Farc.

Sobre los bienes que están en extinción de dominio por la Fiscalía General los cuales no fueron declarados ni inventariados por las Farc indicó que el Acuerdo Final debe garantizar la no reparación del conflicto y que esto requiere la implementación de los compromisos alcanzados.

Además, recordó que la Ley Estatutaria expresa que hay una obligación de aportar la verdad plena.

Noticia en desarrollo...

Tomada de: RCN

GALEÓN SAN JOSÉ ES PROPIEDAD DE LA NACIÓN: CONSEJO DE ESTADO

“Las piezas provenientes del presunto hallazgo del galeón San José que sean declaradas patrimonio cultural sumergido, pertenecen a la Nación”. Esa es la conclusión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 13 de febrero de 2018 proferida dentro del marco del mecanismo eventual de revisión, por lo cual decidió de forma definitiva la acción popular presentada por Antonio José Rengifo, en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General Marítima y Portuaria de Colombia, la sociedad norteamericana Sea Search Armada y del abogado Danilo Devis Pereira.

Esto se considera un paso importante en la protección de los bienes que contenga el Galeón San José y le da respaldo a la defensa que sobre estos bienes debe desarrollar el Estado.

¿Patrimonio Cultural o Tesoro?

Uno de los pilares de esta sentencia es la definición y diferenciación patrimonio cultural y tesoro. Según el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, “El tesoro es asunto del Código Civil y fue superado por la ley 363 del 59, en el sentido de que lo que es patrimonio cultural, no es tesoro. Tesoro sería en estricto, los bienes abandonados por sus propietarios que no constituyan patrimonio cultural, es decir si se encuentran, por ejemplo, una caleta de dólares”.

Agregó que “el patrimonio cultural sumergido no es tesoro”. Sin embargo, aclaró que las distinciones de qué es patrimonio cultural de la nación le corresponde ahora al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, lo cual será el siguiente paso en este proceso.

Para el magistrado ponente, William Hernández, presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, los artículos 72 y 73 de la Constitución, marca la ruta jurídicia. Afirma que “el concepto de tesoro es lo que ha quedado sumergido o enterrado pero que con el tiempo no se conoce el propietario, pues se ha perdido el rastro del propietario de los bienes escondidos”.

Para el caso “del patrimonio cultural sumergido y de las especies náufragas o antigüedades náufragas de más de 100 años, como es el caso de los galeones u otros pecios que se encuentran en el fondo del mar Caribe cercano a nuestras costas, tenemos claro que la nación es propietaria de todos esos bienes y así lo estableció la constitución de 1821, cuando por medio de la ley 16 de 1821 confiscó todos los bienes pertenecientes al gobierno español”.

Además en “1881 se firmó un tratado de paz y amistad entre el gobierno de los Estados Unidos de Colombia y el Reino de España, donde se estableció el paz y salvo frente a cualquier tipo de bienes o disputas entre los dos estados”.

¿Qué es patrimonio cultural y qué no lo es?

Uno de los principales debates, en el tema del Galeón, es sobre a quién le pertenecen las monedas o lingotes de oro que se puedan encontrar en el mismo. Para esto el magistrado Hernández dice que “la ley 1675 del año 2013 fue clara en el artículo tercero al señalar los criterios para determinar qué es patrimonio cultural sumergido y qué no lo es. Es el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el que define en última instancia con cuatro criterios”.
Los criterios a los cuales se refiere el magistrado son:

1. Representatividad: que tengan elementos identificadores de una cultura.

2. La singularidad: que se constituya en pieza única.

3. La repetición: para Hernández este punto “ya fue analizado por la Corte Constitucional, no necesariamente debe ser único sino debe tener criterio unidad, es decir, aunque se encuentren monedas de oro o lingotes y sean repetitivos por ese hecho no se convierten en tesoro. Siguen siendo patrimonio cultural, siguen siendo propiedad de la Nación, por tanto no se someten al concepto de tesoro del Código Civil, sino que se deben analizar y distribuir de manera diferente.

4. La conservación e importancia científica.

Finalmente señala que “con toda la evolución de normas del derecho público y de la ley 163 de 1959 que es un mojón histórico importante promovido por el maestro Germán Arciniegas, es claro que en el caso del Galeón, siempre se debe proteger ese patrimonio cultural sumergido”. Y reitera que la única entidad competente es el Consejo Nacional de Patrimonio.

SUPERSOCIEDADES FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA SUPERCUNDI

Con la intención de mantener altos niveles de transparencia en las compañías, y evitar que estas sean utilizadas como mecanismos de lavado de activos, la Superintendencia de Sociedades, en octubre del año pasado, ordenó a cierto número de empresas la puesta en marcha de un sistema de control contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Una de las empresas a las que se le pidió la presentación de dicho requerimiento fue Supercundi, compañía señalada por la Fiscalía de dar apariencia de legalidad a dinero procedente de secuestros, extorsiones y pescas milagrosas protagonizadas por las Farc.

Esta mañana la Supersociedades formuló pliego de cargos contra dicha empresa al incumplir con la presentación del sistema anteriormente mencionado.

“Algunas compañías no cumplieron con esta instrucción y desde luego la superintendencia abrió pliegos de cargos ante el incumplimiento que deben ser respondidos en los términos que la entidad establece”, precisó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

Para este directivo la presentación de este sistema contra el lavado de activos y financiación del terrorismo se traduce en el aporte que brindan las compañías en la lucha contra dicho flagelo.

Para el caso de Supercundi, la empresa tendrá un plazo de cinco días hábiles para que sus directivas presenten sus descargos. De llegarse a comprobar su incumplimiento podría acarrear una sanción estimada en 200 salarios mínimos, es decir, más de $156 millones.

Tomada de: El Espectador

ESTOS SON LOS DOS INVESTIGADOS POR FRENAR OPERACIÓN CONTRA NARCOVUELO

Se conoció en exclusiva los nombres de dos (de tres) funcionarios de la Aerovicil que están siendo investigados por frenar una operación militar de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que buscaba neutralizar un vuelo de la mafia.

Tal como se reveló, los hechos se registraron el 31 de octubre de 2017, cuando el avión Cessna Citation SR 560 salió de la Base Militar de Palanquero tras un biomotor, y fue devuelto por tres funcionarios de la Aerocivil. 

El comandante de la FAC, Carlos Eduardo Bueno, confirmó el episodio irregular con los controladores de la Aerocivil.

"Nos dimos cuenta que era un vuelo ilegal porque el avión, que venía de Centroamérica, no tenía plan de vuelo, volaba muy pegado al mar y no sabíamos quiénes venían en su interior. Por eso, se determinó que se trataba de una traza ilegal. En 2017 gracias al sistema de radares detectamos 138 de este tipo”, explicó el alto oficial.

Y reveló que, después de 25 minutos esperando que pudieran aproximarse al monomotor para tomarle foto y persuadir a su piloto a aterrizar, se llamó directamente al enlace de la Aerocivil. Pero este también recibió una negativa de los encargados. 

“Aunque a veces se demoran dándonos la autorización, nunca habíamos tenido un caso tan complejo como este. Cuando el monomotor notó que lo habíamos detectado, se devolvió a Centroamérica sin entrar al espacio aéreo colombiano”, agregó el general Bueno.

Y reveló que ellos le informaron de lo sucedido a la Aerocivil, quien pasó la queja a la Fiscalía y a la Procuraduría.

Según la información, considerada de seguridad nacional, una de las personas que aparecen en el expediente es Claudia Viviana Orozco Rodríguez, controladora de tránsito aéreo. Se trata de una curtida funcionaria que ingresó a esa entidad el primero de julio de 2003.

Según su hoja de vida, tiene estudios en derecho y una especialización en el área de seguridad aérea. De hecho, figura como tesorera de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA). 

El otro funcionario que figura dentro de las investigaciones es Carlos Iván Henao Hernández, planificador del sector Oeste de la Aeronáutica. 

El tercer funcionario tiene el rango de supervisor, pero su nombre no ha trascendido.

Los sueldos de los indagados oscilan entre 1,5 millones de pesos y 3,5 millones de pesos. 

Tomada de: El Tiempo

POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN LIBERTAD LUZ MARY GUERRERO

Luz Mary Guerrero, la ex gerente de Servientrega, no fue la única beneficiaria con la decisión del juez 42 de garantías que otorgó la libertad por vencimiento de términos. 

Quienes resultaron capturados con ella el pasado 4 de octubre en Bogotá, también recibieron el beneficio: 

- Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty.

- Sara Guavita representante legal suplente de Servientrega.

- Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante.

- Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. 

De acuerdo con el juez pasaron más de 120 días y la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra los procesados, los investigadores aseguran que son muchas las pruebas lo que obligó a tomarse más tiempo del requerido. 

La Fiscalía estableció que los abogados de Mossack-Fonseca diseñaron una ruta para el tránsito de recursos de sus clientes. Elaboran las facturas, las pagaban y todo el dinero iba a parar a una entidad financiera con sede en las Bahamas. Luego eran los clientes quienes decidían a qué país enviar su dinero. 

Mossack-Fonseca constituyó empresas fachadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, todo para que los clientes justificaran millonarios gastos a cambio de pagar un porcentaje entre el 2,5 y el 4 del valor de las facturas. De esta forma los clientes ilegales escondían sus capitales de las autoridades tributarias en Colombia.

Tomada de: Caracol

PLINIO OLANO, OTRO ‘BULDÓCER’ QUE CAE POR EL CASO ODEBRECHT

Los últimos días no han sido los mejores para el ex senador del partido de la U, Plinio Olano, quien hace parte del tristemente célebre ‘grupo de los buldócer’. Así se denomina al grupo de congresistas que recibieron coimas millonarias de Odebrecht a cambio de garantizar a dicha empresa que no serían afectados por la reforma tributaria del 2012.

La cronología más inmediata del ex senador se resume así:

- 25 de julio de 2017: El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solicita que el ex congresista Plinio Olano sea investigado junto con los congresistas Antonio Guerra, Musa Besaile, Bernardo Elías y Ciro Rodríguez por el caso Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para investigarlos.

- 13 de febrero de 2018: Se hizo efectiva la captura contra el ex senador, según ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a solicitud de la sala de instrucción que lidera la magistrada Patricia Salazar. Se estableció que los delitos por los cuales deberá responder son: concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, supuestamente cometidos desde el 2010. Hasta esa fecha se desempeñó como director de la Federación Nacional de Departamentos.

- 23 de febrero de 2018: La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a prisión al ex senador, después de escucharlo en indagatoria.

Este proceso se da como consecuencia de que Otto Bula y Federico Gaviria actuaron como testigos en su contra.

Según Bula, Olano recibió parte del 4 por ciento de las coimas para sacar adelante el otrosí Ocaña-Gamarra en favor de Odebrecht. Además afirmó que el contacto directo con Olano lo tenía el ingeniero industrial Federico Gaviria, quien a la postre se convirtió en el delator del grupo político denominado ‘los buldóceres‘. 

Gaviria asegura que en medio de una serie de reuniones acerca del plan de infraestructura, “Maravillas de Boyacá”, se pactó el compromiso de pagar los 200 millones de pesos a la campaña por la gobernación del departamento, los cuales habrían sido entregados a través del ex senador.

Por su parte, Plinio Olano emitió un comunicado descalificando las acusaciones de Gaviria, argumentando que el ingeniero busca con estas mentiras obtener rebaja de penas.

Plinio es además, hermano de Germán Olano, quien se encuentra condenado por el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá, cuando el alcalde era el hoy condenado Samuel Moreno.

EL 16 DE MARZO GOBIERNO PRESENTARÁ PROYECTO PARA ELIMINAR TRES CEROS DEL PESO COLOMBIANO

El presidente Juan Manuel Santos, informó en entrevista que el próximo 16 de marzo, el gobierno presentará al Congreso el Proyecto de Ley para eliminar los 3 ceros del peso colombiano.

"El proyecto se va a presentar el próximo 16 de marzo, está listo, ya con el Banco de la República habíamos acordado que así sería porque la inflación volvió a estar otra vez controlada y es un proyecto favorable para la economía del país y para el futuro del país".

En este sentido el presidente informó que el Gobierno se ha preparado para el proyecto del nuevo billete, luego de la aprobación del congreso, que a su consideración no tiene grandes costos debido a que "el nuevo billete no tiene ceros, entonces ya nos estábamos preparando para que no tuviéramos que imprimir un número muy importante de billetes, eso ahorra costos".

Por su parte, el mandatario aseguró con respecto al cese al fuego del ELN durante las elecciones que "este comunicado y si lo respaldan con acciones es el tipo de gesto que estábamos buscando para reanudar esos diálogos, de manera que yo voy a estudiar bien el comunicado (…) y ahí tomaremos una decisión".

Con respecto al acuerdo de paz realizado con las Farc, Santos aseveró que "yo me cansé muchas veces en las negociaciones con las Farc, pero perseverar es algo que uno tiene que hacer en la búsqueda de un objetivo tan noble, (…) todo esfuerzo y toda paciencia vale la pena".

Santos aseguró con respecto al caso de los supermercados Supercundi, presuntamente de los testaferros de las Farc, que "a las Farc se les dijo, y está en los acuerdos, que cualquier bien que usted no declare, está sujeto a extinción de dominio por la vía ordinaria y eso es lo que vamos a aplicar a cualquier bien que encontremos que no esté debidamente declarado".

“A mí no me gustaría estar en los zapatos del señor Uribe”

Santos habló de las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en las que señala que el Gobierno está presionando a la Corte Suprema para que lo investigue.

“Lo primero que quisiera decirle es que a mí no me gustaría estar en los zapatos del señor Uribe

“Él como cualquier persona, como cualquier colombiano es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario y hay que presumir su inocencia y permitir que las cortes hagan su trabajo”, aseguró.

Añadió que su posición es clara: respetar las investigaciones de las cortes y respetar los fallos.

“Mi consejo a Uribe es que respete las instituciones como demócrata, respete la justicia y acate los fallos de la justicia”.

Tomada de: RCN

EXTRADITAN A EE.UU. A ALIAS ‘GERARD’, EL ‘PABLO ESCOBAR ECUATORIANO’

Washington Prado Alava alias ‘Gerard’, considerado por las autoridades como el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’ y quien permanecía recluido en la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, fue extraditado en la madrugada de este sábado hacia Estados Unidos.

‘Gerard’ es uno de los delincuentes más buscados en el vecino país e intentó evadir su extradición al hacerse pasar como guerrillero de las Farc.
Este viernes en la noche el Inpec había informado que guardias del centro penitenciario frustraron un intento de fuga de Prado Alava, por lo que lo trasladaron el Grupo de Reacción Inmediata del Inpec lo trasladó al pabellón PAS 2,  luego de protagonizar “actos de indisciplina, ingreso de licor y peleas con la guardia y con otros internos”, por lo que la institución ya había redoblado su vigilancia.

Alias ‘Gerard’ fue capturado en abril de 2017 y, según las autoridades, pretendía colarse en la Jurisdicción Especial para La Paz, haciéndose pasar como guerrillero, tal como lo ha acreditado el excabecilla de la Farc Gustavo González.

Su extradición este fin de semana se da luego de que la Corte Suprema y el propio presidente Juan Manuel Santos avalaran su traslado a manos de la justicia de los Estados Unidos,  donde es acusado de enviar más de 250 toneladas de cocaína.

Además, en ecuador registra antecedentes por delitos como tráfico de drogas, tráfico de migrantes y homicidio, además de ser señalado por autoridades de ese país de ordenar atentados contra jueces, fiscales y policías que adelantaban investigaciones en su contra.

Tomado: Blu Radio