ESCOLTA QUE MATÓ A DELINCUENTE: ¿UN EJEMPLO O UN POLÉMICO PRECEDENTE?
Seis días después del episodio en el que el escolta Mario Muñoz mató a un ladrón que atracaba a una mujer en el norte de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos lo invitó a la Casa de Nariño y, en medio de la reunión, de acuerdo con Muñoz, lo felicitó y le dijo que “hizo lo correcto”.
La actuación de Muñoz, que ha generado el respaldo de miles de colombianos a través de las redes sociales, está siendo evaluada por la Fiscalía, que en principio considera que se trata del derecho a la legítima defensa de un tercero y, por lo tanto, una conducta no punible.
El delincuente muerto había herido a la señora con un cuchillo y se abalanzó contra Muñoz cuando este decidió intervenir para evitar el atraco. Tenía antecedentes y la Policía avanza para capturar a sus cómplices en una banda especializada en atracar a conductores atrapados en los trancones bogotanos.
El hecho en sí mismo ha generado debate. Sobre todo porque algunos analistas temen que exaltar la situación pueda incentivar la justicia por mano propia, en un país ya aquejado por altísimos índices de violencia.
La ley es clara para definir las exenciones de castigo cuando las víctimas reaccionan ante sus victimarios. En el Código Penal hay 12 parámetros de exclusión sobre responsabilidad penal y una de ellas es la legítima defensa, que se verifica bajo requisitos como la proporcionalidad de la defensa con respecto a la amenaza y, sobre todo, el momento en el que se hace uso de la fuerza en contra del agresor.
La legítima defensa, un concepto que tiene más de 2.000 años y se consagró en el derecho romano, existe desde siempre en la legislación colombiana. En el caso de Muñoz, todo apunta a un uso legítimo de la fuerza. La Fiscalía está esperando los resultados de la necropsia de Nicolás Afanador Duarte, el ladrón que perdió la vida el pasado 30 de enero en Bogotá.
El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la legítima defensa es un derecho y que, si se prueba, simplemente se archiva el caso. De hecho, los policías o militares que matan a alguien en medio de una operación siempre enfrentan una investigación, pues se trata de un homicidio, pero como se supone que se trata del uso de la fuerza del Estado en situaciones legítimas, no procede un proceso penal. Lo contrario ocurre cuando hay irregularidades, como en los casos de los ‘falsos positivos’.
Wilson Herrera, director del Centro de Ética de la Universidad del Rosario, dice que frente a una situación como esta no hay respuestas en blanco y negro: “Por una parte hay una motivación loable y es la solidaridad evidenciada en que una persona no es indiferente frente a otra que está en peligro –dice– (...). Además, también había riesgo para su integridad física. Pero por otro lado, está la muerte de una persona y la idea ilegítima que existe de que uno mismo puede hacer justicia”.
Por eso asegura que aunque los mensajes de reconocimiento son válidos, hay que saber cómo darlos y explicarle muy bien a la ciudadanía que esto solo puede suceder cuando no hay otra opción, cuando “es una necesidad absoluta”.
Hace poco más de un año, un caso similar al de Muñoz despertó también la solidaridad de los habitantes de Barranquilla. Un escolta mató a un ladrón de 25 años cuando encontró que amenazaba con un arma a su hija en la entrada de su casa. El proceso terminó archivado en la Fiscalía, tras la presentación voluntaria del involucrado.
En febrero del 2017 otro escolta le disparó a un ladrón cuando atracaba a una pareja en el barrio Venecia de Bogotá. No lo mató, pero lo dejó gravemente herido.
Lo claro es que para alegar legítima defensa, bien en caso propio o de un tercero, esa respuesta tiene que darse simultáneamente con la agresión que pone en riesgo la vida. Es por eso que los linchamientos de delincuentes, sin importar el crimen, son considerados como una clara señal de sociedades en las que las instituciones están desbordadas por la violencia. Las escenas de delincuentes amarrados, golpeados y desnudados por la turba, que son comunes en el país y son virales en las redes sociales, no tienen amparo en la ley.
“Si esto está bien, entonces estamos mal. La sociedad no puede vivir con la creencia de ‘ojo por ojo y diente por diente’. Estamos en un mundo socializado y quienes cometan crímenes deben ser judicializados. Aceptar estos hechos es convocar a la sociedad a actos pasionales y a actos no fieles al bienestar social. No se puede autorizar a una persona asesinar a otra por más de que sea un ladrón. Se pierde la civilización y si nos saltamos los mecanismos de defensa nos volvemos una república bananera”, dice Fabián Sanabria Sánchez, doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Tomada de: El Tiempo
La actuación de Muñoz, que ha generado el respaldo de miles de colombianos a través de las redes sociales, está siendo evaluada por la Fiscalía, que en principio considera que se trata del derecho a la legítima defensa de un tercero y, por lo tanto, una conducta no punible.
El delincuente muerto había herido a la señora con un cuchillo y se abalanzó contra Muñoz cuando este decidió intervenir para evitar el atraco. Tenía antecedentes y la Policía avanza para capturar a sus cómplices en una banda especializada en atracar a conductores atrapados en los trancones bogotanos.
El hecho en sí mismo ha generado debate. Sobre todo porque algunos analistas temen que exaltar la situación pueda incentivar la justicia por mano propia, en un país ya aquejado por altísimos índices de violencia.
La ley es clara para definir las exenciones de castigo cuando las víctimas reaccionan ante sus victimarios. En el Código Penal hay 12 parámetros de exclusión sobre responsabilidad penal y una de ellas es la legítima defensa, que se verifica bajo requisitos como la proporcionalidad de la defensa con respecto a la amenaza y, sobre todo, el momento en el que se hace uso de la fuerza en contra del agresor.
La legítima defensa, un concepto que tiene más de 2.000 años y se consagró en el derecho romano, existe desde siempre en la legislación colombiana. En el caso de Muñoz, todo apunta a un uso legítimo de la fuerza. La Fiscalía está esperando los resultados de la necropsia de Nicolás Afanador Duarte, el ladrón que perdió la vida el pasado 30 de enero en Bogotá.
El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la legítima defensa es un derecho y que, si se prueba, simplemente se archiva el caso. De hecho, los policías o militares que matan a alguien en medio de una operación siempre enfrentan una investigación, pues se trata de un homicidio, pero como se supone que se trata del uso de la fuerza del Estado en situaciones legítimas, no procede un proceso penal. Lo contrario ocurre cuando hay irregularidades, como en los casos de los ‘falsos positivos’.
Wilson Herrera, director del Centro de Ética de la Universidad del Rosario, dice que frente a una situación como esta no hay respuestas en blanco y negro: “Por una parte hay una motivación loable y es la solidaridad evidenciada en que una persona no es indiferente frente a otra que está en peligro –dice– (...). Además, también había riesgo para su integridad física. Pero por otro lado, está la muerte de una persona y la idea ilegítima que existe de que uno mismo puede hacer justicia”.
Por eso asegura que aunque los mensajes de reconocimiento son válidos, hay que saber cómo darlos y explicarle muy bien a la ciudadanía que esto solo puede suceder cuando no hay otra opción, cuando “es una necesidad absoluta”.
Hace poco más de un año, un caso similar al de Muñoz despertó también la solidaridad de los habitantes de Barranquilla. Un escolta mató a un ladrón de 25 años cuando encontró que amenazaba con un arma a su hija en la entrada de su casa. El proceso terminó archivado en la Fiscalía, tras la presentación voluntaria del involucrado.
En febrero del 2017 otro escolta le disparó a un ladrón cuando atracaba a una pareja en el barrio Venecia de Bogotá. No lo mató, pero lo dejó gravemente herido.
Lo claro es que para alegar legítima defensa, bien en caso propio o de un tercero, esa respuesta tiene que darse simultáneamente con la agresión que pone en riesgo la vida. Es por eso que los linchamientos de delincuentes, sin importar el crimen, son considerados como una clara señal de sociedades en las que las instituciones están desbordadas por la violencia. Las escenas de delincuentes amarrados, golpeados y desnudados por la turba, que son comunes en el país y son virales en las redes sociales, no tienen amparo en la ley.
“Si esto está bien, entonces estamos mal. La sociedad no puede vivir con la creencia de ‘ojo por ojo y diente por diente’. Estamos en un mundo socializado y quienes cometan crímenes deben ser judicializados. Aceptar estos hechos es convocar a la sociedad a actos pasionales y a actos no fieles al bienestar social. No se puede autorizar a una persona asesinar a otra por más de que sea un ladrón. Se pierde la civilización y si nos saltamos los mecanismos de defensa nos volvemos una república bananera”, dice Fabián Sanabria Sánchez, doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Tomada de: El Tiempo
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