CONSEJO ESTADO RECOMIENDA PARÁMETROS PARA QUE JEP INVESTIGUE CASO DE DESAPARICIÓN
El Consejo de Estado solicitó a la Fiscalía y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que examinen la posibilidad de investigar un caso de desaparición forzada atribuido a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), para que, eventualmente, se individualice y se juzgue a los responsables de la conducta de la que fue víctima un integrante de una misión médica atacada por ese grupo paramilitar en agosto del 2003. Además, la corporación sugirió parámetros para las posibles indagaciones.
Así lo determinó la Sección Tercera Subsección B del alto tribunal, al condenar a la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional por la desaparición y muerte del señor Henry Calixto Rey, quien integraba el grupo que cayó a manos del grupo armado dirigido por Héctor Germán Buitrago Parada, alias “Martín Llanos”.
El hecho que motiva esta decisión, con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero, se produjo cuando integrantes de las ACC atacaron una misión médica que se disponía a atender un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce de Monterrey a Villanueva (Casanare).
Gracias a las versiones libres de los desmovilizados de las ACC en Justicia y Paz, desde el 2009 la justicia penal (La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente el Juzgado Promiscuo del Circuito en Descongestión de Monterrey) comprobó que la desaparición y muerte de la víctima y sus compañeros fue propiciada por integrantes de este grupo paramilitar, quienes además desmembraron los cuerpos del personal médico para evitar que fueran encontrados por las autoridades.
Los familiares del señor Henry Calixto Rey interpusieron una demanda de reparación directa que fue negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Casanare el 7 de febrero del 2013, por considerar que el daño originado en estos acontecimientos era atribuible exclusivamente al grupo armado ilegal y no a agentes de seguridad del Estado.
La Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la determinación, al considerar que las autoridades demandadas son responsables de la ocurrencia del perjuicio por no tomar medidas de seguridad, pese a la sistemática ocurrencia de casos de desaparición forzada y ataque generalizado a misiones médicas que se venían presentando en el Casanare en la época de los acontecimientos, como consecuencia de una “guerra sangrienta entre el Bloque Centauros y las A.C.C.”...
Así lo determinó la Sección Tercera Subsección B del alto tribunal, al condenar a la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional por la desaparición y muerte del señor Henry Calixto Rey, quien integraba el grupo que cayó a manos del grupo armado dirigido por Héctor Germán Buitrago Parada, alias “Martín Llanos”.
El hecho que motiva esta decisión, con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero, se produjo cuando integrantes de las ACC atacaron una misión médica que se disponía a atender un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce de Monterrey a Villanueva (Casanare).
Gracias a las versiones libres de los desmovilizados de las ACC en Justicia y Paz, desde el 2009 la justicia penal (La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente el Juzgado Promiscuo del Circuito en Descongestión de Monterrey) comprobó que la desaparición y muerte de la víctima y sus compañeros fue propiciada por integrantes de este grupo paramilitar, quienes además desmembraron los cuerpos del personal médico para evitar que fueran encontrados por las autoridades.
Los familiares del señor Henry Calixto Rey interpusieron una demanda de reparación directa que fue negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Casanare el 7 de febrero del 2013, por considerar que el daño originado en estos acontecimientos era atribuible exclusivamente al grupo armado ilegal y no a agentes de seguridad del Estado.
La Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la determinación, al considerar que las autoridades demandadas son responsables de la ocurrencia del perjuicio por no tomar medidas de seguridad, pese a la sistemática ocurrencia de casos de desaparición forzada y ataque generalizado a misiones médicas que se venían presentando en el Casanare en la época de los acontecimientos, como consecuencia de una “guerra sangrienta entre el Bloque Centauros y las A.C.C.”...
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