El pasado jueves, cuando se dirigía a atender una reunión en Bogotá con agentes federales y un fiscal local, el abogado cubanoamericano Joaquín Pérez fue advertido de que Migración Colombia le impediría su ingreso al país.
Pérez, defensor ante cortes de Estados Unidos de paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y de capos como Víctor Patiño, ha ingresado al menos 45 veces a Colombia.
Por eso, el veto migratorio llamó la atención incluso entre autoridades americanas, que estaban atentas a su llegada en un vuelo de la mañana de la aerolínea American Airlines.
Se estableció que, aunque el abogado tiene vigente su visa para trabajar en Colombia, la restricción migratoria iría al menos hasta el 2022. Además, que esta se aplicó aduciendo causales de soberanía y discrecionalidad migratoria.
Sin embargo, fuentes de Migración Colombia señalaron que detrás del bloqueo de su entrada hay una solicitud expresa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En efecto, desde enero pasado, directivas del instituto aseguran que Pérez habría ingresado de manera irregular al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota para visitar a un poderoso narcotraficante. Incluso, filtraron videos de su visita.
“Esto significa que el Inpec concluyó que supuestamente yo cometí un delito sin siquiera haberme dado la oportunidad de ejercer mi defensa”, le dijo Pérez.
Y agregó que es falso, como señalan, que haya ingresado al penal ilegalmente a visitar a un supuesto lugarteniente de alias ‘Megateo’, de apellido Diago, o a Washington Prada, el llamado ‘Pablo Escobar’ ecuatoriano.
“No son mis clientes, nunca he hablado con ellos. Fui a acompañar al abogado americano Rafael de la Garza en su primera visita a Colombia, para ver a Juan Esteban Castillo, de 21 años, que está colaborando con la justicia de Estados Unidos. No he pagado ni pagaré un solo peso para hacer mi trabajo. Tengo permiso para ejercerlo”, añadió Pérez.
“Hasta ahora me he mantenido en silencio. Pero la decisión de negarme la entrada a un país por el que guardo afecto me obliga a limpiar mi nombre, injustamente machado. Tengo 66 años, he trabajado en todas partes del mundo y puedo pasar el resto de mi vida sin ir a Colombia. Pero me niego a ser encontrado culpable sin un debido proceso que mancha mi trabajo de tantos años”, dice Pérez.
Tomada de: El Tiempo
Pérez, defensor ante cortes de Estados Unidos de paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y de capos como Víctor Patiño, ha ingresado al menos 45 veces a Colombia.
Por eso, el veto migratorio llamó la atención incluso entre autoridades americanas, que estaban atentas a su llegada en un vuelo de la mañana de la aerolínea American Airlines.
Se estableció que, aunque el abogado tiene vigente su visa para trabajar en Colombia, la restricción migratoria iría al menos hasta el 2022. Además, que esta se aplicó aduciendo causales de soberanía y discrecionalidad migratoria.
Sin embargo, fuentes de Migración Colombia señalaron que detrás del bloqueo de su entrada hay una solicitud expresa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En efecto, desde enero pasado, directivas del instituto aseguran que Pérez habría ingresado de manera irregular al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota para visitar a un poderoso narcotraficante. Incluso, filtraron videos de su visita.
“Esto significa que el Inpec concluyó que supuestamente yo cometí un delito sin siquiera haberme dado la oportunidad de ejercer mi defensa”, le dijo Pérez.
Y agregó que es falso, como señalan, que haya ingresado al penal ilegalmente a visitar a un supuesto lugarteniente de alias ‘Megateo’, de apellido Diago, o a Washington Prada, el llamado ‘Pablo Escobar’ ecuatoriano.
“No son mis clientes, nunca he hablado con ellos. Fui a acompañar al abogado americano Rafael de la Garza en su primera visita a Colombia, para ver a Juan Esteban Castillo, de 21 años, que está colaborando con la justicia de Estados Unidos. No he pagado ni pagaré un solo peso para hacer mi trabajo. Tengo permiso para ejercerlo”, añadió Pérez.
“Hasta ahora me he mantenido en silencio. Pero la decisión de negarme la entrada a un país por el que guardo afecto me obliga a limpiar mi nombre, injustamente machado. Tengo 66 años, he trabajado en todas partes del mundo y puedo pasar el resto de mi vida sin ir a Colombia. Pero me niego a ser encontrado culpable sin un debido proceso que mancha mi trabajo de tantos años”, dice Pérez.
Tomada de: El Tiempo
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