JUEZ DICTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONTRA CARLOS SOLARTE Y SU HIJA
El emporio construido por Carlos Solarte ha "honrado la confianza de diez presidentes, al dar cumplimiento en todos los proyectos que le han sido encargados", como lo consagran en sus mensajes institucionales. Desde los años 80, proyectos de infraestructura en todo el país impulsados por la Nación han visto la luz de la mano de la firma CASS Constructores; hoy, según su página web, han participado en por lo menos 31 obras, como puentes, vías, sistemas de transporte masivo, reconstrucciones.
Los constructores colombianos habían logrado hacerle el quite a los cuestionamientos en el escándalo de Odebrecht, al hacer parte minoritaria del Consorcio Ruta del Sol 2 (Consol), que tenía a su cargo la megaobra que conecta la costa con el centro del país. Desde el primer momento, los brasileños implicados y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aseguraron que de las coimas no tuvieron conocimiento los Solarte, que tenían apenas un 5 por ciento de participación en la sociedad.
Sin embargo, otro de los contratos en los que jugaron con la firma brasileña terminó explotándoles en las manos a los Solarte una década después de la adjudicación. Este miércoles, un juez de control de garantías de Bogotá decidió dictar medida de aseguramiento privativa de la liberad a Paola Solarte Enríquez, por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Deberá ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor.
A su padre, el ingeniero Carlos Solarte, el juez 30 de Control de Garantías le dio medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, al considerar que sobrepasa los 75 años de edad y que padece de un problema cardiovascular. El ingeniero deberá responder por los delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. No podrá salir del país y tendrá que suscribir un acta de buen comportamiento con la justicia.
El caso está relacionado con las irregularidades alrededor de la firma y ejecución del contrato para la construcción del interceptor Tunjuelo - Canoas, la obra entregada por el Distrito en el año 2009. El contrato tuvo un costo de 244.000 millones y buscaba hacer realidad el sueño de los capitalinos de descontaminar el río Bogotá. En específico, las acusaciones de la Fiscalía apuntan a que el anticipo entregado por el Distrito, por 48.000 millones de pesos, habría sido desviado para pagos a beneficio personal y de terceros.
Este caso desató la preocupación de las autoridades, entre ellas, el Ministerio Público, que manifestó sus críticas dado que las directivas de CASS Constructores, la firma que lidera varias de las obras más importantes de Antioquia y Cauca, están respondiendo por presuntas conductas que mensocabaron en erario y fueron presuntamente la fuente de corrupción para funcionarios públicos.
Aunque responden penalmente por el interceptor Tunjuelo - Canoas, la Procuraduría reveló que las autoridades avanzan en una nueva línea de investigación relacionada con el contrato para optimizar y expandir la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre, obra que quedó en manos del Consorcio Expansión PTAR Salitre, del que participan los Solarte. El consorcio está conformado por la española Aqualia Infraestructuras (filial de FCC), la griega Aktor y la colombiana CASS Constructores y Cía.
"Néstor Guillermo Franco, director de la CAR, afirmó que Paola Solarte era la vocera del consorcio Expansión Salitre y de CASS Constructores y que Orlando Fajardo tuvo participación en el contrato adjudicado a FCC Constructores pese a que no era participante del trámite contractual. Misma mecánica, mismos protagonistas, cambia el decorado", aseguró el procurador delegado Manuel Fernando Alméciga Gómez durante la audiencia.
Tomada de: Semana
Los constructores colombianos habían logrado hacerle el quite a los cuestionamientos en el escándalo de Odebrecht, al hacer parte minoritaria del Consorcio Ruta del Sol 2 (Consol), que tenía a su cargo la megaobra que conecta la costa con el centro del país. Desde el primer momento, los brasileños implicados y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aseguraron que de las coimas no tuvieron conocimiento los Solarte, que tenían apenas un 5 por ciento de participación en la sociedad.
Sin embargo, otro de los contratos en los que jugaron con la firma brasileña terminó explotándoles en las manos a los Solarte una década después de la adjudicación. Este miércoles, un juez de control de garantías de Bogotá decidió dictar medida de aseguramiento privativa de la liberad a Paola Solarte Enríquez, por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Deberá ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor.
A su padre, el ingeniero Carlos Solarte, el juez 30 de Control de Garantías le dio medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, al considerar que sobrepasa los 75 años de edad y que padece de un problema cardiovascular. El ingeniero deberá responder por los delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. No podrá salir del país y tendrá que suscribir un acta de buen comportamiento con la justicia.
El caso está relacionado con las irregularidades alrededor de la firma y ejecución del contrato para la construcción del interceptor Tunjuelo - Canoas, la obra entregada por el Distrito en el año 2009. El contrato tuvo un costo de 244.000 millones y buscaba hacer realidad el sueño de los capitalinos de descontaminar el río Bogotá. En específico, las acusaciones de la Fiscalía apuntan a que el anticipo entregado por el Distrito, por 48.000 millones de pesos, habría sido desviado para pagos a beneficio personal y de terceros.
Este caso desató la preocupación de las autoridades, entre ellas, el Ministerio Público, que manifestó sus críticas dado que las directivas de CASS Constructores, la firma que lidera varias de las obras más importantes de Antioquia y Cauca, están respondiendo por presuntas conductas que mensocabaron en erario y fueron presuntamente la fuente de corrupción para funcionarios públicos.
Aunque responden penalmente por el interceptor Tunjuelo - Canoas, la Procuraduría reveló que las autoridades avanzan en una nueva línea de investigación relacionada con el contrato para optimizar y expandir la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre, obra que quedó en manos del Consorcio Expansión PTAR Salitre, del que participan los Solarte. El consorcio está conformado por la española Aqualia Infraestructuras (filial de FCC), la griega Aktor y la colombiana CASS Constructores y Cía.
"Néstor Guillermo Franco, director de la CAR, afirmó que Paola Solarte era la vocera del consorcio Expansión Salitre y de CASS Constructores y que Orlando Fajardo tuvo participación en el contrato adjudicado a FCC Constructores pese a que no era participante del trámite contractual. Misma mecánica, mismos protagonistas, cambia el decorado", aseguró el procurador delegado Manuel Fernando Alméciga Gómez durante la audiencia.
Tomada de: Semana
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