viernes, 22 de septiembre de 2017


A LA CÁRCEL FUE ENVIADO EL EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA, FRANCISCO RICAURTE, POR CARTEL DE LA TOGA


La juez 40 con función de garantías envió a la cárcel Picota de Bogotá al exmagistrado Francisco Ricaurte, medida que ha sido dictada de manera preventiva.

“Este despacho decide imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de el ciudadano Francisco Ricaurte con boleta de detención con destino a la cárcel Picota, patio de servidores públicos“, señaló la juez 40 de control de garantías.

Según la togada para proteger la investigación de la Fiscalía y en el marco de la gravedad del denominado cartel de la toga la medida es necesaria.

La Fiscalía imputó los cargos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada contra el ex magistrado Francisco Ricaurte y además pidió prisión por considerar que puede afectar el proceso de investigación.

Respecto a las acusaciones, el ex magistrado Francisco Ricaurte dijo que, “no acepto los cargos provenientes de reconocidos testigos criminales“.

Según la Fiscalía, Ricaurte habría concretado con el fiscal, Alfredo Bettin, intervenir en una investigación contra el ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien estaba siendo procesado por supuestas irregularidades.
Otro de los casos fue el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, procesado por corrupción, y a quien Ricaurte le pidió 20 mil millones de pesos para frenar las indagaciones en su contra.

A este proceso se suman los 2 mil millones de pesos que pagó Musa Besaile en la Corte Suprema, para retrasar el proceso en su contra por parapolítica. Según la Fiscalía, de esa cifra 1.800 millones de pesos fueron a parar a las arcas de Ricaurte por este proceso.
La defensa del exmagistrado Ricaurte, el abogado Álvaro Luna, había argumentado ante la juez que la Fiscalía había basado la recolección de pruebas en presunciones por lo que no se debía enviar a la cárcel a su defendido.

Momentos previos

Ante el juez 40 con funciones de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos al exmagistrado Francisco Ricaurte, en las investigaciones por el escándalo del cartel de la Toga, y además solicitó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al considerar a Ricaurte un peligro para la comunidad. 

La Fiscalía indicó que el exmagistrado Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habría concretado con el Fiscal Alfredo Bettin, intervenir en una investigación contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía y quien estaba siendo procesado por supuestas irregularidades administrativas las cuales pretendía que fueran archivadas, Luis Gustavo Moreno, era el abogado de Abadía en ese proceso.

Añade la Fiscalía, que otro de los afectados fue el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, procesado por corrupción, y a quien Francisco Ricaurte le pidió 20 mil millones de pesos para frenar las indagaciones en su contra. Las autoridades añadieron que parte de ese dinero estaba dirigido al exmagistrado Leonidas Bustos.

Como si fuera poco y en medio de la ola de corrupción que envuelve al exmagistrado Ricaurte, se suman los 2 mil millones de pesos que pagó Musa Besaile en la Corte Suprema, para retrasar el proceso en su contra por parapolítica. Según la Fiscalía, 1.800 millones de pesos fueron a parar a las arcas de Ricaurte por este proceso.

Finalmente, la Fiscalía responsabilizó a senadores Musa Besaile, y Bernardo Ñoño Elías de crear una empresa criminal dedicada a desfalcar al Fondo Nacional para el Desarrollo FONADE, para favorecer intereses burocráticos y personales, del cual eran extraídos recursos a fin de satisfacer intereses propios por parte de los senadores.

El ente investigador espera que se de la detención del exmagistrado Francisco Ricaurte, por estos hechos calificados como el escándalo del cartel de la toga. Tras establecer estas conductas, el exmagistrado no aceptó los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.


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