ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA GOBERNADORA DEL MAGDALENA POR IRREGULARIDADES EN VÍA DE LA PROSPERIDAD
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Rosa Cotes de Zúñiga y Luis Miguel Cotes Habeych, gobernadora y exgobernador de Magdalena, por presuntas irregularidades en la implementación y ejecución del proyecto de inversión de la Vía de la Prosperidad, al que fueron destinados más de 466.000 millones de pesos de recursos de la Nación y el Sistema General de Regalías.
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal cuestiona a quienes como ejecutores de este proyecto de inversión incurrieron en un posible incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio 649 del 31 de mayo de 2012, sus adicionales y modificaciones, derivado del convenio 266 del 17 de septiembre de 2012, prorrogado hasta el 13 de noviembre de 2017, así como el presunto incumplimiento del Programa de Inversión para el Mejoramiento de la vía Palermo, Sitio Nuevo, Remolino, Guaimaro, proyecto que se materializó a través del contrato de obra 617 de 2013.
El órgano de control investiga la desactualización de los estudios y diseños, el aumento de los costos de transporte de materiales de terraplén que elevaron el valor del contrato, y las deficiencias que no garantizarían que el trazado de la vía se construyera como estaba inicialmente proyectado para 52.6 kilómetros, y sólo se podrían construir 26,013 kilómetros, lo que representa una disminución del 50.55%.
También busca determinar si los mandatarios incurrieron en actuaciones desapegadas del ordenamiento jurídico, quebrantado los principios de contratación estatal o la función administrativa, o actuado en detrimento del patrimonio público o para favorecer económicamente a un tercero.
Estas irregularidades que investiga la Procuraduría tienen varias fuentes de información, entre ellas, el informe de la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ante posibles omisiones en las acciones correctivas por las demoras en la ejecución de la obra y el informe de auditoria de la Controlaría General de la República, que advirtió un posible sobrecosto de $32.613 millones por el transporte de materiales para terraplén.
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal cuestiona a quienes como ejecutores de este proyecto de inversión incurrieron en un posible incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio 649 del 31 de mayo de 2012, sus adicionales y modificaciones, derivado del convenio 266 del 17 de septiembre de 2012, prorrogado hasta el 13 de noviembre de 2017, así como el presunto incumplimiento del Programa de Inversión para el Mejoramiento de la vía Palermo, Sitio Nuevo, Remolino, Guaimaro, proyecto que se materializó a través del contrato de obra 617 de 2013.
El órgano de control investiga la desactualización de los estudios y diseños, el aumento de los costos de transporte de materiales de terraplén que elevaron el valor del contrato, y las deficiencias que no garantizarían que el trazado de la vía se construyera como estaba inicialmente proyectado para 52.6 kilómetros, y sólo se podrían construir 26,013 kilómetros, lo que representa una disminución del 50.55%.
También busca determinar si los mandatarios incurrieron en actuaciones desapegadas del ordenamiento jurídico, quebrantado los principios de contratación estatal o la función administrativa, o actuado en detrimento del patrimonio público o para favorecer económicamente a un tercero.
Estas irregularidades que investiga la Procuraduría tienen varias fuentes de información, entre ellas, el informe de la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ante posibles omisiones en las acciones correctivas por las demoras en la ejecución de la obra y el informe de auditoria de la Controlaría General de la República, que advirtió un posible sobrecosto de $32.613 millones por el transporte de materiales para terraplén.
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