CON TUTELA, FISCAL BUSCA RECTIFICACIÓN DE LA SENADORA LÓPEZ

"Queda claro porque Bustos y Nestor Humberto hundieron tribunal de aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos", por este mensaje en su cuenta de Twitter, la senadora Claudia López tiene que hacerle cara a otra tutela.

Hace dos meses fue el ex ministro Luis Felipe Henao, ahora el fiscal Néstor Humberto Martínez, es quien la invita a rectificar sus declaraciones "injuriosas".

Martínez radicó en el Tribunal de Bogotá una tutela para obligar a la senadora y candidata presidencial a retractarse de acusarlo, supuestamente, de tener los mismos intereses del ex magistrado Leonidas Bustos, implicado en el llamado "cartel de la toga".

Según la tutela, que ya fue admitida para estudio en el Tribunal, la senadora falta a la verdad y vulnera los derechos fundamentales, en palabras del fiscal: "es injuriosa, injustificada y deshonrosa”.

El fiscal insiste que las apreciaciones de López fueron en función de su cargo como congresista y es un motivo más para exigir una rectificación inmediata, solicitud que hace al Tribunal. 

La tutela la presentó Martínez en calidad de ciudadano y allí señala que la senadora pudo ir más lejos al acusarlo de cometer un delito cuando hizo referencia a la compra - venta de fallos judiciales, lo que constituye de facto en una calumnia.

REPARTO DE TUTELAS PASA A REVISIÓN

Dadas las afirmaciones de la Fiscalía sobre la posibilidad de que existan irregularidades en el sistema de reparto de tutelas, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, afirmó que pidió una auditoría. 

“La sala plena del Consejo de Estado consideró que era conveniente que a través de un cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación se examinara y se verificara si algún problema de este tipo se presentaba con nuestro reparto”, dijo. 

No es la primera vez que el Consejo solicita una auditoría. Lo hizo el año pasado pero para al sistema de reparto sobre las pérdidas de investidura la cual corroboró, según el presidente, la transparencia en la gestión del Alto Tribunal. 

Según el presidente, quien anunció la auditoría en la conmemoración de los 200 años del Consejo de Estado, se está a la espera de que la Fiscalía determine el equipo técnico que la haría.

INDULTO A FUJIMORI, TEMA INTERNO: PERÚ A ONU

Perú declaró que un posible indulto al expresidente Alberto Fujimori -preso por crímenes de corrupción y lesa humanidad- es un tema interno y no se requieren consultas internacionales, como había sugerido la ONU.

"La posibilidad de un indulto al expresidente Fujimori constituye (...) un asunto de naturaleza única y exclusivamente interna", aseguró el canciller peruano, Ricardo Luna, en una carta enviada al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, según detalló el lunes la agencia estatal Andina.

Luna precisó que, de acuerdo con la ley peruana, la concesión de un indulto exige un análisis detenido y riguroso en cada caso individual.

En la misma línea se había pronunciado el domingo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en una entrevista al canal de televisión ATV, afirmó que se trataba de un asunto interno.

"Yo creo que es una injerencia innecesaria en los asuntos del Perú. El señor Alberto Fujimori fue juzgado por una corte en el Perú por supuestos crímenes en el Perú. Eso no es un tema internacional", aseguró el gobernante, sobre quien recae la potestad de otorgar el indulto, según la Constitución.

Desde hace unos seis meses se debate en Perú sobre si Fujimori, de 79 años, pueda obtener un indulto humanitario debido a permanentes problemas de salud y frecuentes hospitalizaciones.

"Debido a la naturaleza (de los delitos) con los que el expresidente fue acusado y luego declarado culpable, en mi opinión podría requerir una confirmación internacional o al menos una observación de la condición médica del expresidente", dijo la semana pasada el alto comisionado de la ONU ante miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú, durante una visita de trabajo.

Fujimori (1990-2000) cumple desde 2007 una condena de 25 años, que contempla crímenes contra los derechos humanos por la muerte de 25 personas, entre ellos un menor de edad, en dos operaciones de un escuadrón paramilitar durante la lucha contra las guerrillas de Sendero Luminoso y MRTA en los años 1991 y 1992.

Para Al Hussein, ese tipo de delitos son considerados internacionales

Kuczynski insistió en que una comisión presidencial evaluará el tema en su momento y que el indulto se concederá sólo si la vida de Fujimori peligra por continuar tras las rejas. El gobierno ha aclarado que, por el momento, el tema no está en consideración.

MAGISTRADOS DE LA JEP RECIBIRÁN SUELDO DE CASI 30 MILLONES DE PESOS

El Gobierno Nacional expidió este lunes el decreto 1760 de 2017, mediante el cual fija la remuneración que recibirán los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz.

Conforme a la norma, los magistrados que ejerzan en el Tribunal para la Paz y el Secretario Ejecutivo tendrán el mismo régimen salarial y prestacional vigente para los magistrados de las altas cortes, cuyo salario a la fecha está en alrededor de los 30 millones de pesos.

Conforme al ajuste salarial para el año 2017, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tienen derecho a una remuneración mensual de $6.282.121 distribuidos así; por concepto de asignación básica mensual de $2.261.565 y por concepto de gastos de representación mensual $4.020.556.

Igualmente, tienen derecho a una prima técnica mensual de $3.769.274, una prima especial de servicios la cual, sumada a los demás ingresos laborales, iguala a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere.

La prima especial de servicios también se reconoce cuando el empleado se encuentra disfrutando de su periodo de vacaciones.

Los magistrados de la JEP, al igual que los demás funcionarios, continuarán disfrutando las primas de servicios, navidad y vacaciones, y el régimen prestacional.

Finalmente, según el decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, las salas tendrán el mismo régimen salarial y prestacional vigente para los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Actualmente, los magistrados de la JEP ya fueron designados, aunque desarrollan algunas tareas administrativas, dado que no ha sido aprobada la ley estatutaria que reglamenta dicha justicia especial, sin la cual aún no pueden ejecutar el 100 por ciento sus funciones.

VÍA LIBRE A LA ORDEN DE CAPTURA DEL JUEZ QUE ABSOLVIÓ A RODRIGO ESCOBAR

El juez 23 de conocimiento Néstor Gilberto Amaya falló una tutela beneficiando a 1242 personas que se hicieron pasar por docentes, ordenándole a Cajanal la reliquidacion de la pensión para todos los demandantes.

Por ese fallo, el Tribunal Superior de Bogotá en noviembre de 2016 lo condenó por prevaricado por acción, decisión que se apeló. Al resolver el recurso, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, confirma lo dicho por el Tribunal y le da vía libre a la orden de captura en su contra.

Néstor Gilberto Amaya, es el mismo juez que absolvió al ex magistrado Rodrigo Escobar Gil por el caso de sobornos de Fidupetrol en la Corte Constitucional.

LA JUSTICIA SE AUTORREGULA O LE CAE LA GUILLOTINA DE LA CONSTITUYENTE: PROCURADOR

Desde Cartagena el procurador Fernando Carrillo se refirió a la crisis de la justicia que atraviesa el pais ante los recientes acontecimientos que involucran a magistrados, jueces y fiscal.

“Dónde más ha impactado la crisis de la ética ha sido en el aparato de justicia. Las imágenes de ex altos funcionarios de la Corte Suprema encarcelados, investigados o sindicados de ser cabecillas de una red delincuencial de venta de fallos y compra de testigos, es una gran humillación para los colombianos. Nunca se había visto tan mancillada la justicia”, dijo el procurador.

Hizo también un llamando a la rama judicial: “El poder judicial tiene la oportunidad de demostrarle al país que es capaz de autorregularse, de autorreformarse y de autodisciplinarse. De otro modo le caerá encima la guillotina de una Constituyente implacable”.

Cuestionó que se pretenda maquillar la situación que atraviesa la justicia del país, “No basta con ajustes cosméticos, deben ser reformas profundas y ojalá inmediatas. Si no se actúa ahora, es sombrío el futuro de la justicia”.

El procurador dijo que si bien la constituyente se convierte en la posible solución al problema de la justicia, él no la comparte.

“Otra Constituyente hoy no solo es innecesaria, sino recorrer ese camino sería un suicidio colectivo en momento de fractura del país”, indicó Carrillo.

El procurador también dijo que las elecciones de 2018 serán una prueba ácida para el sistema político.

Invito a las nuevas generaciones a crear las nuevas agendas, “que incluyen la defensa del medio ambiente y los derechos económicos, políticos y sociales, en una sociedad incluyente. La lucha contra la corrupción y contra la desigualdad también deben ser sus prioridades”.

EL TESTIMONIO DE GUSTAVO MORENO SOBRE LOS MILLONARIOS VIAJES A PANAMÁ

acceso a la audiencia en contra del senador Álvaro Ashton, en la que dio su declaración el ex fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

Moreno reveló no solo cómo el congresista habría hecho pagos para evitar ser investigado, sino que también relató cómo se conformó un grupo de funcionarios judiciales que se concertaron para manipular procesos y mover decisiones a cambio de millonarias sumas de dinero.

Para empezar, Moreno relató que conoció al magistrado Leonidas Bustos en la Universidad Libre, quien lo puso a trabajar con el abogado Gerardo Torres, más conocido como “Yayo”, y luego le presentó al magistrado Francisco Ricaurte.
Dice Moreno que él era muy joven y que, prácticamente, estos magistrados lo “reclutaron” en este grupo donde él era una especie de mandadero, pues no tenía las mismas conexiones.

Moreno dijo que al entrar al grupo, le tocaba pagar la oficina, asumir los viáticos e inclusive comprar el whisky que le gustaba a Ricaurte, un King York de dos millones quinientos mil pesos.
El ex fiscal Anticorrupción le contó a la Corte que uno de los primeros casos que le dio Francisco Ricaurte fue, precisamente, el del senador Álvaro Ashton.

Moreno asegura que Álvaro Ashton hizo dos pagos.
El primero, se realizó en los parqueaderos del hotel Porton y el segundo cerca de la casa del senador. Cada pago fue de casi 300 millones de pesos.

Moreno cuenta que el abogado Luis Ignacio Lyons entró a formar parte del grupo y que era necesario para justificar lo que recibían por concepto de honorarios.
Cuando empezaron a trabajar el caso de Ashton, Moreno asegura que el proceso llegó a manos del magistrado Gustavo Malo, con quien supuestamente habían convenido que se daría un archivo.

El archivo nunca se llegó a producir. Primero, porque el magistrado José Reyes se volvió un obstáculo para el trabajo que estaban haciendo, y segundo, porque se dio una redistribución de casos en la Corte Suprema de Justicia.
Es ahí cuando Ashton le cuenta a Moreno que el ex vicefiscal Jorge Perdomo lo está ayudando en la Corte.

Casualmente, Moreno cuenta que en el grupo hubo una tensión por las candidaturas de la Fiscalía General de la Nación, porque Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz apoyaban al 100 por ciento a Perdomo, cosa que no pasaba con el magistrado Leonidas Bustos.

El ex fiscal Anticorrupción asegura que, así como en el caso de Ashton, también hubo varios aforados que fueron ayudados por el grupo.

Agregó entonces que la persona que tenía más influencia entre los políticos era el magistrado Bustos, a quien le entregó 200 millones de pesos y a quien le pide hoy que no niegue que fueron muy cercanos.

Aquí llegamos a otro capítulo en la historia y es un capítulo que va a ser clave dentro de todo este proceso y que, seguramente, va a abrir una nueva línea de investigación.

Se trata del episodio de Panamá, a donde viajaron en reiteradas ocasiones Leonidas Bustos, su esposa Martha Cristina Pineda, el abogado “Yayo” y Gustavo Moreno.

Se conoció en primicia que las autoridades de Panamá y de Colombia investigan qué pasó esa noche en ese paseo de yate, al que asistieron los personajes antes nombrados y la embajadora Ángela Benedetti.

Lo que se indaga es si dentro de ese yate se habló de los procesos que se adelantan en la Corte Suprema en contra del senador Armando Benedetti, hermano de Ángela, y se investiga si existió una transacción ilícita sobre este tema.

De esta manera, se conoció que Moreno ya le ofreció al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hablar sobre este tema de Panamá y sobre la polémica reunión en el yate. Cabe destacar que se habla sobre un pago de 700 millones de pesos dentro del bote.

Altas fuentes revelaron que en el año 2012, el ex fiscal Anticorrupción salió de Colombia cuatro veces, de las cuales viajó a Panamá en tres oportunidades: el 22 de agosto, el 9 y el 26 de septiembre.

En el primer viaje, que duró tres días, les informó a las autoridades que lo hacía porque allí tenía una residencia. En el segundo viaje, que regresó al siguiente día, dijo que fue por motivos de trabajo y el último viaje, de cuatro días, lo hizo por la asistencia a un evento.

Por su parte, en 2013, Moreno salió de Colombia seis veces: una de ellas a Panamá por turismo el 3 de agosto, donde permaneció dos días.

En 2014 estuvo el 23 de febrero en Panamá durante cinco días por trabajo. Para el 2016, Moreno estuvo dos días en Panamá, en el mes de junio.

Por su parte, la ex procuradora Martha Cristina Pineda estuvo en Panamá en el año 2012, en donde permaneció del 26 al 30 de septiembre por motivo de trabajo. Cabe señalar que fueron los mismos días que permaneció allí el ex fiscal Luis Gustavo Moreno.

En 2013, Pineda viajó de Colombia a Estados Unidos, Argentina, Perú y Panamá, este último de turismo del 1 al 4 de agosto. Otro viaje que coincide con el de Moreno.

El ex magistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, también viajó en 2012 a Panamá en donde permaneció del 26 al 30 de septiembre por motivo de trabajo. Siendo así los mismos días que permaneció allí Gustavo Moreno.

En 2013, estuvo en Panamá, del 1 al 4 de agosto por motivos de turismo.

Finalizando el tema de las grabaciones, la Corte Suprema le pregunta a Moreno por el magistrado Camilo Tarquino y su papel dentro del grupo.

Por último, los magistrados de la Corte le preguntaron a Moreno por su contratación en la Fiscalía General de Eduardo Montealegre y también en la de Néstor Humberto Martínez.
Esto fue lo que respondió:

Cuentan varias fuentes del proceso que fue Ricaurte quien le dijo a Moreno que iban a hablar con el fiscal Eduardo Montealegre para que lo contrataran dentro de la entidad.
Y, finalmente, se conoció la primera reacción de Moreno a la denuncia que le puso el fiscal Eduardo Montealegre por sus afirmaciones ante la Corte.

El exfiscal aseguró que es mentira que el entonces fiscal haya terminado el contrato por algún conflicto de intereses, sino que fue él mismo quien renunció a la entidad porque tenía otros asuntos para atender.

DESDE HOY COMIENZA A REGIR SALVAVIDAS FINANCIERO PARA MOROSOS DE CRÉDITO

A partir de este martes, los morosos de créditos en el país pueden acogerse al denominado ‘salvavidas’ financiero, que puso en marcha la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Se trata de una modificación en las condiciones de créditos a las que pueden acceder los deudores.

El superintendente Jorge Castaño explicó que “con esta medida se busca generar un espacio para que los bancos puedan renegociar las condiciones de los créditos, ya sean de consumo, tarjetas de crédito, comerciales, microcréditos e incluso créditos de vivienda”.

Es decir, señaló Castaño, que “se pueden redefinir las condiciones de pago y se les dará viabilidad financiera al deudor, sin que tenga que soportar los costos de una reestructuración de sus créditos”.

“Esta norma define un paso previo a la reestructuración de las deudas y por esto las modificaciones que se hagan bajo los principios de la nueva norma no tendrán los efectos que una reestructuración puede tener en aspectos como la calificación del deudor y el acceso a nueva financiación“, explicó el Superintendente.

En la norma se señala que “cada entidad financiera evaluará la nueva realidad económica del deudor para adoptar una decisión frente a las condiciones de la obligación”.

Este ‘salvavidas’ opera para morosos que deban hasta 3 meses, el pago de la cuota de sus créditos.

El ABC

Para entender mejor los efectos de esta instancia para los morosos de los créditos, la SuperFinanciera explica los detalles de este ‘salvavidas’ financiero.

¿Es esto una reestructuración de la deuda?

No. Precisamente esta norma define un paso previo a la reestructuración de las deudas y por esto las modificaciones que se hagan bajo los principios de la nueva norma no tendrán los efectos que una reestructuración puede tener en aspectos como la calificación del deudor y el acceso a nueva financiación.

* ¿Si me acojo a la medida no puedo ser reportado en una central de información o central de riesgo?

El historial crediticio no se altera, ni será borrado, de tal forma que:

* Si el deudor ya incurrió en mora y ésta ya fue reportada a las centrales de riesgo, su reporte permanecerá en los tiempos determinados por la Ley. Su historial no será borrado.

* Si incumple el nuevo acuerdo de pagos definido con la entidad, automáticamente será catalogado como un crédito reestructurado con los correspondientes efectos que esto tiene.

* ¿Esta medida obedece a un deterioro importante en la cartera del sistema financiero?

No. La medida corresponde a la aplicación de un estándar internacional que pretende darle una opción al consumidor financiero para ajustarse al ciclo económico mediante una negociación directa con sus entidades crediticias.

¿Esta medida obedece a un deterioro importante en la cartera del sistema financiero?

No. La medida corresponde a la aplicación de un estándar internacional que pretende darle una opción al consumidor financiero para ajustarse al ciclo económico mediante una negociación directa con sus entidades crediticias.

* ¿Cualquier deudor puede pedir la modificación de las condiciones de sus obligaciones?

Quienes se hayan visto afectados por el ciclo económico pueden solicitar a la entidad financiera la modificación de las condiciones del crédito originalmente pactadas, siempre y cuando durante los últimos seis meses la obligación no haya

alcanzado una mora consecutiva mayor a 60 días para microcrédito y consumo; y 90 días para comercial y vivienda.

* ¿Está la entidad financiera obligada a redefinir las condiciones de mi crédito?

No. Cada entidad financiera evaluará la nueva realidad económica del deudor para adoptar una decisión frente a las condiciones de la obligación; por esa razón, pensar en incumplir con los pagos de la deuda para obtener una modificación no es una buena opción, pues no se asegura que la entidad vigilada modifique las condiciones en todos los casos. No es un derecho automático.

* Después de presentada la solicitud de modificación, ¿cuánto tiempo se tomará la entidad para dar respuesta a mi solicitud?

No existe un tiempo definido, se espera que las entidades financieras den prioridad a la atención y trámite de dichas solicitudes, sin embargo, los deudores deberán atenerse a los procesos internos de atención que disponga cada entidad.

¿Qué tan flexibles pueden llegar a ser las nuevas condiciones del crédito después de la modificación?

Se deben establecer con claridad las condiciones financieras actuales del deudor con el fin de que se logre el mejor acuerdo con la entidad. La modificación de los créditos debe atender criterios de viabilidad financiera teniendo en cuenta el análisis de la capacidad real de pago del deudor, sin que ello implique el uso excesivo de periodos de gracia, es decir, periodos en los que los deudores solo hacen abonos a intereses.

¿Qué información debe entregarme la entidad financiera cuando hago una modificación de mi crédito?

Las entidades financieras deberán suministrar al deudor la información necesaria que le permita comprender las implicaciones de estas modificaciones en términos de costos y calificación crediticia. Así mismo, debe informarle como mínimo:

* Las nuevas condiciones contractuales establecidas: tasa, plazo, plan de pagos, etc.

* Los efectos de incumplir en el pago de la obligación bajo las nuevas condiciones.

* Costo total de la operación.

* ¿Cuánto me cuesta el proceso de modificación?

El proceso de gestión realizado por las entidades financieras para la modificación de los créditos no tendrá ningún costo para los consumidores financieros.

* ¿Qué pasa con mi calidad de deudor y mi crédito después de la modificación?

Los créditos modificados serán objeto de monitoreo especial por parte de la entidad financiera. Sin embargo, una vez el deudor efectúe pagos regulares y efectivos a capital e intereses por un período de nueve meses ininterrumpidos para microcrédito, un año ininterrumpido para consumo y de dos años ininterrumpidos para los créditos de las modalidades comercial y de vivienda, el crédito podrá salir de este monitoreo.

¿Qué pasa si después de hacer una modificación incumplo con los pagos?

Si el deudor incumple el pago del crédito modificado bajo las nuevas condiciones (30 días de mora), éste se debe reconocer como una reestructuración.

* En los casos en los que los créditos son reestructurados, ¿hasta cuando permanece esa condición?

La entidad financiera podrá eliminar esta condición cuando el deudor efectúe pagos regulares y efectivos a capital e intereses por un período de 18 meses para microcrédito, dos años para consumo y de cuatro años para los créditos de las modalidades comercial y de vivienda.

¿Puede un crédito reestructurado mejorar su calificación?

Si. La entidad podrá asignar, gradualmente una calificación de menor riesgo cuando se verifique que la capacidad de pago del deudor cumple con los criterios para mejorar la misma y cuando el deudor haya realizado desde la fecha de la reestructuración pagos regulares y efectivos a capital e intereses durante seis meses consecutivos para microcrédito y un año para las demás modalidades.

* ¿Bajo las nuevas condiciones se modifica la tasa de interés para cobrarme más?

La tasa de interés será fijada por la entidad financiera de acuerdo con la evaluación de riesgo del deudor bajo las nuevas condiciones del crédito, así como las tasas de mercado. Las entidades deben informarle las nuevas condiciones establecidas del crédito modificado, incluida la nueva tasa de interés.

* ¿La modificación me rebaja el monto de la deuda?

No. Ésta se realizará sobre el saldo vigente de capital e intereses adeudados al momento de realizar la modificación o reestructuración del crédito.

* ¿Qué vigencia tendrá esta normativa?

Esta norma no es una amnistía, ni tiene carácter temporal, es un nuevo procedimiento que se crea en el marco de actividades de recuperación de la cartera de créditos aplicable a las entidades vigiladas.

LAS TRES DAMAS SALPICADAS EN EL ‘CARTEL DE LA TOGA’

El nombre de la abogada santandereana Martha Cristina Pineda ya salió a relucir en el expediente que se le sigue a su esposo, el expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, por la supuesta exigencia de jugosas sumas a cambio de impedir capturas o frenar procesos contra políticos.

La evidencia contra Bustos es tan contundente que esta semana la Comisión de Acusación de la Cámara no tuvo otra salida diferente a la de abrirle investigación formal. 
Y ahora se evalúa el papel que cumplió su esposa, varias veces mencionada por los protagonistas del escándalo. 

El episodio que más la compromete hasta ahora corre por cuenta del exalcalde de Villavicencio, Germán Chaparro. Hace 72 horas, este le dijo al magistrado investigador Luis Hernández que el abogado Gustavo Moreno le pidió 1.500 millones de pesos para que su condena a 39 años por homicidio fuera revisada favorablemente por la Corte en la etapa de casación. 

Para garantizarle resultados, Moreno le dijo que la plata era para Bustos, y como respaldo del negocio le habría ofrecido arreglar una reunión con Pineda, quien entonces se desempeñaba como procuradora judicial.

La Corte quiere revisar el caso porque alrededor del expediente de Chaparro están dos nombres oficialmente bajo investigación: el del abogado Gerardo Torres, ‘Yayo’, y el del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. 

En efecto, desde 2009, Chaparro asegura que uno de los testimonios que terminó enredándolo en el crimen de Ómar López, su antecesor, fue el del paramilitar José Raúl Mira Vélez. Se trata del mismo hombre que acusó a Ramos de tener nexos con las autodefensas. Pero Chaparro dice que en ese expediente no se le dio credibilidad y Mira fue asesinado antes de ser confrontado.

‘Gris tormenta’

Chaparro también dijo que el abogado Gerardo Torres, ‘Yayo’, se hizo cargo de su caso y luego se lo pasó a Moreno, el mismo ‘modus operandi’ que han tenido otros procesos bajo la lupa, como el del senador conservador Hernán Andrade. 

Para confrontar la versión del exalcalde, EL TIEMPO buscó a ‘Yayo’, y en entrevista exclusiva este admitió que recibió el caso de Chaparro y que se lo pasó a Moreno, a quien conoció por recomendación de Leonidas Bustos. Pero aseguró que solo cobró 120 millones de pesos y que desconoce las exigencias adicionales de Moreno, quien luego se convirtió en jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

La defensa de Moreno señaló, por su parte, que su cliente hablará del caso Chaparro solo cuando se lo pregunten oficialmente las autoridades. Y es evidente que lo interrogarán en torno a las supuestas citas que ofrecía con la esposa de Bustos para concretar los negocios sucios. 

De hecho, Moreno ya mencionó a Pineda en sus declaraciones ante la Corte, dentro de las prueba de su cercanía con Bustos. 

Moreno detalló cómo le entregó a la mujer una camioneta Dodge Journey, gris tormenta, de 80 millones de pesos. estableció que el carro está en manos de Rafael Antonio Céspedes, tío de Pineda quien vive en Bucaramanga. 

También aportó evidencia de un viaje conjunto a Miami y otro a Panamá con el matrimonio Pineda Bustos. Y aquí ‘Yayo’ vuelve a aparecer en escena. 

Este le dijo que fue él quien organizó el viaje a Ciudad de Panamá en septiembre de 2012.

Aseguró que, debido a su estrecha amistad con la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, invitó al istmo a los entonces magistrados Javier Zapata y Leonidas Bustos, para que asistieran a un foro sobre sistema penal acusatorio que organizó el Gobierno panameño con el apoyo de la diplomática.

“Martha Cristina acompañó al magistrado Bustos, del que era novia en ese momento. Y también le dije a Moreno que fuera para que buscara asesorías. Moreno, Bustos y Martha Cristina se alojaron en un hotel y yo me quedé en la residencia de la embajadora, la anfitriona del grupo de colombianos”, le explicó ‘Yayo’ a este diario. 

Y aunque admite que trabajó con Moreno en cuatro procesos bajo la lupa –el de los senadores Hernán Andrade y Jorge Rozo; el del exministro Jorge Londoño y el del exalcade Chaparro–, ‘Yayo’ niega formar parte del esquema delincuencial del llamado ‘cartel de la toga’. Y así planea decírselo a la Fiscalía, que se apresta a llamarlo a declarar.

Lo que sí admite el abogado boyacense es la estrecha amistad entre Martha Cristina Pineda y su expareja, la hasta hace unos días fiscal delegada ante la Corte Luz Mábel Parra.

Según él, ambas se conocieron en la procuraduría de Alejandro Ordóñez, y tras salir de esa entidad, Pineda le consiguió a su amiga Mábel el puesto de magistrada auxiliar en el despacho de Leonidas Bustos. 

Allí, la pareja de ‘Yayo’ tuvo expedientes sensibles. Uno de ellos fue el que se le cerró a Germán Vargas Lleras por ‘parapolítica’. 

Se encontró evidencia de que Parra también fue abogada del congresista de Cambio Radical Jorge Rozo y obtuvo dos jugosos contratos cuando Jorge Londoño (otro de los clientes de ‘Yayo’ y de Moreno) fue ministro de Justicia. 

La Comisión de Acusación de la Cámara la escuchó en declaración esta semana. Y la Fiscalía, que la tenía entre sus cuadros directivos, también le alista una citación.

La mención de Ruth Marina Díaz
Por ahora, Parra negó en la Cámara haber cometido cualquier tipo de irregularidad en su paso por la Corte. Y descartó presiones del exmagistrado Bustos para cometer delitos. Lo que llama la atención es que en su declaración negó haber llegado a la Corte por recomendación de alguien, contradiciendo lo dicho por su exmarido, del que ha tomado distancia.

La tercera dama mencionada en el expediente es la exmagistrada y también expresidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz. 

Ella formó parte de la exclusiva oficina de abogados que Gustavo Moreno compartió con el exmagistrado Francisco Ricaurte, otro de los señalados cerebros del ‘cartel de la toga’, quien ya completa cinco semanas tras las rejas. 

Sin entrar en detalles y sin que se lo preguntaran, Moreno le dijo a la Corte Suprema que la exmagistrada Díaz “precisamente ayudaba en algunos casos porque decía tener alguna influencia sobre un magistrado en particular”.

Además, anexó al expediente una foto de Díaz con él, celebrándole un cumpleaños a Ricaurte. 

Tanto en la Corte como en la Fiscalía le pedirán a Moreno que amplíe ese punto y explique por qué mencionó a la exmagistrada. 

La defensa del exfiscal anticorrupción dijo al respecto que habían entregado una matriz de colaboración y no recordaba que estuviera el nombre de la exmagistrada. Por ahora, Ruth Marina Díaz ha negado tajantemente cualquier nexo con los negocios turbios de Moreno e incluso ya denunció a medios de comunicación que la vinculan con él y con otros miembros del ‘cartel de la toga’.

Hija de Malo, a audiencia por extorsión
Este lunes, la Fiscalía acusará por extorsión a Yara Milena Malo, la hija del magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, vinculado al ‘cartel de la toga’. 

Como se reveló, la joven le exigió el 20 por ciento del sueldo a una funcionaria de la Fiscalía, por ayudarla a conseguir ese puesto. Los cobros los hacía ingresando a la entidad con un carné de una funcionaria que trabajó en la Corte y cuyo esposo hace parte de la seguridad del magistrado Malo.

FINLANDIA: EL PAÍS DONDE LOS PRESOS TIENEN LAS LLAVES DE SUS CELDAS

Rodeado de un barrio con casas agradables y jardines, se alza un edificio del siglo XIX, con frente de ladrillo, de líneas señoriales. Podría ser un campus universitario. Pero no lo es.

Atravesamos la puerta y ya estamos dentro de la prisión de Helsinki. No hay rejas ni requisas. Me acompañan Jouko Pietilä, director del penal, y Facundo Vila, el embajador argentino. Había escuchado tanto sobre las políticas de encierro en los países nórdicos que quise comprobarlo en persona.
Finlandia es una sociedad de herencia luterana, aunque la religión tiene poca influencia. Sin embargo, un versículo de la Biblia, en sueco y en finés, recibe a los visitantes en el frontis: “Si vuelves al Señor, Él dará vuelta a tu prisión y tendrá misericordia de ti”.

De camino al despacho del director nos cruzamos con varios “clientes”. Así se denomina a los que purgan condenas de servicio a la comunidad (‘probations’), pero el término alcanza a todos los prisioneros. Si son jóvenes, se los llama “alumnos”. Se saludan como amigos. Todo es impecable. 

Mi propósito era desentrañar las razones por las que Finlandia es el país europeo con menos presos por cada 100.000 habitantes (52) y, a la vez, con menos policías (149 por cada 100.000 habitantes). Para establecer una comparación, Estados Unidos tiene 750 presos y 248 policías por cada 100.000 habitantes. Una curiosidad de Finlandia es que, con la menor proporción de policías de Europa, resuelve más del 90 por ciento de los delitos graves.

Quiero charlar con los presos, digo, y partimos hacia las celdas. El director golpea una puerta. Pregunta al prisionero si acepta charlar con un periodista. Responde que sí. El jefe de la prisión se queda afuera charlando con el embajador. Conmigo ingresa el fotógrafo Sebastián Arauz. Mi inminente entrevistado, musulmán, pega un respingo, pues Sebastián pisó su alfombra de oración.

Cherif Abdul Aziz Sy es senegalés. Tiene 43 años pero parece más joven. Ojos vivaces, cuerpo trabajado. Dejó su tierra a los 23 y está en Finlandia desde el 2009. Hace dos años y medio que está preso.

—¿Por qué está acá?

—Un accidente. Un muerto.

Me dice que no fue durante un robo. No indago más. Eso fue en el 2014. Habla español, pues vivió en Barcelona. Estudió lenguas en su país y por eso habla inglés, obviamente francés, e italiano. Para salir de la cárcel le hace falta un año y medio. Si se trata de la primera condena, salen automáticamente cumplida la mitad de la sentencia. 

Cherif ocupa una celda espaciosa, con mucha luz. Tiene un televisor plasma, baño privado, un armario, mesa, sillas, tetera eléctrica, calefacción. A las 7 a. m. se levanta y hasta las 4:45 p. m. puede salir y entrar de su celda (tiene llave). Unos 45 minutos por la mañana y otros tantos por la tarde sale al patio a practicar algún deporte.

—¿Sirve para algo estar preso?

—Sí. Ahora soy mejor persona.

Lo único que se pareció a una queja es que no le gusta lo que le sirven en el comedor. Entonces hace uso de la ‘office’ (cocina grande) para preparar su propia comida, que hace con lo que compra en la proveeduría de la prisión.

—Dan ganas de pasar una temporada acá...

—No, señor. No diga eso. Perder la libertad es terrible.

Antes de despedirme avergonzado, le pregunto si tiene acceso y trato con todos los prisioneros. “Los únicos apartados son los que cometieron ofensas sexuales”, explica Cherif. Tal parece que es un código universal que los presos repudien a los violadores. Proyectan en esta conducta el riesgo que corren sus familias, a las que no pueden defender desde la cárcel.

Antes de ver a otros presos continúo mi charla con Jouko Pietilä. Le pregunto si hay pabellón para homosexuales. “No. No tengo idea de quién es homosexual —afirma—. Aquí no nos metemos en el hecho de si quieren tener sexo entre ellos. Incluso hay preservativos a su disposición. Lo mismo ocurre con quienes se inyectan. No distribuimos jeringas, pero sí una sustancia para esterilizarlas”.

“Hacemos todo para evitar el consumo, pero no lo logramos del todo; por alguna visita que filtra algo o porque lanzan pelotas de tenis con sustancias dentro por encima de los muros”, cuenta.

Los controles incluyen el análisis de las heces de los sospechosos de consumir drogas.

—¿Considera usted que hay delincuentes irrecuperables?

—Si yo pensara eso, no podría ocupar mi cargo. Tengo más de 30 años en la Agencia de Sanciones Penales (como el Inpec) y he visto cambios increíbles.

EE. UU., UN VIEJO Y CONOCIDO PROTAGONISTA

Desde que el nombre del cacique electoral Álvaro Ashton apareció entre los supuestos beneficiarios del cartel de la toga, mencionado en conversaciones que fueron grabadas por la DEA, en la Embajada de Estados Unidos se oye cada tanto que lo más probable es que pronto le quiten la visa para entrar a ese país. Sólo hasta esta semana la Corte Suprema anunció una investigación formal contra Ashton, pero la amenaza de que perderá su visa pende sobre él desde el día en que se supo que Leonardo Pinilla, socio de Gustavo Moreno, le aseguró a Lyons que el congresista había tomado ventaja en los procesos en su contra gracias a la red de corrupción que surgió en la Corte Suprema.

Este año, como no pasaba hace mucho tiempo, Estados Unidos ha vuelto a ocupar protagónicamente la agenda judicial, política y mediática en Colombia. Al punto que hace unas cuantas semanas el presidente de ese país, Donald Trump, volvió a usar un término que en el país no se oía desde la época de Ernesto Samper con tanta insistencia: la descertificación en su lucha contra el narcotráfico, a raíz del pronunciado incremento de cultivos de uso ilícito en los últimos tres años. En 1995 el asunto empezó a tornarse complicado y Colombia fue “semidescertificada”. Dos años más tarde, hasta el propio presidente de la República estaba sin visa estadounidense. Cachetada con guantes blancos. 

En el campo del narcotráfico, el asunto parece estar en los mismos términos en que ha estado en las dos últimas décadas: el país de América del Norte monitorea cada año por distintas fuentes la cantidad de hectáreas que hay en el país con cultivos de uso ilícito —Colombia no hace ninguna medición por su cuenta— y examina de cerca las cifras. Este año, el informe de la DEA, revelado hace unos días, fue el florero de Llorente: aseguró que los niveles de cocaína en Estados Unidos de origen colombiano estaban sobrepasando los niveles de 2007, que sigue dominando el mercado de ese país y que todo es debido al aumento notorio de cultivos de uso ilícito en territorio nacional. 

El incremento del protagonismo de Estados Unidos es tal vez más notorio en el campo judicial, especialmente relacionado con la corrupción. El cartel de la toga, el peor escándalo que haya sacudido a la Corte Suprema de Justicia, nació de la mano de Estados Unidos. Fue ante la DEA que Lyons aventó a Luis Gustavo Moreno cuando éste y su socio, Leonardo Pinilla, le pedían dinero a cambio de influir en las investigaciones en su contra, y es ahora la DEA la que no permite que Lyons regrese a Colombia. El exgobernador de Córdoba está en Miami desde abril pasado y, por las imágenes que se han filtrado en medios, no la está pasando nada mal mientras afina los detalles de sus procesos tanto allá como en el país. 

El pasado 28 de junio, un día después de que Luis Gustavo Moreno fuera capturado en su oficina, el fiscal Néstor Humberto Martínez ofreció una rueda de prensa acompañado del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Blanco. De hecho, el plan inicial era que ambos hablaran el mismo día de la captura del jefe anticorrupción de la Fiscalía, pero asuntos logísticos del viaje de Blanco lo impidieron. “El fiscal Blanco reiteró su compromiso en la cooperación binacional para poner en marcha de manera exitosa investigaciones, intercambio de información y mecanismos para aplicar la extinción de dominio sobre bienes comprometidos con hechos ilícitos en los dos países”, señaló en ese momento la Fiscalía. 

El 15 de agosto, la Fiscalía notificó que la DEA había entregado unas pruebas claves: unas transcripciones que dejaban ver que en el cartel de la toga también habrían participado magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema. Fue entonces cuando los nombres de José Leonidas Bustos —a quien la Comisión de Acusación le abrió investigación formal este jueves— y Francisco Ricaurte —detenido en la cárcel La Picota desde el 22 de septiembre pasado— saltaron a la palestra pública. Casi a la par con el anuncio se supo que Estados Unidos les había quitado las visas. El 17 de octubre el turno fue para Yara Malo, la hija del magistrado Gustavo Malo, el cual ha negado de todas las formas posibles cualquier nexo con esa red de corrupción. A Yara Malo le imputarán cargos este lunes 30 de octubre por corrupción. 

El mismo día que trascendió la suspensión de la visa de Malo, otra persona corría la misma suerte: Alan Jara. Con una particularidad: Jara, quien permaneció secuestrado por las Farc casi ocho años, no tiene aún investigaciones. No obstante, cuatro funcionarios que fueron de su entera confianza sí están siendo investigados por el presunto desfalco por más de $18.000 millones que se habría cometido contra las arcas del Meta mientras Jara era gobernador (2012-2015) a través de la planeación de la refinería Llanopetrol. Los detenidos son el gerente Ricardo Rodríguez; el secretario de Hacienda en 2015, Jairo Frías Carreño; el exjefe de Planeación Hernando Martínez, y la exasesora jurídica Estella Casasfranco. Ninguno aceptó cargos.

Hablan expertos

“Sin duda sí hay un mayor intervencionismo en temas de la justicia. El mal o bien llamado cartel de la toga se destapó gracias a Estados Unidos. Ahora se oyen grabaciones del fiscal general, de la Corte… ¿quién los estaba grabando? Lo que Estados Unidos gana es mantener su imagen de ‘policías del mundo’, mostrando que la corrupción permeó todo, que las instituciones no son tan legítimas y que sin ellos no lo logramos. El beneficio es que se hace justicia y se destapan cosas que sin ellos no se hubieran destapado. La desventaja es que la verdad (judicial) queda dependiendo de ellos”, señala Carlos Andrés Gómez, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Intervencionismo es una palabra muy pesada. Es un espectro de influencia de país a país se puede pensar en diferentes estadios, donde el intervencionismo ocupa el último lugar, porque hay fuerza de quien lo ejerce y rechazo de quien lo recibe”, refuta Óscar Palma, doctor en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Rosario. “Pensaría más en influencia, en persuasión, ante el aumento del interés de Estados Unidos en presionar a Colombia para que actúe como ellos quieren. Pensaría también en intervención por invitación, un concepto que la profesora Arlene Tickner ha estudiado mucho, que habla de cómo Colombia ha invitado a Estados Unidos a que actúe en sus asuntos internos”.

“Aunque podría pensarse que esta nueva etapa de intervencionismo de EE. UU., en Colombia responde al cambio de administración en la Casa Blanca, el cambio en las circunstancias se ha dado es en Colombia, realmente”, argumenta Cristian Rojas, analista internacional y profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana. “Hay un aumento impresionante en los cultivos de coca y, como informó la DEA, la droga con la que los carteles mexicanos inundan el mercado negro norteamericano es de origen colombiano. Es decir, el país ha vuelto a ser el de los años 90, cuando el intervencionismo político y judicial de EE. UU. era evidente”.

“La relación con los estadounidenses ha sido accidentada”, comenta Carlos Medellín, quien como ministro de Justicia apoyó a Samper a impulsar la primera ley de extinción de dominio en el país. “La relación con el Departamento de Justicia de EE. UU. se rompió durante la presidencia de Samper, cuando la Fiscalía colombiana recibió los datos de unos testigos contra el cartel de Cali que vivían protegidos en ese país y enseguida los mataron. Se empezó a componer cuando Colombia volvió a aprobar la extradición. Ahora lo que está pasando es que los cultivos van en aumento, a pesar de que las Farc se acabaron. El tema es muy delicado y ellos van a seguir cuestionando todo”.

EN COLOMBIA CERCA DEL 80% DEL FRAUDE QUE SE REALIZA SON CON TARJETAS DE CRÉDITO: ASOBANCARIA

En Colombia la utilización de los mecanismos electrónicos para la realización de transacciones económicas, es decir las realizadas en canales no presenciales, crecieron según cifras de Asobancaria y la Superintendencia Financiera en un 60% entre el 2013 y 2016 y con un monto transado del 30%.

"Son el pagador y el beneficiario del pago deben tener la tranquilidad de que su operación es realizada de una manera adecuada y además el mecanismo que utiliza es seguro y sólo de esta manera, lo utilizará por primera vez y lo seguirá utilizando en el futuro", afirmó Castro.

Reconoció que la tarea no es sencilla porque en la actualidad cerca del 80% del fraude se realiza con tarjetas de crédito. O a través de canales no presenciales, Internet o teléfono y recordó que el 2014, el 70% se materializaba por medio de canales como datafonos.

Dijo que para contrarrestar este flagela es necesario avanzar en los procesos de judicialización de los delitos informáticas, porque si los delincuentes perciben que no van a obtener castigos por parte de la justicia, aumentan los incentivos para continuar atacando cada vez más.

Por tal motivo Santiago Castro, puso sobre la mesa tres puntos fundamentales como son: en primer lugar es esencial el fortalecimiento de las capacidades de las Instituciones que se encargan de la investigación y judicialización de estas conductas criminales. En segundo lugar, la cooperación y la articulación del sector privado y de las autoridades, para implementar acciones oportunas que enfrenten efectivamente las realidades del ciberdelito y para considerar un sistema legal que permita luchar contra el sibercrimen, es necesario fortalecer la cooperación internacional.

Sobre este último punto manifestó, que ya se encuentra para segundo debate la discusión del Proyecto de Ley que adhiere a Colombia al Convenio de Budapest mediante el cual se creó el único marco existente para aplicar una política penal común para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia.