LENÍN MORENO ENVÍA DECRETOS PARA CONVOCAR A UNA CONSULTA POPULAR EN ECUADOR
"Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular", dijo Moreno en su cuenta de Twitter, al argumentar su decisión sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto.
El mandatario pidió a principios de octubre a esa instancia judicial que verificara la constitucionalidad de la consulta un proceso que se inició el mes pasado y desde entonces se esperaba una respuesta.
Hoy, en rueda de prensa en la que entregó los decretos al CNE en nombre del Gobierno, la asesora jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, aseguró que la ley establece un plazo de veinte días para que el Tribunal ejerza su derecho de protección de las garantías constitucionales, pero que ese plazo se ha vencido hace ya tiempo.
Legalmente, abundó, el gobierno debe entender por "omisión" que el tribunal ha emitido un "dictamen favorable" si a los veinte días de la presentación de la petición no se ha pronunciado.
"En uso de las atribuciones contempladas en los artículos 147, numeral 14, 441 de la Constitución de la República y 195 de la Ley orgánica electoral y de organizaciones políticas (...) es que el presidente decreta convocar (..) a referendo y consulta para que se pronuncien por las preguntas que estamos entregando", indicó.
Y para eludir cualquier tipo de crítica por un presunto "decretazo", recordó el caso en 2011 del cantón de La Concordia (en la provincia de Santo Domingo), donde se celebró una consulta por la misma vía y procedimiento y bajo los mismos argumentos.
En aquella época el presidente de Ecuador era Rafael Correa, hoy acérrimo rival de Moreno y quien apenas dos horas antes calificaba de "golpe de estado" su intención de llevar adelante esa consulta y anular, entre otras, la ley de reelección indefinida.
En la consulta, el Gobierno también preguntará a los ciudadanos sobre cuestiones medioambientales, la no prescripción de delitos sexuales contra menores y la anulación o enmienda de varias leyes aprobadas por el anterior Ejecutivo, alguna también mediante plebiscito.
Los decretos fueron entregados a mediodía al secretario del CNE, Fausto Holguin, quien diligentemente le colocó ante las cámaras los sellos pertinentes con la fecha del día de hoy.
Ese Consejo tiene de plazo 15 días para poner fecha a la consulta, que deberá celebrarse no más allá de los 60 días a partir de los decretos.
Según los pazos electorales explicados, la consulta debería celebrarse a finales de enero o principios de febrero.
El mandatario pidió a principios de octubre a esa instancia judicial que verificara la constitucionalidad de la consulta un proceso que se inició el mes pasado y desde entonces se esperaba una respuesta.
Hoy, en rueda de prensa en la que entregó los decretos al CNE en nombre del Gobierno, la asesora jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, aseguró que la ley establece un plazo de veinte días para que el Tribunal ejerza su derecho de protección de las garantías constitucionales, pero que ese plazo se ha vencido hace ya tiempo.
Legalmente, abundó, el gobierno debe entender por "omisión" que el tribunal ha emitido un "dictamen favorable" si a los veinte días de la presentación de la petición no se ha pronunciado.
"En uso de las atribuciones contempladas en los artículos 147, numeral 14, 441 de la Constitución de la República y 195 de la Ley orgánica electoral y de organizaciones políticas (...) es que el presidente decreta convocar (..) a referendo y consulta para que se pronuncien por las preguntas que estamos entregando", indicó.
Y para eludir cualquier tipo de crítica por un presunto "decretazo", recordó el caso en 2011 del cantón de La Concordia (en la provincia de Santo Domingo), donde se celebró una consulta por la misma vía y procedimiento y bajo los mismos argumentos.
En aquella época el presidente de Ecuador era Rafael Correa, hoy acérrimo rival de Moreno y quien apenas dos horas antes calificaba de "golpe de estado" su intención de llevar adelante esa consulta y anular, entre otras, la ley de reelección indefinida.
En la consulta, el Gobierno también preguntará a los ciudadanos sobre cuestiones medioambientales, la no prescripción de delitos sexuales contra menores y la anulación o enmienda de varias leyes aprobadas por el anterior Ejecutivo, alguna también mediante plebiscito.
Los decretos fueron entregados a mediodía al secretario del CNE, Fausto Holguin, quien diligentemente le colocó ante las cámaras los sellos pertinentes con la fecha del día de hoy.
Ese Consejo tiene de plazo 15 días para poner fecha a la consulta, que deberá celebrarse no más allá de los 60 días a partir de los decretos.
Según los pazos electorales explicados, la consulta debería celebrarse a finales de enero o principios de febrero.
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