¿COINCIDE LO QUE VOTAN LOS CONGRESISTAS CON LO QUE PIENSAN?

La Misión de Observación Electoral reveló este martes los resultados de una encuesta de opinión realizada al 75% del Congreso que, de acuerdo con la MOE, demuestra las diferencias entre lo que piensan en privado y lo que finalmente votan los legisladores en temas claves como listas cerradas, la arquitectura institucional, la financiación de las campañas y la adquisición progresiva de derechos de la reciente reforma política.

El estudio se llevó a cabo entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre de este año, y deja ver, entre otras, que en un año marcado por los escándalos e investigaciones sobre corrupción en las tres ramas del poder, este es el tema que más preocupa a los congresistas, puntualmente al 35% de ellos.
El 81% de los legisladores cree que si un alcalde o gobernador resulta sancionado por corrupción, las penalidades más severas deberían ser económicas, haciendo que la campaña devuelva el dinero entregado por reposición de votos o que el partido pague una multa proporcional al de la elección atípica, en caso de realizarse.

Una división se presenta en las sanciones de tipo político. El 52% cree que el castigo debería ser que el partido no pueda presentar candidatos para la siguiente elección del mismo cargo, o (con un 67%)  que el partido del sancionado no debería tener candidatos para suplir la vacancia temporal.

La politización de la justicia y de los organismos de control es el segundo tema que llama la atención a los parlamentarios nacionales, con un 19%, seguido del desequilibrio de las ramas del poder político con un 11%.

En estos temas que afectan la agenda electoral, el 87% de los congresistas coinciden en que las campañas deberían ser totalmente financiadas por el Estado, además de que el 58% de ellos cree que deberían restringirse la posibilidad de la reelección de los miembros del congreso. También coinciden (83%) en crear un órgano judicial especializado para que se  juzgue a los altos dignatarios.

Lo que más genera división en la opinión al interior del Legislativo es la ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores, 55% está de acuerdo.El consenso va en descenso cuando se habla de un periodo presidencial más largo, 51% a favor. Y sorprende (o quizá no tanto) que el 46% crea en la importancia de la religión en el desarrollo de la política.

Varios temas, según la misma encuesta, seguirán generando álgidos debates al menos durante el siguiente cuatrienio previo a las campañas del 2022, estos son: la disminución de la edad para ser congresista, donde el 40% está en desacuerdo; la obligatoriedad del voto, 36% a favor frente a un apretado 37% en contra; y la eliminación de la figura de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales, 39% en total desacuerdo.

Todo estos asuntos de incidencia electoral se pretendían de alguna u otra manera resolver en la hundida reforma política impulsada por el gobierno, que gastó gran parte del periodo legislativo y que pretendía ampliar la participación política y fortalecer el órgano electoral, reforma que dadas las modificaciones que se le hicieron no prosperó.