LOS INHABILITADOS PARA ASPIRAR AL CONGRESO, SEGÚN LA PROCURADURÍA

El Ministerio Público tiene en su poder el listado de una veintena de candidatos que no podrían aspirar a las elecciones legislativas de marzo, pues sobre ellas pesan inhabilidades especiales para ejercer cargos de elección popular. Condenas penales por los delitos de homicidio y estafa son algunas de las sanciones que halló el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación fue clara: si los candidatos al Congreso que, estando inhabilitados para participar de las elecciones de marzo, no se retiraron de las listas presentadas por los partidos políticos el pasado lunes 18 de diciembre, cuando venció el plazo para modificar las mismas, irían a la cárcel. La pena oscila entre los 4 y los 9 años de prisión, por lo que considera sería un evidente fraude electoral e, incluso, podría haber multas de más de $590 millones. Por eso, el primer llamado del Ministerio Público a los partidos que decidieron otorgar el aval a más de una veintena de aspirantes que estarían en esa condición fue el de revisar con lupa las listas que inscribieron si no quieren que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

En materia disciplinaria, por supuesto, también hay consecuencias, como la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por no menos de 10 años y un largo listado de efectos judiciales y políticos al que no se querrán someter las distintas colectividades, y menos en tiempos en que todas prometen combatir la corrupción. Entonces, bajo ese panorama, sí sorprende la lista que fue puesta a consideración de los colombianos el pasado 11 de diciembre en la que fueron incluidos personajes sobre quienes, por ejemplo, se han emitido órdenes de captura, se han impuesto condenas por estafa agravada, multimillonarias multas por su dudoso proceder, prohibición para conducir e, incluso, penas por homicidio.