Walter Vallejo Pino y Jorge Sosa Mesa, los abogados del presunto capo ecuatoriano, Washington Édison Prado Álava, alias ‘Gerald’, manifestaron ayer, en rueda de prensa, su preocupación por la extradición a Estados unidos de su connacional, toda vez que argumentan que existieron procedimientos irregulares en su captura en Colombia en abril de 2017 y en la extradición que se hizo efectiva el pasado sábado.
El abogado Jorge Sosa, expuso que su defendido no debió ser extraditado por Colombia por varias razones: primero, afirma que los convenios de extradición entre Colombia y EEUU no le permiten a Colombia extraditar a un no nacional; segundo, Ecuador había pedido formalmente a Colombia la repatriación de Prado Álava a su país y tercero un juez penal ecuatoriano había dictado medidas cautelares ordenando al embajador de Colombia en Ecuador que de inmediato informara y trasladara al encartado a su país de origen para que respondiera por los delitos allí cometidos; Sosa denunció que Colombia incumplió.
El delito por el que Ecuador requiere a Prado Álava es delincuencia organizada, cargo que ya aceptó luego de que las autoridades del vecino país le incautaran 17 millones de dólares; sin embargo Prado Álava se dio a la fuga hacia Colombia. Desde ese momento Ecuador presentó la solicitud formal a la justicia colombiana para que lo repatriaran y allí respondiera por sus delitos en el vecino país.
La captura de Prado Álava se dio en Colombia en abril de 2017 y EEUU automáticamente solicitó su extradición argumentando que en Ecuador no existen convenios de extradición por narcotráfico.
Por su parte el abogado Walter Vallejo indicó que EEUU no realizó ninguna petición formal de extradición a Ecuador por los delitos de narcotráfico, por lo que asegura, su defendido fue víctima de una “trampa” al ser extraditado a EEUU desde Colombia. Así mismo indicó que hay intereses del gobierno colombiano en utilizar el alias de ‘Pablo escobar ecuatoriano’ –como se ha calificado a Prado Álava– como una muletilla para hacer ver al mundo que el narcotráfico ya no está en Colombia sino en Ecuador.
Los defensores de Prado Álava han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones de derechos que durante un año recibió en Colombia el presunto narcotraficante, afirman que fue torturado de forma física y psicológica en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, cuestionada por la Corte Constitucional de Colombia por violación de DDHH.
Los abogados anunciaron que por todo lo anterior, desde Ecuador interpondrán contra Colombia un juicio contencioso administrativo por violación de garantías constitucionales y que también estudian iniciar una querella penal en contra del embajador de Colombia en Ecuador por el incumplimiento de la orden del juez de retornar a Prado Álava a su país.
Esperan que la CIDH reconozca la violación de los DDHH de Prado Álava, que exija a EEUU la repatriación de su defendido a Ecuador y se haga una reparación integral de sus derechos por los procedimientos ilegales que aplicaron en su contra.
El abogado Jorge Sosa, expuso que su defendido no debió ser extraditado por Colombia por varias razones: primero, afirma que los convenios de extradición entre Colombia y EEUU no le permiten a Colombia extraditar a un no nacional; segundo, Ecuador había pedido formalmente a Colombia la repatriación de Prado Álava a su país y tercero un juez penal ecuatoriano había dictado medidas cautelares ordenando al embajador de Colombia en Ecuador que de inmediato informara y trasladara al encartado a su país de origen para que respondiera por los delitos allí cometidos; Sosa denunció que Colombia incumplió.
El delito por el que Ecuador requiere a Prado Álava es delincuencia organizada, cargo que ya aceptó luego de que las autoridades del vecino país le incautaran 17 millones de dólares; sin embargo Prado Álava se dio a la fuga hacia Colombia. Desde ese momento Ecuador presentó la solicitud formal a la justicia colombiana para que lo repatriaran y allí respondiera por sus delitos en el vecino país.
La captura de Prado Álava se dio en Colombia en abril de 2017 y EEUU automáticamente solicitó su extradición argumentando que en Ecuador no existen convenios de extradición por narcotráfico.
Por su parte el abogado Walter Vallejo indicó que EEUU no realizó ninguna petición formal de extradición a Ecuador por los delitos de narcotráfico, por lo que asegura, su defendido fue víctima de una “trampa” al ser extraditado a EEUU desde Colombia. Así mismo indicó que hay intereses del gobierno colombiano en utilizar el alias de ‘Pablo escobar ecuatoriano’ –como se ha calificado a Prado Álava– como una muletilla para hacer ver al mundo que el narcotráfico ya no está en Colombia sino en Ecuador.
Los defensores de Prado Álava han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones de derechos que durante un año recibió en Colombia el presunto narcotraficante, afirman que fue torturado de forma física y psicológica en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, cuestionada por la Corte Constitucional de Colombia por violación de DDHH.
Los abogados anunciaron que por todo lo anterior, desde Ecuador interpondrán contra Colombia un juicio contencioso administrativo por violación de garantías constitucionales y que también estudian iniciar una querella penal en contra del embajador de Colombia en Ecuador por el incumplimiento de la orden del juez de retornar a Prado Álava a su país.
Esperan que la CIDH reconozca la violación de los DDHH de Prado Álava, que exija a EEUU la repatriación de su defendido a Ecuador y se haga una reparación integral de sus derechos por los procedimientos ilegales que aplicaron en su contra.
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