¿POR QUÉ NO SE REDUCEN LOS APORTES A SALUD DE LOS PENSIONADOS?
Hace unas semanas empezaron a circular por las redes sociales y WhatsApp ‘cadenas’ y ‘memes’ que pedían apoyo para evitar que el Gobierno le aplicara a los pensionados una “doble tributación” y le exigían al mismo que eliminara los aportes al sistema de salud que hacen los pensionados y que por ahora es de 12% mensual sobre los ingresos reportados.
El movimiento fue consecuencia de una petición que el procurador general, Fernando Carrillo, le hizo a la Corte Constitucional: desestimar los argumentos que usó el Gobierno para objetar un proyecto de Ley que reducía dicho aporte.
El procurador le pidió además a la Corte que “los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación”, es decir desde diciembre del 2017 y argumentó que “la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción”.
La razón es que el proyecto de Ley que el Congreso aprobó se objetó pues no contaba con el aval del Gobierno y no contenía una propuesta de financiación para reemplazar ese 8% mensual de aportes al sistema de salud que se eliminarían.
Cada año, las cotizaciones de trabajadores y empleados a un sistema de salud, que registró un déficit calculado para el 2017 de $5,5 billones, alcanzan los $15 billones.
Si los pensionados redujeran su aporte en los ocho puntos porcentuales propuestos en el proyecto de ley, en el primer año el sistema de salud dejaría de recibir $3,1 billones, es decir que en 2017 el déficit del sector habría sido de $8,6 billones.
El faltante de recursos seguiría incrementado cada año hasta alcanzar los $4,4 billones en el 2022 y sin una fuente adicional de ingresos, el aporte tendría que hacerlo el Gobierno soportado en los impuestos que cada año pagan los colombianos.
Por eso, a la hora de proponer la reducción en alguna fuente de ingresos con o sin destinación específica, los autores del proyecto deben explicar también cómo se compensará dicha fuente y lo usual es que lo hagan proponiendo nuevos tributos, el incremento de la tasa impositiva de alguno ya existente o eliminando otros gastos que equivalen al que sería el aporte faltante.
Al hacer su petición, la Procuraduría advirtió que “los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional, y que el legislativo puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad”.
Sin embargo, la misma Corte Constitucional también ha advertido que todas las modificaciones a los aportes de parafiscales deben contar con el aval del Gobierno que no tenía este proyecto desde su origen.
Varias de estas ‘cadenas’ y ‘memes’ advertían además una doble tributación a la que están sometidos los pensionados del país, información que no es correcta.
En la actualidad, las pensiones son gravadas con renta si suman desde $31,8 millones mensuales y tienen una tarifa de 5%. Además, los aportes voluntarios a pensión tienen una retención en la fuente de 15% si se retiran para fines diferentes a obtener una mayor pensión o un retiro anticipado.
Tomada de: Dinero
El movimiento fue consecuencia de una petición que el procurador general, Fernando Carrillo, le hizo a la Corte Constitucional: desestimar los argumentos que usó el Gobierno para objetar un proyecto de Ley que reducía dicho aporte.
El procurador le pidió además a la Corte que “los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación”, es decir desde diciembre del 2017 y argumentó que “la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción”.
La razón es que el proyecto de Ley que el Congreso aprobó se objetó pues no contaba con el aval del Gobierno y no contenía una propuesta de financiación para reemplazar ese 8% mensual de aportes al sistema de salud que se eliminarían.
Cada año, las cotizaciones de trabajadores y empleados a un sistema de salud, que registró un déficit calculado para el 2017 de $5,5 billones, alcanzan los $15 billones.
Si los pensionados redujeran su aporte en los ocho puntos porcentuales propuestos en el proyecto de ley, en el primer año el sistema de salud dejaría de recibir $3,1 billones, es decir que en 2017 el déficit del sector habría sido de $8,6 billones.
El faltante de recursos seguiría incrementado cada año hasta alcanzar los $4,4 billones en el 2022 y sin una fuente adicional de ingresos, el aporte tendría que hacerlo el Gobierno soportado en los impuestos que cada año pagan los colombianos.
Por eso, a la hora de proponer la reducción en alguna fuente de ingresos con o sin destinación específica, los autores del proyecto deben explicar también cómo se compensará dicha fuente y lo usual es que lo hagan proponiendo nuevos tributos, el incremento de la tasa impositiva de alguno ya existente o eliminando otros gastos que equivalen al que sería el aporte faltante.
Al hacer su petición, la Procuraduría advirtió que “los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional, y que el legislativo puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad”.
Sin embargo, la misma Corte Constitucional también ha advertido que todas las modificaciones a los aportes de parafiscales deben contar con el aval del Gobierno que no tenía este proyecto desde su origen.
Varias de estas ‘cadenas’ y ‘memes’ advertían además una doble tributación a la que están sometidos los pensionados del país, información que no es correcta.
En la actualidad, las pensiones son gravadas con renta si suman desde $31,8 millones mensuales y tienen una tarifa de 5%. Además, los aportes voluntarios a pensión tienen una retención en la fuente de 15% si se retiran para fines diferentes a obtener una mayor pensión o un retiro anticipado.
Tomada de: Dinero
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