¿EL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS SE VA O SE QUEDA?
la permanencia del magistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional ha sido una batalla de años que este jueves llegará a su fin. Desde su elección, en abril de 2013, los vericuetos legales del asunto le han significado una salida temporal y luego, gracias a otro recurso, la restitución de su silla. No es un tema menor, pues ese tribunal, guardián de la Carta Política, decide los temas más sensibles para el país, como la normatividad que debe darle soporte legal al proceso de paz.
El Congreso escogió a Rojas de terna formulada por el Consejo de Estado, y su elección prosperó en medio de múltiples controversias. Hubo desde acusaciones de evasión de impuestos hasta descalificaciones porque supuestamente era ficha incondicional de poderosos contratistas y del gobierno. Rojas logró sortear el viento en contra y entró a reemplazar al magistrado Humberto Sierra Porto.
Pero cuando apenas llevaba un año en el puesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula su designación con el argumento de que la terna violaba el reglamento de ese tribunal. Como consecuencia se produjo la súbita salida de Rojas de la corte, pero contraatacó de inmediato. Y para sorpresa de todos, la Sección Segunda del Consejo de Estado falló a su favor una tutela en mayo de 2015, con lo que revocó la decisión anterior. Rojas logró ponerse de nuevo la toga, pero la restitución fue luego controvertida ante la Corte Constitucional. Por eso, sus compañeros magistrados dirán la última palabra.
Hace un par de semanas, los siete magistrados habilitados para el asunto discutieron el caso de Rojas. Las fuerzas están decantadas así: la magistrada Gloria Stella Ortiz presentó una ponencia que favorece los argumentos del fallo que sacó a Rojas, y con ella se alinearon dos magistrados, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal. Del otro lado –convencidos de que Rojas debe continuar– están cuatro togados: Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, Alejandro Linares, José Fernando Reyes. La magistrada Diana Fajardo no participa porque está impedida, y por razones obvias también lo está Rojas.
Para que haya una decisión se requieren mínimo cinco votos, y por eso la corte tuvo que acudir a dos conjueces. Se trata de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, y el investigador Juan Ramón Martínez. Ellos, al sumarse a alguna de las fuerzas, decidirán la suerte de Rojas.
Varias personas conocedoras del mundillo judicial pronostican que el conjuez Martínez votará con el grupo que respalda la permanencia de Rojas. De ser así, este sector alcanzaría los cinco votos decisorios. De Botero se sabe que desde hace dos semanas está estudiando no solo la ponencia, sino todo el expediente. El próximo jueves será el día decisivo, y hasta que no haya los cinco votos, nada está definido. Por eso, en el gobierno, en la justicia especial para la paz (JEP), en círculos académicos y en un sector de la propia corte, preocupa que una eventual salida de Rojas pueda significar una mayor dificultad para la aprobación de las leyes y demás instrumentos necesarios para reglamentar el acuerdo de paz. En varios momentos el voto del magistrado Rojas ha definido esos asuntos. Si ese voto seguro se enreda, le surgiría otro lío a la ya muy complicada agenda de la paz en la corte.
Por eso, más de uno, empezando por el propio magistrado en vilo, cuenta las horas que faltan para que la corte defina el caso. De momento, el pronóstico parece halagüeño para Rojas –a quien le faltan tres años para concluir su periodo–. Pero en los días restantes cualquier sobresalto podría reacomodar las fuerzas. El magistrado ha liderado casos
– para unos, valientes y para otros, cuestionables– como los de Cerro Matoso, Santurbán, las madres comunitarias y Fidupetrol. Por donde menos se piense, puede saltar la liebre. Si algo caracteriza al caso Rojas, es que las sorpresas han abundado.
Tomada de: Semana
El Congreso escogió a Rojas de terna formulada por el Consejo de Estado, y su elección prosperó en medio de múltiples controversias. Hubo desde acusaciones de evasión de impuestos hasta descalificaciones porque supuestamente era ficha incondicional de poderosos contratistas y del gobierno. Rojas logró sortear el viento en contra y entró a reemplazar al magistrado Humberto Sierra Porto.
Pero cuando apenas llevaba un año en el puesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula su designación con el argumento de que la terna violaba el reglamento de ese tribunal. Como consecuencia se produjo la súbita salida de Rojas de la corte, pero contraatacó de inmediato. Y para sorpresa de todos, la Sección Segunda del Consejo de Estado falló a su favor una tutela en mayo de 2015, con lo que revocó la decisión anterior. Rojas logró ponerse de nuevo la toga, pero la restitución fue luego controvertida ante la Corte Constitucional. Por eso, sus compañeros magistrados dirán la última palabra.
Hace un par de semanas, los siete magistrados habilitados para el asunto discutieron el caso de Rojas. Las fuerzas están decantadas así: la magistrada Gloria Stella Ortiz presentó una ponencia que favorece los argumentos del fallo que sacó a Rojas, y con ella se alinearon dos magistrados, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal. Del otro lado –convencidos de que Rojas debe continuar– están cuatro togados: Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, Alejandro Linares, José Fernando Reyes. La magistrada Diana Fajardo no participa porque está impedida, y por razones obvias también lo está Rojas.
Para que haya una decisión se requieren mínimo cinco votos, y por eso la corte tuvo que acudir a dos conjueces. Se trata de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, y el investigador Juan Ramón Martínez. Ellos, al sumarse a alguna de las fuerzas, decidirán la suerte de Rojas.
Varias personas conocedoras del mundillo judicial pronostican que el conjuez Martínez votará con el grupo que respalda la permanencia de Rojas. De ser así, este sector alcanzaría los cinco votos decisorios. De Botero se sabe que desde hace dos semanas está estudiando no solo la ponencia, sino todo el expediente. El próximo jueves será el día decisivo, y hasta que no haya los cinco votos, nada está definido. Por eso, en el gobierno, en la justicia especial para la paz (JEP), en círculos académicos y en un sector de la propia corte, preocupa que una eventual salida de Rojas pueda significar una mayor dificultad para la aprobación de las leyes y demás instrumentos necesarios para reglamentar el acuerdo de paz. En varios momentos el voto del magistrado Rojas ha definido esos asuntos. Si ese voto seguro se enreda, le surgiría otro lío a la ya muy complicada agenda de la paz en la corte.
Por eso, más de uno, empezando por el propio magistrado en vilo, cuenta las horas que faltan para que la corte defina el caso. De momento, el pronóstico parece halagüeño para Rojas –a quien le faltan tres años para concluir su periodo–. Pero en los días restantes cualquier sobresalto podría reacomodar las fuerzas. El magistrado ha liderado casos
– para unos, valientes y para otros, cuestionables– como los de Cerro Matoso, Santurbán, las madres comunitarias y Fidupetrol. Por donde menos se piense, puede saltar la liebre. Si algo caracteriza al caso Rojas, es que las sorpresas han abundado.
Tomada de: Semana
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