Hermes Darío Lara Acuña presidente de Corjusticia notifico que participaran como organización social en pro de la abstención al mecanismo de participación ciudadana denominada “Consulta Popular Anticorrupción”, establecido por el Decreto 1028 del 18 de junio del 2018. Así mismo, solicitaron hacer saber de esta decisión al Ministerio del Interior, y demás autoridades, para efectos de la ley.
Recordemos que el pasado 18 de junio, el presidente Juan Manuel Santos emitió el decreto 1028 a través del cual se convoca la Consulta Anticorrupción el próximo domingo 26 de agosto. Para este día aproximadamente 36 millones de colombianos podrán marcar SÍ o NO a cada uno de los 7 mandatos anticorrupción.
En el documento esta explicito que a partir de la fecha se puede promover la votación mediante campañas y que el Gobierno Nacional; a través del Ministerio del Interior, y las administraciones departamentales, distritales y municipales; podrán diseñar y promover estrategias y acciones académicas frente a la participación en la Consulta Popular; así como es permitido a la ciudadanía conocer y tener información sobre el trámite y contenido de esta.
Claudia López, promotora de esta iniciativa resaltó la importancia que tiene cada uno de los 7 mandatos anticorrupción y aclaró que la campaña de la Consulta no tiene ningún tipo de financiación pública. “Todos estos mandatos no son retroactivos y se volverán obligatorios única y exclusivamente después de que sea aprobada la Consulta. Todos son indispensables para pegarle en el corazón de la corrupción, para derrotar todas esas malas prácticas que hoy nos está robando 50 billones de pesos al año. En buena medida, estas normas ponen en cintura a todos porque la corrupción está a nivel local, regional y nacional, los obligan a manejar nuestros recursos públicos como recursos sagrados, a poner la cara y a rendir cuentas de su trabajo. Cada uno de los mandatos anticorrupción es primordial, por eso nuestra campaña promueve “.
De igual forma, la Registraduría General de la Nación puede iniciar el proceso para que en dos meses aproximadamente se lleve a cabo la votación dentro y fuera del país. Así mismo, bajo este organismo queda la posibilidad de que los ciudadanos puedan inscribirse como promotores de la consulta.
Recordemos que el pasado 18 de junio, el presidente Juan Manuel Santos emitió el decreto 1028 a través del cual se convoca la Consulta Anticorrupción el próximo domingo 26 de agosto. Para este día aproximadamente 36 millones de colombianos podrán marcar SÍ o NO a cada uno de los 7 mandatos anticorrupción.
En el documento esta explicito que a partir de la fecha se puede promover la votación mediante campañas y que el Gobierno Nacional; a través del Ministerio del Interior, y las administraciones departamentales, distritales y municipales; podrán diseñar y promover estrategias y acciones académicas frente a la participación en la Consulta Popular; así como es permitido a la ciudadanía conocer y tener información sobre el trámite y contenido de esta.
Claudia López, promotora de esta iniciativa resaltó la importancia que tiene cada uno de los 7 mandatos anticorrupción y aclaró que la campaña de la Consulta no tiene ningún tipo de financiación pública. “Todos estos mandatos no son retroactivos y se volverán obligatorios única y exclusivamente después de que sea aprobada la Consulta. Todos son indispensables para pegarle en el corazón de la corrupción, para derrotar todas esas malas prácticas que hoy nos está robando 50 billones de pesos al año. En buena medida, estas normas ponen en cintura a todos porque la corrupción está a nivel local, regional y nacional, los obligan a manejar nuestros recursos públicos como recursos sagrados, a poner la cara y a rendir cuentas de su trabajo. Cada uno de los mandatos anticorrupción es primordial, por eso nuestra campaña promueve “.
De igual forma, la Registraduría General de la Nación puede iniciar el proceso para que en dos meses aproximadamente se lleve a cabo la votación dentro y fuera del país. Así mismo, bajo este organismo queda la posibilidad de que los ciudadanos puedan inscribirse como promotores de la consulta.
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