¿EL CONGRESO ESCUCHÓ AL GREMIO DE VIGILANTES ANTES DE APROBAR SU NUEVA LEY?

José Saavedra le explicó a Dinero que la Ley del Vigilante nació gracias al impulso del sector de la vigilancia privada y que los empresarios que estaban al frente de este sector estuvieron de acuerdo en que a través de esta ley se conseguirían objetivos como el seguro de vida para beneficios a las familias de las personas que trabajan como guardas de seguridad.

Saavedra en su momento también explicó que las empresas estaban abogando para que las personas que trabajan en este sector a través de cooperativas tuvieran una nivelación en cuanto a sus prestaciones.

Sin embargo, Saavedra señaló que, una vez empezó a nivelarse el proyecto de ley, surgieron planteamientos como que el seguro de vida no sería para los guardas un beneficio familiar sino una consecuencia por declararse como actividad de alta peligrosidad.

Pero según el presidente de Ecos, la alta peligrosidad de esta actividad ha sido medida y probado a través de las diferentes ARL’s a las que están afiliados los trabajadores y se ha "comprobado que la vigilancia y la seguridad privada en Colombia tienen un grado de accidentalidad muy por debajo de, incluso, sectores como el de hotelería y turismo". De tal manera que afirma no entender por qué declaran esta actividad como de alta peligrosidad.

Agregó que “los componentes que traían la declaración de esta actividad como de alta peligrosidad radican en el tema pensional y en el pago hacia las ARL’s con la afiliación de nuestros trabajadores”.

En ese sentido, la propuesta de Ecos buscaba que las cajas de compensación, que según Saavedra reciben miles de millones del sector de la vigilancia y seguridad privada en el país, fueran las que se encargaran de pagar este seguro y no que ofrezcan la financiación del mismo. “Esto sería una verdadera compensación a las familias”, aseguró el presidente de la entidad, alegando que los beneficios otorgados por las cajas de compensación no pueden ser accedidos por la mayorías de los trabajadores del gremio, dados sus altos costos.

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Dentro del proyecto de ley también jugó un papel importante el tema de la salud que radicaba en los exámenes psicofísicos. “Este es un examen que en el sector consideramos que es importante realizar a nuestros trabajadores, pero también se han presentado algunos hechos que no hemos podido digerir. De hecho, se han presentado denuncias de tipo penal frente a algunas personas que han intervenido en el desarrollo de este tipo de exámenes”, apuntó Saavedra.

De acuerdo con las declaraciones del empresario, hacerse estos exámenes en Colombia no es tan fácil como parece pues hay un monopolio de cuatro o cinco firmas para hacer este tipo de análisis y éstas no tienen cubrimiento en regiones apartadas, únicamente prestan el servicio en las grandes capitales.

“No vemos por qué, si nuestra accidentalidad es tan baja y hemos prestado el servicio en Colombia por más de 60 años, nos obligan a aceptar un examen prácticamente de la noche a la mañana. Nosotros estamos de acuerdo, pero que se permita que otros centros puedan prestar ese servicio y que se realice por lo menos cada cinco años”, planteó Saavedra.

Tomada de: Dinero