Este martes, tras una auditoria financiera, la Contraloría General de la Nación encontró falencias en la inversión de $22.422 millones de pesos reservados por el Consejo Superior de la Judicatura para la construcción de dos sedes judiciales en Zipaquirá y Soacha, (Cundinamarca).
En el caso del palacio de Justicia de Soacha, se invirtieron 13.488 millones de pesos sin que se suministraran los servicios públicos y se construyeran vías de acceso, lo que hace que este edificio no haya podido ser abierto a la comunidad.
Esto se presentó por la “deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la alcaldía municipal, la cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en mediano plazo", dice la auditoría.
En el caso de la sede de Zipaquirá, la Contraloría detectó fallas en su construcción que obligan a hacer una nueva inversión para que esta pueda funcionar.
Las irregularidades reveladas en los casos de Soacha y Zipaquirá, afecta la posibilidad de que las comunidades accedan a un eficiente y oportuno servicio de justicia, además de causar un posible daño patrimonial, confirmo la Contraloría.
Así mismo, el organismo de control fiscal afirma que estas irregularidades están siendo estudiadas, con el fin de evaluar la gestión presupuestal de la Rama Judicial y su capacidad para resolver inconvenientes, pues en un estudio realizado por la entidad se encontró que entre 2013 y 2016 se destinaron más de 402 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura con avances inferiores al 50 % anual, lo que lleva a retrasar la terminación de los proyectos y la prestación de los servicios.
En el caso del palacio de Justicia de Soacha, se invirtieron 13.488 millones de pesos sin que se suministraran los servicios públicos y se construyeran vías de acceso, lo que hace que este edificio no haya podido ser abierto a la comunidad.
Esto se presentó por la “deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la alcaldía municipal, la cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en mediano plazo", dice la auditoría.
En el caso de la sede de Zipaquirá, la Contraloría detectó fallas en su construcción que obligan a hacer una nueva inversión para que esta pueda funcionar.
Las irregularidades reveladas en los casos de Soacha y Zipaquirá, afecta la posibilidad de que las comunidades accedan a un eficiente y oportuno servicio de justicia, además de causar un posible daño patrimonial, confirmo la Contraloría.
Así mismo, el organismo de control fiscal afirma que estas irregularidades están siendo estudiadas, con el fin de evaluar la gestión presupuestal de la Rama Judicial y su capacidad para resolver inconvenientes, pues en un estudio realizado por la entidad se encontró que entre 2013 y 2016 se destinaron más de 402 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura con avances inferiores al 50 % anual, lo que lleva a retrasar la terminación de los proyectos y la prestación de los servicios.
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